Se trata de una propuesta de estricta justicia que busca aliviar la situación de 27.000 familias que cada mes de setiembre reciben un duro golpe con el aumento de la UR. Esta aumenta en función del índice medio de salarios, mientras que la UI aumenta de acuerdo al incremento del costo de vida.

Conviene señalar que el proyecto que presentamos contiene dos elementos sustanciales. En primer lugar, solo se otorga este beneficio a aquellos deudores que se encuentren al día en el pago de sus deudas y en segundo lugar se prevén los fondos que sostienen la propuesta para evitar un daño patrimonial al BHU.

Pues bien, el Ministro de Economía, con un tono de suficiencia e ironía que hacía bastante tiempo que no le escuchábamos, salió en las últimas horas a descalificar la propuesta.

El ministro sostuvo que este gobierno quiere instalar la cultura del cumplimiento de las obligaciones y de la responsabilidad de quienes tienen deudas, así como defender los intereses de las instituciones públicas. En tal sentido, conviene que el ministro registre que su gobierno, no sabemos si con su anuencia, acaba de aprobar un programa de subsidios a la vivienda a cargo del MVOTMA que muy poco tiene que ver con la preocupación por el cumplimiento de las obligaciones o con la preocupación por las cuentas de los bancos estatales.

También sería bueno que el ministro recordara que en el proceso de reestructura del BHU y creación de la ANV se otorgaron innumerables quitas y subsidios que tuvieron poca o ninguna relación con el grado en que los beneficiarios habían cumplido con sus obligaciones, al punto de que en circunstancias idénticas, algunos recibieron una solución y otros no recibieron ninguna respuesta. Es más, en muchos casos hubo deudores de préstamos de viviendas a los que lisa y llanamente se les condonó la deuda.

Ni hablar de los criterios que guían a buena parte de los programas sociales del actual gobierno. Sería bueno que el Ministro de Economía evaluara en qué medida estos programas que establecen beneficios y subsidios, toman en consideración el cumplimiento de contrapartidas o conductas responsables de parte de los beneficiarios.

Pero, por otra parte, el ministro se ve que no leyó bien nuestro proyecto porque en el mismo, expresamente se hace referencia a que la propuesta está supeditada a que los deudores estén al día con sus cuotas y se preocupa de obtener financiamiento genuino para evitar un daño patrimonial al BHU.

Pero Fernando Lorenzo fue un poco más allá y, "haciendo una de más" con sonrisa sobradora, indicó que si él tuviera que tomar hoy un crédito, lo haría en UR. Allí sí que se metió en un problema.

En primer lugar, no es aconsejable que un ministro inteligente esté haciendo públicas sus preferencias en materia crediticia porque es inevitable que estas impliquen señales por parte de un actor con información privilegiada, con respecto a cómo evolucionará la economía.
En segundo lugar, su preferencia por endeudarse en UR contrasta con sus expresiones de unos meses atrás, cuando en el marco de un llamado a Sala, reconoció que había que hacer algo con los arrendatarios que pactaron sus contratos de alquiler en URA, asumiendo tácitamente que la evolución de la UR se constituía en un problema para quienes tienen que afrontar deudas en ese valor.

En tercer lugar, llama la atención que el ministro diga que él prefiere endeudarse en UR, siendo que desde la reestructura del BHU, el gobierno que él integra solo ofrece préstamos en UI. Es decir que si su afirmación fuera correcta, estaría indicando que el gobierno ha elegido perjudicar a los que toman créditos con el banco estatal.

En cuarto lugar, y quizás lo más grave de su "talenteo", es que al pronunciarse por la UR puede dar pie a pensar que justamente se habrá de invertir la tendencia de los últimos años en los que la UR se valorizó un 40% más que la UI. Si eso fuera así, solo puede haber dos razones para explicarlo: (a) que la inflación va a aumentar significativamente de manera tal que la UI aumentará más que la UR o (b) que la tendencia de revalorización del salario se va a revertir por lo que la UR se habrá de enlentecer en su proceso de apreciación.

Ambas posibilidades indicarían una evolución negativa de nuestra economía.

Históricamente está comprobado que la UR solo es preferible a la UI en contextos de crisis económica, en los que el costo de vida crece más que el salario. ¿Será ese el mensaje que envía el ministro? Ciertamente muy poco apropiado y profesional.

Entretanto, se aproxima un nuevo setiembre y las 27.000 familias deudoras en UR, que hacen cada vez más sacrificios para cumplir con sus obligaciones, recibirán un nuevo impacto en sus bolsillos. Claro que de acuerdo a la opinión del ministro, no deberían preocuparse porque aparentemente tienen la suerte de deber en UR. ¿Qué curioso, no?