Ese es un cambio RADICAL en la filosofía gobernante y en la política nacional. Lo principal, lo fundamental depende de nosotros mismos, los uruguayos, en la economía, en la sociedad, en el comercio, en la educación y en la seguridad.

Es una diferencia sustancial con el enfoque de blancos y colorados, que trataron -y tratan- de explicar todo por la orientación de los vientos y de esa manera torpedearon la autoestima nacional y la confianza de los uruguayos. Hoy los orientales nos sentimos capaces de afrontar cualquier desafío y este es un capital invalorable en todos los frentes, incluso en la seguridad, superando las tendencias regionales.

En América Latina la inseguridad ha crecido de manera sostenida y grave, siendo hoy la zona más violenta del mundo por la cantidad de delitos y por su violencia. Eso no nos impide en Uruguay proponernos objetivos muy ambiciosos en la mejora de la seguridad, que es hoy uno de los factores que siguen afectando negativamente la calidad de vida de los uruguayos, pero sobre todo de los habitantes de la zona metropolitana y en particular de Montevideo.

Tampoco nos vamos a refugiar en un dato nacional y tremendo: en el año 2004 había en el Uruguay un 62 % de los menores de 18 años que vivían por debajo de la línea de pobreza y muchos de ellos en la indigencia más infame, con todas las consecuencias sociales, familiares, culturales y emocionales derivadas de ese horror. A la izquierda nos costó aprender que bajando la pobreza y la indigencia eso no se reflejaba automática ni mecánicamente en la reducción de la delincuencia, que era un proceso mucho más complejo. Pero lo aprendimos.

Esto que no quiere decir que no incluyamos como una de las prioridades de nuestras políticas públicas por la seguridad y su abordaje integral a la lucha por disminuir las zonas de reclutamiento social y cultural del delito y en particular del delito organizado, la droga y todas sus derivaciones, y asumir que se requiere un abordaje más amplio, estudiado y analizado con el aporte de las capacidades académicas que dispone el Uruguay en su conjunto.

La oposición, como era de esperar porque básicamente es fuerzas de derecha, se ha concentrado en el tema de la inseguridad con lo principal de sus baterías, quiere transformar las elecciones en un plebiscito sobre la seguridad y si fuera posible personalizarlo al máximo. Es decir, simplificarlo.

La simplificación es la clave de su campaña a nivel general y en particular en los temas de seguridad: el nombre del ministro del Interior, la baja de la edad de imputabilidad, la guardia militarizada nacional. Cuando entran en detalles concretos, hacen el papelón que hizo Luis Lacalle Pou en una ya famosa entrevista periodística. Dijo sanatas.

¿Qué se ha hecho?

Si hay un frente, un ministerio donde no se pueden decir ni hacer sanatas es el de Interior. Hay que transformar las políticas en cosas bien concretas:

Se crearon 2.000 nuevas plazas de policías activos y en las calles, de los cuales la gran mayoría están destinados a la zona más caliente, el área metropolitana, con 1700 nuevos efectivos.

Los sueldos y el equipamiento de la Policía es otro tema importante. No se podía pedirle a nadie que combatiera el delito y se jugara la vida en harapos, con uniformes que daban pena, zapatos rotos, armas obsoletas, sin chalecos y además con sueldos de miseria. Un agente de segunda ganaba en el 2004 $ 5.371 y ahora gana $ 25.041 (y falta un aumento ya previsto), lo que significa un 460 % de aumento. Y además hoy los policías están vestidos y calzados decentemente.

Los gobiernos progresistas no le pagaron parte de los salarios a la Policía con una bolsa de alimentos -algunos de los cuales estaban vencidos- como sucedió en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y que fue uno de los motivos principales de la primera y única huelga policial de nuestra historia. (Datos aportados por un policía de Cardona y corroborados por varios de Montevideo).

Además, ahora hay 843 operadores penitenciarios civiles que sustituyeron a otros tantos policías. Se incorporaron casi 1.200 nuevos vehículos policiales de todo tipo (en 2010, 3248 vehículos; en 2014, 4107 vehículos). Tomemos un solo ejemplo sobre el que la oposición miente con ganas y a sabiendas: antes había 20 patrulleros por turno en Montevideo. Hoy hay 20 Unidades de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM) compuestas por un patrullero con cuatro efectivos al mando de un oficial, dos motos y un vehículo policial encubierto con cuatro policías de particular, pero para cada una de las 4 zonas de Montevideo. La diferencia es abrumadora.

La Guardia Republicana, que tiene actualmente carácter nacional, casi duplicó sus efectivos pasando de 800 a casi 1500, con lo cual lo que plantea el Partido Nacional en su programa (agenda) llueve sobre mojado: con un solo pequeño detalle mezcla y revuelve funciones policiales con las funciones profesionales de las Fuerzas Armadas, afectando a ambos cuerpos del Estado.

La formación profesional a los diversos niveles de las fuerzas policiales ha sido perfeccionada en todas las disciplinas y sobre todo en las referidas a los derechos humanos y a los valores democráticos, pero también en las horas de prácticas de tiro. Mejorar y calificar la preparación de los efectivos es uno de los ejes principales para el próximo periodo.

Todas las comisarías de Montevideo y muchas del interior han sido reformadas totalmente y equipadas con tecnología y sistemas de comunicaciones de última generación.

