Jóvenes

Unos diez mil jóvenes participaron el sábado pasado en una corrida bajo el slogan “Ser joven no es delito”. La actividad se realizó dos días después de que la Corte Electoral validara las firmas necesarias para someter a referéndum la rebaja en la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, entre otros asuntos de similar temática promovidos por sectores colorados y blancos.

A los convocantes se le debe reprochar que la consigna encierre una falacia, con la que buscaron identificar un adversario frágil pero inexistente. Los sectores que promovieron el referéndum no creen que ser joven sea delito, y de hecho, desde el oficialismo (opuesto en bloque a la rebaja de la edad de imputabilidad) se convalida buena parte de la iniciativa referendista cuando se señala que la mayor parte de las medidas propuestas ya ha sido resuelta.

Pero la convocatoria fue exitosa en poner de manifiesto tanto la vulnerabilidad como la “invisibilidad” de los jóvenes. No deja de ser significativo que una sociedad envejecida como la uruguaya, los vincule siempre con los problemas y nunca con las soluciones. Es en la apuesta por los actuales niños y jóvenes, en los cuidados que se les destine, en la calidad de capacitación que se les facilite y en las oportunidades que se les ofrezca como actores públicos relevantes, que el país tendrá alguna posibilidad de superar su relativo rezago.

Sin embargo, el proceso en el que se encuentra Uruguay con relación a sus jóvenes es perverso: tenemos el menor porcentaje de egresados de América Latina en Educación Secundaria provenientes de familias pobres y estamos por debajo del promedio continental de jóvenes con ciclo básico terminado. El desacople entre el aumento de la inversión pública en educación y los resultados obtenidos podría ser calificado como escandaloso.

Por lo pronto, se debería estar aplicando una política nacional de educación que permitiera a los jóvenes más pobres (de los cuales, sólo el 6 por ciento termina el liceo) disfrutar de los docentes que saben  más y faltan menos, y no al revés, como ocurre ahora. Del mismo modo, debería instruirse a la sociedad adulta en general (y a la Policía en particular) en el concepto que “ser joven no es delito”, como forma de contrarrestar su acendrada tendencia a demonizar las manifestaciones culturales e identitarias de la población juvenil.

Uno de los problemas que enfrenta nuestro país es que el discurso público impide ver la expresión real de los jóvenes, centrada en la creatividad, la búsqueda de oportunidades y el esfuerzo por superar el cerrojo de la pobreza. En cambio, tenemos un relato dominado por la temática de los menores infractores (cuya incidencia en el número global de delitos no alcanza al 5 por ciento), las adicciones y la violencia en los centros de estudio.

La sociedad uruguaya debería apoyar la piedra fundacional de su desarrollo futuro en una ambiciosa política de juventud, superando las consideraciones sobre lo juvenil que se basen en la penalización, el paternalismo y la manipulación.