La carreta delante de los bueyes

Este planteo tiene varios problemas bastante obvios y supone, además, "poner la carreta delante de los bueyes".

En primer lugar el referido plebiscito institucionalmente aun no existe. No ha sido convocado porque no se ha cumplido con las condiciones que permiten establecer su convocatoria. Nadie duda que la voluntad del Partido Colorado y de la UNA del Partido Nacional es someter este tema al veredicto popular mediante una reforma constitucional; tampoco se puede dudar de que han desarrollado una intensa campaña para recolectar firmas de ciudadanos que apoyan esta iniciativa.

Incluso se ha anunciado por parte de los impulsores que han recolectado un número de firmas muy superior a las que se necesitan para habilitar el Plebiscito y se indica que están guardadas a "buen recaudo" en la casa del Partido Colorado.

Sin embargo, aun no han entregado las firmas a la Corte Electoral para que esta realice su tarea de fiscalización y conteo a los efectos de determinar si las mismas son suficientes. Es más, se ha anunciado que en el mes de abril realizarán un nuevo esfuerzo de movilización a los efectos de sumar nuevas voluntades.

Lo cierto es que la convocatoria al eventual plebiscito constitucional ocurrirá recién después de que la Corte Electoral verifique la existencia del número requerido, es decir el 10% del padrón electoral. No alcanza proclamar que se cuenta con las firmas, es necesario, como siempre en el campo del derecho, demostrarlo.

Incluso si las firmas fueran suficientes, no estamos hablando más que de un 10% del padrón electoral, muy lejos de la mayoría necesaria para lograr el cambio propuesto.

Ahora bien, una vez que se haya convocado al plebiscito, este se realizará en octubre de 2014, es decir en ocasión de la próxima elección nacional. Así lo establece la misma Constitución que fija los procedimientos que habilitan el plebiscito; en efecto, el mecanismo utilizado traslada la realización del plebiscito para las elecciones nacionales más cercanas.

Pero ocurre que los impulsores del plebiscito pretenden que este se adelante para una fecha anterior. No sabemos ni entendemos cuál es su motivación, pero han reclamado esta solución casi como si fuera un derecho que les pertenece.

Sin embargo, el único mecanismo que permite realizar un plebiscito constitucional antes de la fecha de las próximas elecciones nacionales, dejando de lado la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente, es la aprobación en el Parlamento de una ley constitucional.

Para aprobar una Ley Constitucional se necesita el voto favorable de dos tercios de la Asamblea General; es decir que se necesita la voluntad favorable a la rebaja de la edad de dos de cada tres legisladores.

Sin embargo, la suma de todos los sectores favorables a la reducción de la edad de imputabilidad apenas podrá llegar a un tercio del Parlamento. Esto quiere decir que la propuesta de los que pretenden adelantar el plebiscito consiste en que los sectores y partidos que no compartimos la iniciativa, la votemos favorablemente en la Asamblea General para hacer posible su adelanto.

El Frente Amplio, Alianza Nacional y el Partido Independiente tendrían que pedirles a sus legisladores que votaran a favor de una iniciativa que entienden equivocada, solo para "hacerles el gusto" a los sectores que promueven el plebiscito.

Para decirlo más claro, tendrían que votar a favor de bajar la edad de imputabilidad al menos cuarenta y tres legisladores contrarios a esta medida. La verdad que la pretensión suena bastante poco seria y poco respetuosa de las convicciones de los legisladores adversarios.

"Difícil que el chancho chifle", aunque los convocantes prueben que alcanzaron las firmas y la Corte proclame la convocatoria a plebiscito.