LEGISLACIÓN CONTRA EL TABAQUISMO (Y III)

[email protected]

Sin embargo, de una lectura desapasionada de la Carta Magna se pude inferir que el constituyente reservó para el ciudadano el cuidado personal y el de sus hijos. Por no hablar de la libertad de comunicación. ¿Cuánto podría hacerse para luchar contra el tabaquismo sin pisotear los derechos individuales?

En su artículo 44, la Constitución faculta al Estado a "legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas" con el objetivo de procurar "el perfeccionamiento físico, moral y social" de los habitantes del país. Sin embargo, en el segundo párrafo de ese artículo, el constituyente estableció que el deber de velar por la salud de los habitantes no es del Estado sino...¡de los propios habitantes! Dice así: "Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad". La diferencia es sustancial.

El Artículo 29 de la Constitución establece que "es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura". Es muy clara la convicción del constituyente de que se estaba legislando en una materia fundamental y acaso fundante de otras libertades. Por eso, no contento con decir que la comunicación era libre, se vio en la necesidad de agregar que era "enteramente libre", un pleonasmo conmovedor y de extraordinaria contundencia. Mal podría entonces limitarse la publicidad de un producto de curso legal sin violar el Artículo 29 de la Constitución, sobre todo si lo que se invoca es un derecho que el legislador le negó al Estado y preservó en manos del ciudadano, cual es cuidar de la salud de los habitantes del país.

Pero démosle a los militantes antitabaco una última oportunidad de defender sus proyectos represivos con el Artículo 46. Allí se establece que "el Estado combatirá por medio de la Ley y de las Convenciones Internacionales, los vicios sociales". Para empezar, no debería hacerlo violando otros artículos de la Constitución, como el que garantiza una comunicación "enteramente libre", o el que guarda en manos de los ciudadanos en deber de cuidar su salud, o el que garantiza a los padres el derecho de cuidar y educar a sus hijos.

Sanito el gordito

Las restricciones a la libertad de comunicación con que se pretende proteger a los menores son por lo menos contradictorias. Si lo que se busca es defenderlos de consumos perniciosos, los promotores de la censura deberían atacar otros productos, cuyo consumo abusivo está detrás de patologías de aparición prematura, como la obesidad o la hipertensión. Los niños de nueve o diez años no fuman, a pesar de estar expuestos a la publicidad de cigarrillos. Sin embargo, comen alfajores, galletitas rellenas y papas chips en abundancia. Si el objetivo es proteger a los niños ¿por qué detenerse? ¿Por qué no prohibir también esos productos y otros como los chacinados, los lácteos, el azúcar refinado o la sal fina?

Si los fumadores no pudieran elegir por ser adictos y por lo tanto hay que imponerles ciertas normas legales, debería suspendérsele también la ciudadanía y la patria potestad. Si el Estado pudiera decidir por los fumadores mejor de lo que ellos lo hacen por estar narcotizados, ¿cómo dejar en semejantes manos la educación de los hijos? ¿Cómo confiarles la responsabilidad de elegir gobernantes? El Código Civil prevé en su artículo 432 los casos en los que puede aplicarse la curaduría por parte del Estado. Alcanza con declarar a los fumadores como "dementes, aunque tengan intervalos lúcidos". Como decía Olmedo: si vamo a hacerlo, vamo a hacerlo bien.

Los uruguayos veríamos así hasta qué punto el Estado-niñera está pensando en nosotros y anticipándose a nuestros problemas. No faltará algún aguafiestas que señale esta política como un avasallamiento de la libertad, pero ¿a quién le importa cuando estamos hablando de la salud de todos? Así, con prohibiciones, censuras, sanciones impositivas y otras variantes de la bondad gubernativa, alcanzaremos los mayores estándares de calidad de vida del continente, y por qué no, del mundo. Un país de esclavos, es cierto, pero sanos.

Educar y persuadir: ¿para qué?

En el Aeropuerto de Barajas hay una campaña que busca despertar en los fumadores la colaboración más que el desprecio. "Si usted es fumador, ayúdenos", es el eslogan, o algo así. En lugar de perseguirlos y ponerlos a la defensiva, los involucran y los hacen sentir como lo que son: personas libres con algo para aportar a la comunidad además de humo. Trabajando con la sociedad civil en tareas de educación y sensibilización en lugar de reprimir y castigar, se puede lograr un compromiso mayor y más duradero (incluso de los fumadores y la industria tabacalera) extendiendo así el área de responsabilidad personal de los ciudadanos.

La cultura cívica, el sentido común y el respeto mutuo, suelen legislar con más sabiduría, sólo que demoran en llegar y no dan dividendos políticos. Los antitabaquistas han hecho una impresionante obra de educación y sensibilización gracias a la cual millones de personas tomaron conciencia del daño a que estaban expuestas. Yo mismo dejé de fumar sin necesidad de leyes represivas y discriminatorias. El Estado podría movilizar sus recursos y su legitimidad para apurar este cambio cívico. Cuenta para ello con sistemas institucionales de enorme penetración social, como la Anep y Salud Pública. Podría ayudarnos a todos a ser mejores ciudadanos, en lugar de utilizar nuestro dinero para pensar y decidir por nosotros.

Suertempila

Gerardo Sotelo

Entregas anteriores:

Legislación contra el tabaquismo (I)
Legislación contra el tabaquismo (II)

 

[email protected]