La sociedad uruguaya parece condenada a procesar discusiones insensatas entre dos bandos igualmente conservadores. El camino que ha seguido la iniciativa del gobierno de despenalizar la marihuana no podía ser la excepción. Entre la improvisación del presidente Mujica y las negativas de la oposición, la idea parece condenada a naufragar, hundida bajo el peso de su propia audacia e indeterminación.
La última ocurrencia presidencial no la conocimos de boca de sus voceros ni de la propia sino del periodista del Nuevo Herald de Miami, Andrés Oppenheimer, quien le habría escuchado decir a Mujica que la marihuana sería vendida, una vez despenalizada y regulada, por parte de una empresa privada. La novedad desató el rechazo de algunos destacados voceros de la oposición.
Así, el senador Pedro Bordaberry afirmó que Mujica improvisa y no consulta a los especialistas y el diputado Luis Lacalle, alguna vez impulsor de un proyecto para despenalizar el cannabis, advirtió que por esta vía se ve a crear un “capitalismo de las drogas” y se afectará negativamente la salud de la sociedad. Una vez más, el presidente mete la pata y el diablo, la cola.
El estatus legal de cualquier sustancia psicoactiva debería seguir un curso racional, fundado principalmente en tres variables: 1) la libertad del individuo de ingerir aquellas sustancias que considere conveniente por las razones que fuere, sin ser perseguido ni molestado por ello, 2) las consecuencias sobre terceros, es decir, aquellos que toman la decisión de no consumirlas, y 3) los efectos que sobre la salud pública podría ocasionar su consumo abusivo.
Fuera de la discusión, y bien lejos, deberían quedar los abordajes reduccionistas de cualquier tipo, especialmente aquellos que se basan únicamente en el prejuicio, la ignorancia, la estigmatización, la represión y la psiquiatrización. Parafraseando a Clausewitz, la libertad, la salud y la felicidad son asuntos demasiado importantes como para dejarlos en manos de los médicos, los policías y los conservadores, valga la redundancia.
Tomemos entonces desde esta perspectiva tridimensional (libertad, externalidades privadas y salud pública) la iniciativa presidencial. ¿Existe alguna diferencia con el alcohol, una droga de probada toxicidad? ¿Cuál sería la diferencia clínica o profiláctica entre vender alcohol y marihuana por parte de comerciantes, bajo regulaciones y restricciones similares o mayores? ¿Por qué quienes consumen alcohol tienen derecho a la protección legal y los que prefieren la marihuana están condenados a la clandestinidad y la adulteración? ¿Por qué no registrar a los consumidores de alcohol? ¿No deberíamos ser todos iguales ante la ley?
Las discusiones insensatas conducen a soluciones insensatas. Quizás el problema de la sociedad uruguaya no sea cómo procesar el debate entre socialdemócratas y liberales más o menos de derecha e izquierda, sino cómo lidiar con los conservadores de ambos bandos, que nos condenan a la improvisación, el electoralismo y la insensatez.