La anulación de la caducidad es imposible

Eran tiempos en que lo único que valía para el Frente Amplio era acceder al poder, y para ello estaba dispuesto a decir a todos y cada uno de los sectores de la sociedad lo que cada quien esperaba escuchar.

Así, con la demagogia como principal bandera, transitó el Frente su campaña electoral y, mimetizando y atenuando buena parte de su pensamiento político, alcanzó la mayoría absoluta que le permitió gobernar durante estos años.

Sin embargo, desde hace ya bastante tiempo, grupos y sectores del Frente Amplio comenzaron una movilización para promover la “anulación de la ley de caducidad”. Se trata de una propuesta absolutamente contraria a los principios generales del derecho y que carece de todo sustento jurídico en nuestro orden institucional.

Una ley puede ser derogada por el Parlamento, en cuyo caso esta dejará de estar vigente a partir de su derogación, pero los efectos que generó quedan firmes y estables. Una ley puede ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, pero los efectos de dicha declaración no afectan su vigencia y sólo dejará de aplicarse para el caso en que fue reclamada su inconstitucionalidad. Finalmente, una ley puede ser recurrida mediante el recurso de referéndum, y en caso de que la mayoría de la población se manifieste en su contra podrá ser dejada sin efecto. Estos son los únicos mecanismos existentes en nuestro ordenamiento jurídico que refieren a las normas legislativas. En ningún caso está prevista la posibilidad de anulación porque ello implicaría dejar a todos los ciudadanos en situación de indefensión o de incerteza jurídica.

Pero los que impulsan la anulación no han querido derogar la ley porque ello significaría aceptar que la caducidad ha generado sus efectos y que, como corresponde a cualquier normativa, estos efectos han quedado firmes. No, por el contrario, se busca su anulación porque su objetivo es que todo vuelva a “fojas cero”, a la época de la salida de la dictadura, para poder juzgar a todos los que eventualmente se ampararon en la vigencia de la Ley de Caducidad.

A medida que se acerca el evento electoral, los precandidatos y los diversos sectores del partido de gobierno, en su afán de conquistar el apoyo de la militancia frenteamplista, se han ido sumando a esta iniciativa, a todas luces, antijurídica. El inefable “candidato oficial”, José Mujica, repentinamente sumó su firma a esta campaña y, para no ser menos, el candidato “moderado”, Danilo Astori, anunció que si bien no firmará luego votará por la anulación en caso de que las firmas alcancen.

Para completar este ejemplo máximo de falta de honestidad intelectual y de “voltereta política”, el Congreso del Frente Amplio votó en diciembre pasado el apoyo a la mencionada campaña.

Quien esto escribe, estuvo en contra de la aprobación de la Ley de Caducidad, trabajó para su derogación y votó verde buscando revertir lo aprobado en el Parlamento. Pero el referéndum que tuvo lugar en abril de 1989 confirmó el apoyo a la mencionada ley y, por tanto, esa norma adquirió firmeza y durante todos estos años produjo sus efectos que, como en cualquier orden jurídico, son definitivos, están consolidados y no pueden revertirse por decisiones posteriores de efectos retroactivos.

En estos días, la Suprema Corte de Justicia recibió un reclamo de inconstitucionalidad por parte de una Fiscal. Es discutible que esta tuviera legitimación para interponer esta acción, pero la Suprema Corte le dio curso y, más sorprendente aun, solicitó opinión a los otros dos Poderes del Estado que no tienen “arte ni parte” en la dilucidación del tema puesto que, de acuerdo a la Constitución vigente, sólo es competencia de la Suprema Corte de Justicia.

El Poder Ejecutivo, que debería haberse declarado incompetente, declaró que a su juicio esta norma era inconstitucional y el Parlamento, con mayoría del Frente Amplio, en vez de declararse incompetente, como debería hacerlo, se apresta a hacer lo mismo.

Así las cosas, quienes impulsan la campaña por la anulación de la ley están llevando al país a un grave “brete institucional”. Aunque la ley fuera inconstitucional, y hay disposiciones que nos llevan a valorar que ello puede ser así, su vigencia durante estos veinte años es indiscutible y sus efectos son irreversibles, salvo que queramos dejar de lado las garantías propias de un Estado de Derecho que respeta los derechos de los ciudadanos y el principio de la “certeza jurídica”.

Y esta posición es independiente de que en lo personal nos duela que muchos aquellos que violaron los derechos humanos durante la dictadura hayan quedado impunes.

Si los que impulsan la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad llegan a obtener las firmas requeridas y se avanza hacia un Plebiscito en octubre próximo en tal sentido, estaremos frente a un intento flagrante de quiebre de las reglas de juego institucionales, por parte del partido de gobierno, que nada bueno traerá a nuestro país.

El tema de fondo, que está en juego en esta discusión, es el respeto de las normas vigentes. Este será nuestro objetivo y a ello dedicaremos nuestro mayor esfuerzo, buscando los mejores caminos para su preservación, que es la preservación del orden democrático.