Inseguridad: el mamado, el susto y el desastre

Por Gerardo Sotelo.

Un tuit y un artículo publicado en el blog de Fernando Gil, asesor en comunicación del Ministro del Interior, confirman lo que adelantábamos la semana pasada en Informativo Carve: las cifras de delitos del primer semestre del 2018 serán realmente espantosas.

Tanto que Gil habla de "un récord tristemente histórico" que carga a la cuenta de una "violencia inexplicable", y propone "un gran acuerdo social" para alcanzar "una solución duradera".

¿Es posible aceptar que el gobierno traslade a toda la sociedad la solución de un problema que nunca aceptó en su verdadera magnitud y sobre cuya responsabilidad primera sigue negándose a aceptar?

Aunque no está claro si la propuesta fue realizada a título institucional o personal, debería ser tomada con la mayor seriedad. No solo porque la crisis de seguridad que vive el país así lo requiere sino porque en tales circunstancias se requieren tales soluciones.

Sobre todo se necesita que todos los actores sociales estén a la altura.

Esto incluye al gobierno, la oposición, el Poder Judicial, la Fiscalía de Corte, la Academia y las organizaciones sociales, incluyendo a los grupos de vecinos autoconvocados. Sin embargo, el pretendido acuerdo no va a ser posible si no se dan al menos dos condiciones previas.

La primera es la remoción de las jerarquías del Ministerio del Interior.

A esta altura del partido, no parece razonable que el Poder Ejecutivo pretenda convocar a un compromiso de partes para resolver un asunto que es su primera responsabilidad (Art. 168, Numeral 1 de la Constitución de la República) sin aceptar que la conducción a la que le asignó la ejecución de su política de seguridad es parte del problema que enfrentamos todos los uruguayos.

Intentar un acuerdo de la sociedad sin tomar nota del desgaste del binomio Bonomi/Vázquez sería del todo insensato.

La segunda condición es la garantía de que el oficialismo acatará lo que en el acuerdo social efectivamente se acuerde.

La experiencia cosechada dos años atrás, cuando el presidente Vázquez convocó a los partidos políticos para acordar soluciones en materia de seguridad y convivencia, no es la mejor.

Pero si esto no fuera suficiente, está el antecedente originado esta misma semana, de la incapacidad de su bancada parlamentaria de acordar una reforma del Código de Proceso Penal sobre la prisión preventiva y la limitación de los procesos abreviados.

¿Está dispuesto el presidente Tabaré Vázquez a aceptar estas condiciones mínimas?

Y en caso de que lo estuviera, ¿tiene el liderazgo suficiente como para disciplinar al Frente Amplio en una materia en la que, hasta ahora, se han expresado no pocas discrepancias?

Alguien sugería recientemente que quizás la inseguridad esté llegando a un punto tan dramático que podría lograr otra vez que el susto despierte al mamado.

Por el bien de todos, ojalá que así sea y que el gobierno reaccione y tenga éxito.

Eso sí: aún en tal caso, esta vez el empecinamiento del borracho en beber a pesar de las advertencias, ha generado una resaca trágica que será difícil de olvidar.