Un conflicto sindical lleva implícito un statu quo: los trabajadores pierdan jornales para obtener mejoras que no pudieron lograr a través de la negociación, y en sentido inverso, que patronal pierde utilidades por la caída de la producción. Ambos entienden que esa pérdida será menor que el beneficio que van a obtener. Como nadie quiere perder salario ni ganancias y toda pérdida tiene un límite (pasado el cual el conflicto se vuelve destructivo) se supone que ambos tenderán, a la corta o a la larga, al entendimiento.
A veces, esto no funciona porque una de las partes calcula mal la correlación de fuerzas, ya sea que sobrevalora la propia o que subestima la de la contraparte. Algo de eso parece haber ocurrido en el conflicto de la Enseñanza Pública. Como el patrón no es un empresario privado sino el propio gobierno del país, lo que estaba en juego no eran sus utilidades pecuniarias sino su reputación, su popularidad, y eventualmente, su futuro político.
Las huelgas contra la Administración Pública, aún teniendo razonables motivaciones salariales, suponen siempre una dimensión política. Eso lo saben los gremios de funcionarios estatales desde siempre y así lo hacen valer. Los trabajadores estatales arriesgan el salario y el respaldo popular a sus medidas de lucha, mientras que el gobierno compromete el equilibrio fiscal y el apoyo ciudadano.
La reciente huelga de la enseñanza se saldó, como dijo Mujica, con pérdidas generalizadas, pero en ese escenario conflictivo, no todos merecían perder. Hubo un tercer actor que se vio involucrado en el conflicto contra su voluntad y está integrado por decenas de miles de alumnos, alumnas y familias de medianos y bajos recursos, que son clientes cautivos de la Enseñanza Pública. A pesar de ser enteramente inocentes, terminaron pagando una buena parte de la factura.
¿Cómo piensan reparar el daño causado los contendores en el conflicto? Las autoridades de la Enseñanza dispusieron que se repongan las horas pérdidas utilizando las vacaciones de primavera y extendiendo el cierre de cursos. Ades entiende que si lo hacen se "licua" su medida de lucha y por lo tanto no van a dar clases, y ADEMU Montevideo, sindicato que nuclea a los maestros de la capital, se niega a dar clases más allá del 13 de diciembre.
Si en lugar de trancar de la recuperación de las clases perdidas lideraran el reclamo, las gremiales salvarían al menos parte de su menoscabada reputación. Ahora sabemos que no sólo perdieron el conflicto sino también toda sensibilidad social. Son capaces de dejar que se pierda la cadena por el despecho que les causa haber perdido el balde.