Calificar al gobierno del Frente Amplio en Uruguay de autoritario y totalitario solo puede ser el resultado de dos situaciones, o se ha perdido la capacidad de evaluación de la realidad con mínima objetividad o se busca generar un clima de confrontación y polarización política. Como nadie duda que los dirigentes de la UNA son gente inteligente que observa la realidad con mínima consistencia, entonces la conclusión inexorable es que se "está jugando" de manera conciente y voluntaria a radicalizar el clima político.
Porque nadie duda que han existido declaraciones que denotan desprecio por las reglas de juego y que permiten generar enormes dudas sobre las convicciones democráticas de quienes las formulan. Dos ejemplos de ello son, por un lado, las declaraciones de la Senadora Topolansky sobre la necesidad de alinear partidariamente a las Fuerzas Armadas y, por otro lado, la afirmación del Presidente José Mujica de que la política puede estar por encima de lo jurídico.
Ambas afirmaciones, realizadas en los últimos tiempos, han generado enérgicas respuestas de todo el sistema político, incluidos representantes del propio partido de gobierno. Son rechazables y ponen de manifiesto un pensamiento antidemocrático.
Sin embargo, otra cosa es la calificación de la actuación y la conducta del gobierno. No han existido decisiones o políticas públicas que puedan permitir la calificación de autoritarismo y, menos aun, de totalitarismo a la actual gestión de gobierno.
Cualquier análisis de la realidad de nuestro país sobre las diferentes dimensiones de la democracia nos ubica en los primeros lugares de solidez democrática a nivel mundial. La libertad de expresión, el derecho de las minorías a expresarse y a participar, la existencia de un régimen de garantías electorales, el respeto al ordenamiento jurídico vigente, la independencia del Poder Judicial, la difusión de encuestas de opinión sobre los asuntos públicos, son todos aspectos centrales que componen el concepto de democracia y que en Uruguay es imposible afirmar que se hayan avasallado.
Es imposible equiparar la situación de nuestro país en materia de libertades públicas, democracia y pluralismo con lo que pasa, incluso, en otros países de la región cuya calidad democrática puede cuestionarse con argumentos más sólidos.
Hablar de autoritarismo o de totalitarismo en nuestro país es una desproporción que carece de todo fundamento. Se podrá sospechar de las convicciones democráticas de algunos integrantes del gobierno, se podrán censurar algunas de sus declaraciones, pero no se puede acusar que haya habido decisiones que coarten las libertades de los ciudadanos y de las diferentes organizaciones sociales y políticas de este país.
Como los que aprobaron estas declaraciones saben distinguir muy bien los regímenes democráticos de los regímenes autoritarios o totalitarios, entonces debemos concluir que su objetivo no ha sido otro que buscar la polarización de las posiciones políticas.
Hace un tiempo que se viene "recalentando" el ambiente político y las relaciones interpartidarias. Varios de los hechos de las últimas semanas han generado un cambio en los términos de las relaciones entre el gobierno y los partidos.
La gestión del gobierno ha estado plagada de acontecimientos negativos, tales como los ocurridos en el plano internacional referidos primero a la situación de Paraguay y después al ingreso de Venezuela al MERCOSUR; la explosión del escándalo de PLUNA con las consiguientes responsabilidades gubernamentales; la falta de seriedad en la propuesta de legalizar la marihuana; la negativa del gobierno a formar una Comisión Investigadora en el Parlamento; las propias contradicciones y enfrentamientos entre jerarcas del gobierno y algunas afirmaciones del Presidente de la República atacando a los partidos de la oposición han tensado fuertemente el escenario político nacional.
Sin embargo, subir la apuesta, patear el tablero, apostar a la polarización no es bueno para el país ni para los propios actores políticos. Hace unos días reclamábamos calma a algunos dirigentes del gobierno que salieron a reclamar que los partidos dejáramos los cargos en los entes y servicios del Estado en la medida que criticábamos al gobierno; ahora señalamos que esta acusación de la UNA es un verdadero "dislate" carente de todo fundamento, cuyo único resultado es contribuir a enrarecer aun más el clima político existente.
Nosotros trabajaremos con fuerza para evitar que el país se encamine a una confrontación cuyo único resultado será negativo para nuestra gente, aunque quizás algunos actores políticos piensen que habrán de capitalizar esta confrontación.