La norma en cuestión era rotundamente inconstitucional, lo habíamos dicho dirigentes de los partidos de oposición y todos los constitucionalistas consultados por el Parlamento. Sin embargo, el Frente Amplio hizo caso omiso de estas observaciones y resolvió votar la ley cuestionada. Era obvio que los afectados por la nueva normativa recurrirían ante la Suprema Corte por inconstitucionalidad y también resultaba obvio que esta, en el cumplimiento de su cometido institucional, la declararía inconstitucional.

La ley recurrida viola el principio básico de no retroactividad de las leyes y, además, por vía indirecta, elimina la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. La reacción de diversos dirigentes del partido de gobierno fue virulenta y, tal como había ocurrido la semana anterior cuando se produjo el traslado de la Jueza Mariana Mota, se promovieron graves iniciativas que afectan la institucionalidad democrática y el efectivo principio de independencia del Poder Judicial.

La semana anterior un grupo de exaltados, entre los que se encontraban figuras pertenecientes al partido de gobierno, invadieron por la fuerza el edificio de la Suprema Corte y resistieron la orden policial de evacuación. Esto ameritó la presentación de la correspondiente denuncia penal por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero, además, la bancada de gobierno en pleno pretendió que esta corporación compareciera ante el Parlamento a efectos de explicar su decisión, lo que no está previsto en la Constitución, por lo que, como era lógico, fue rechazado por el mismo organismo.

A esta escalada de ataques políticos a la jerarquía máxima del Poder Judicial se agregó el planteo, hoy aparentemente descartado, de iniciar juicio político a ese organismo, paradójicamente, por haber cumplido con su deber jurídico, es decir por haber fallado sobre la constitucionalidad de una norma, tal como lo manda la Constitución. En el mismo momento se anunciaba una nueva concentración ante el edificio donde funciona la Suprema Corte para manifestar su repudio a la decisión tomada.

El conjunto de acciones y el tono de los discursos exhibido por diversos dirigentes frenteamplistas el día en que se conoció el fallo de inconstitucionalidad, configuraban una embestida política contra el Poder Judicial.

Ahora, las cosas parecen volver a su cauce. La loca idea del juicio político parece haber sido descartada; se aceptará que la Suprema Corte no comparezca ante el Parlamento y, por el contrario, conteste por escrito los eventuales pedidos de informes que le hagan llegar los legisladores y la manifestación realizada el pasado lunes se mantuvo dentro de los límites establecidos por las normas vigentes.

Pero queda la amarga sensación de que el reflejo autoritario, capaz de llevarse por delante las reglas de juego, anida en la cabeza de algunos sectores o grupos del partido de gobierno. Por eso es necesario reafirmar con energía nuestro más firme rechazo a las agresiones que han afectado el clima institucional de este país.

Al mismo tiempo, sin embargo, es necesario señalar que con respecto al tema de fondo no es posible encasillar a los actores políticos en dos posiciones. Para esa mirada maniquea, de un lado están los que quieren eliminar la ley de caducidad y, por lo tanto, pretenden monopolizar el respeto a los derechos humanos y del otro lado estamos los que defendemos la institucionalidad democrática enfrentando los intentos de avasallamiento a la independencia del Poder Judicial.

Pues bien, la cosa es más compleja. Porque dentro del campo de los que defienden la institucionalidad democrática, están los que prohijaron y defendieron la ley de caducidad y estamos los que siempre estuvimos en contra de esa norma porque nos ha parecido profundamente injusta e inconstitucional.

En efecto, todo el Partido Colorado y buena parte del Partido Nacional impulsaron y defendieron la Ley de Caducidad. Ciertamente hubo dirigentes del Partido Nacional que se opusieron a esa ley y seguramente hay dirigentes actuales de ambos partidos que no están de acuerdo con aquella solución. Pero lo cierto es que sobre el tema de fondo, a nosotros nos separan definiciones sustanciales de casi todos los sectores de los partidos tradicionales.

No estuvimos entonces, ni estamos ahora de acuerdo con la solución que el país tomó en aquel momento y trabajamos, siempre dentro de las reglas de juego vigentes, para cambiar esa decisión. Pero, lamentablemente, un Parlamento democrático aprobó la referida ley, la Suprema Corte de la época la declaró constitucional (equivocadamente a nuestro juicio) y finalmente el pueblo la ratificó mediante el voto popular.

Perdimos. Y como vivimos en un Estado de Derecho es necesario acatar y aceptar las reglas de juego, con independencia de que sean acordes a nuestro pensamiento y gusto.

Dentro del margen que ha dejado el orden jurídico vigente se ha avanzado de manera tal que, aun con la Ley de Caducidad vigente, ha sido posible hacer caer responsabilidades penales sobre algunos de los responsables; porque la Ley de Caducidad, a diferencia de la interpretación que le dio el gobierno de aquella época, no establecía una caducidad ilimitada, sino que tenía límites concretos en su alcance.

Por lo tanto, existen al menos tres posiciones.

Los que han rechazado la Ley de Caducidad pero no aceptan los límites que el orden jurídico y las decisiones institucionales han impuesto y, por lo tanto, han estado dispuestos a votar leyes inconstitucionales para obtener su objetivo.

Los que hoy reivindican el respeto a la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, pero en su momento apoyaron y defendieron la Ley de Caducidad, aunque fuera a todas luces inconstitucional pues justamente amputó la independencia del Poder Judicial que, paradójicamente, hoy ellos mismos reivindican.

Y los que rechazamos la Ley de Caducidad pero aceptamos que los límites del Estado de Derecho hacen imposible la consagración de una solución justa y, por lo tanto, reivindicamos con firmeza la defensa de la institucionalidad democrática y el principio de separación de poderes. Es necesario reconocer que en esta tercera posición también es posible ubicar a algunos dirigentes de los otros tres partidos.