La CND otra vez

En aquel entonces, además, la CND evitaba la auditoría del Tribunal de Cuentas y se mantenía en un "limbo" jurídico que le permitía actuar con grados de libertad incompatibles con las responsabilidades de la gestión pública. Fueron numerosos los negocios en que la CND terminó perdiendo mucho dinero.

La Comisión Investigadora culminó sus actuaciones en marzo de 2004 y la Cámara de Representantes aprobó una moción por la que resolvió enviar todas las actuaciones al Poder Judicial para que realizara la investigación pertinente.

A partir de esa tarea compleja, que no estuvo exenta de importantes presiones y obstáculos políticos, se logró que la CND aceptara someterse anualmente al control del Tribunal de Cuentas y se produjo un proceso de ajuste en sus criterios de funcionamiento que determinaron un cambio en sus modalidades de actuación.

Sin embargo, nuevamente, nos encontramos con un procedimiento en el que la CND termina invirtiendo una cantidad significativa de recursos en un emprendimiento que ya estaba en situación de quiebra y en el que no había ninguna fundamentación seria que justificara semejante inversión.
En efecto, de acuerdo a lo publicado por Búsqueda el jueves pasado, existe un informe de auditoría interna realizado para la nueva administración de la CND que comprueba que, sin cumplir con los procedimientos que la propia CND posee, y según parece por indicación directa de jerarquías superiores del gobierno de la época, el Directorio de la CND entre julio y noviembre de 2009 "invierte" en Metzen y Sena la suma de cuatro millones y medio de dólares.

Los 26 desembolsos realizados por la CND durante los cuatro meses señalados se realizaron a pesar de que desde dentro del organismo se emitieron señales de alerta, indicando que no se estaba cumpliendo con la normativa interna y señalando que la empresa no estaba en condiciones de ser asistida.

Las órdenes fueron mantenidas hasta el 2 de diciembre, cuando el Estado repentinamente solicita el concurso necesario de la empresa en cuestión., determinando su cierre pocos días después.
Lo más significativo es que la CND realiza sucesivos aportes a la empresa en un período que se corresponde completamente con la campaña electoral. Lo más curioso es que la conducta impropia de la CND se mantiene hasta fines de noviembre y, apenas tres días después de la realización de la segunda vuelta presidencial, el Estado da el paso judicial necesario para terminar con la situación insostenible de la empresa. Una sorprendente casualidad.

Todo suena muy mal. La CND puso cuatro millones y medio de dólares en una empresa que no tenía ninguna posibilidad de salir adelante; estaba fundida y sus dueños embargados. Los técnicos de la CND alertaron sobre la falta de condiciones para dar la asistencia, pero el Directorio siguió adelante, el Informe de Auditoría Interna aduce la existencia de órdenes superiores. ¿De quiénes? ¿Por qué? ¿Con qué fundamentos? Todas preguntas que los uruguayos tenemos la obligación de hacernos y los responsables deben responder.

Es muy sencillo imaginar lo que hubiera pasado si la CND se hubiera abstenido de brindar la injustificada asistencia. Lo que ocurrió en diciembre de 2009, es decir el cierre de la empresa con el envío a seguro de paro de setecientos empleados, habría ocurrido en agosto o setiembre de 2009. De modo que la CND pagó y perdió cuatro millones y medio de dólares para postergar el desenlace por tres o cuatro meses. Pero, caramba, qué tres o cuatro meses, ¿no?
Más allá del caso concreto, lo que resulta cada vez más evidente es que el Estado ha creado en las últimas décadas un creciente número de personas públicas no estatales y de sociedades anónimas propiedad del Estado que manejan impresionantes cantidades de recursos públicos sin que existan los debidos controles del Estado.

No están sujetas a responsabilidades y se rigen por las normas del derecho privado; con la diferencia de que en los asuntos privados los dueños del dinero son los que arriesgan y toman las decisiones sobre el destino de esos recursos, mientras que en estos casos el dinero es de la comunidad y los que tienen a su cargo las responsabilidades de administración y gestión no pagan con su patrimonio los eventuales errores o desvíos en la gestión.

Esperamos que el Poder Judicial pueda investigar en profundidad lo acontecido en el caso referido. Pero independientemente de ello, urge legislar con seriedad para darnos garantías entre todos.