Se está por completar el cambio de todo el armamento de puño de la Policía en todo el país, sustituyendo los viejos revólveres calibre .38 por pistolas Glock y H&K 9mm. Esas armas antes las manejaban solo algunos oficiales. Todos los efectivos tienen chalecos antibala, inclusive hay una importante reserva de ese material. Además, se incorporaron al armamento policial fusiles de asalto AK 103 calibre 762 x 39 mm, pistolas ametralladoras VTYAZ mm y pistolas ametralladoras VIZON. Se dotó a las unidades de las mejores armas disponibles en el mundo.

En cuanto a tecnologías, se equipó a la Policía Técnica con material de última generación, cubriendo una carencia histórica. Se instalaron en estos 10 años y en particular en los últimos 3 años 1.000 cámaras de video vigilancia, comenzando con equipos analógicos y ahora masificando las cámaras digitales (el 80 % del total) que incorporan un software de respuesta automática y de comunicación inmediata a los centros de vigilancia, y los resultados en la Ciudad Vieja, el Centro y Cordón ya comienzan a verse de manera muy notoria. Antes directamente no existía la video vigilancia en Uruguay, aunque hace décadas que existe en el mundo.

Ahora hablemos de presos y condiciones carcelarias. En estos años progresistas se construyeron 6.400 plazas carcelarias, 2.000 sustituyeron a otras que eran inutilizables, incluyendo celdas de chapa que se abrían con un abrelatas (instaladas en gobierno de Batlle) y 4.400 plazas nuevas totalmente, la mayor construcción de cárceles en la historia nacional. No es un dato para vanagloriarse, es siempre una derrota de la sociedad, pero había que construirlas y se hizo, dos mil de esas celdas con el trabajo de los presos.

Uruguay tiene hoy la mayor tasa de presos por habitante, superó a Chile y casi llegamos a los 10.000 adultos. Eso demuestra que la Policía apresa, presenta las pruebas y la Justicia procesa. Tenemos la vergüenza de un altísimo porcentaje de presos sin condena, que con la aprobación y puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal se irá resolviendo. Tenemos tantos presos porque tenemos una tasa de aclaración de delitos entre las más altas de la región. Y no estamos conformes.

La reincidencia entre los que son liberados y vuelven a delinquir era del 71 % hace cinco años y actualmente es del 52 %, según cifras del Poder Judicial. Obviamente no estamos conformes, pero con cárceles como Punta de Rieles, Campanero y otras se reducirá significativamente este porcentaje. Una de las condiciones más duras y difíciles de la lucha por la seguridad es que las respuestas inmediatas (tácticas) y las respuestas a medio y largo plazo (estratégicas) tardan en producir sus resultados. Todos los que prometen impactos rápidos hacen simplemente demagogia. Y la demagogia y la manipulación de los datos, como se hace en algunos países vecinos, es veneno en la batalla contra la criminalidad.

¿Por qué? Porque para desplegar las fuerzas en el territorio, para afrontar los nuevos delitos y sus formas hace falta una total transparencia que permita señalar los puntos rojos del delito en las ciudades, en particular en Montevideo, y por ello se incentiva a que los habitantes formulen sus denuncias y se está equipando a los móviles con mecanismos para recoger las denuncias en los diferentes puntos de la ciudad.

La evolución en el aumento del número de rapiñas para cada uno de los periodos de gobierno es el siguiente: en 1990-1995 (Lacalle) aumentaron el 77 %, en 1995-2000 (Sanguinetti) el 49 %, en 2000- 2005 (Batlle) el 24 %, en 2005-2010 el 66 % (Vázquez) y en 2005-2013 (Mujica) el 21 %. Es aquí donde deberíamos y donde se va a concentrar la batalla por la seguridad en los próximos años.

Pero en lo que la oposición miente de manera escandalosa es en los homicidios. El diputado Germán Cardoso, candidato colorado o blanqui-colorado a ministro de Interior, afirmó suelto de cuerpo que este año se llegará a los 300 homicidios. A finales de setiembre llegó a los 180 homicidios... El número de homicidios en el último gobierno colorado fue entre 220 y 240 anuales, es decir, lo mismo que ahora.

¿Cuál es el cambio más importante en materia de seguridad con los gobiernos progresistas?

El cambio principal es que, construyendo una experiencia de la que carecíamos totalmente (porque desde un gobierno municipal no hay relación alguna con los temas de seguridad), aprendiendo de aciertos y errores, estudiando y consultando a los que saben en el mundo, por primera vez tenemos una estrategia integral de seguridad, con un abordaje desde lo legal, lo legislativo, lo social, lo táctico policial y preventivo y lo estratégico, desde la política carcelaria e incluso desde el tratamiento de las víctimas del delito.

Del otro lado, desde la oposición, hay un aprovechamiento de dos cosas: de una realidad que sigue siendo dura, con una inflación informativa totalmente "desinteresada" y del impacto que esto tiene en la opinión pública, y de batir cosas que ya se están haciendo con golpes de efecto; una campaña concentrada contra el ministro del Interior, sea quien sea, (en este caso contra Eduardo Bonomi) y la baja de la edad de imputabilidad. Y poco, muy poco más.

De la experiencia que he recogido, estudiando estos elementos hay algo que tengo claro: la gente común no quiere transformarse en un especialista en temas de seguridad, lo que quiere son resultados. Resultados claros, concretos y tangibles. Y los vamos a obtener, no por una obra de fe, sino por todo lo que se ha hecho y por una estrategia que apunta a esos objetivos.