Horribilis

Todo es política, dice el ciudadano común, desencantado de las decisiones que toman sus dirigentes. Las explicaciones y las réplicas ante el precipitado fin de Pluna parecen buscar el costado de este desaguisado y darle la razón.

Desde el gobierno se procura explicar por qué hace menos de un mes se hicieron cargo de la aerolínea con el objetivo prioritario de que siguiera volando y el viernes pasado la cerraron, dejando a miles de pasajeros con las valijas prontas y a setecientos trabajadores en la calle. La hipótesis de que el Estado podría llegar a enfrentar juicios en Brasil por tres mil quinientos millones de dólares suena plausible, sobre todo si se tiene en cuenta que, tras los dos fallos favorables a los trabajadores contra Pluna-Varig, la justicia brasileña genera una jurisprudencia que puede resultar lapidaria. A eso se suma que nuestra “aerolínea de bandera” tenía una falta de liquidez que impedía su operativa y que el Estado uruguayo carece de instrumentos jurídicos para capitalizar la empresa. En este contexto, el oficialismo se indigna de que la oposición busque sacar rédito político, como si el Frente Amplio no hubiera hecho lo mismo cuando era oposición. Todo es política, dice la vecina sin entender mucho qué es un fideicomiso.

El gobierno propone subastar aviones y rutas para pagar los créditos laborales y la deuda devengada por la aventura de salirle de garantía a Leadgate. La subasta parece un camino de una sola vía que tiene al Juan Carlos López Mena, con la mayor red de ventas y de interconexiones de la región, como oferente único. Será su voluntad y no el mercado ni mucho menos el Estado uruguayo quien determine el valor de la operación.

Desde la oposición no se deja de recordar que fue durante el gobierno de Vázquez que se arrimó a Matías Campiani y a Leadgate, un negocio que puede terminar costando varias decenas de millones de dólares. Mientras trata de pilotear la crisis, el oficialismo insinúa apenas una defensa que se volverá más estridente si la oposición intenta ponerlo contra las cuerdas. En el Frente Amplio se entiende que en la matriz de todo este caos está la forma en la que se creó el “grupo económico” Pluna-Varig y la responsabilidad de la primera en los juicios.

El senador Pedro Bordaberry afirma que lo importante no es buscar responsables sino “apagar este incendio”, cuestiona la hipótesis de los juicios masivos por entender que son apenas unos doscientos cincuenta y dice que su partido no votará la liquidación de Pluna si lo que se busca es que el Estado no cumpla con sus obligaciones. Precisamente allí está el nudo del problema: si los reclamantes brasileños se presentan masivamente alentados por los fallos, el costo del cumplimiento de las obligaciones por parte del estado, arroja una cifra peligrosamente parecida a la generada por la pérdida de reservas durante la crisis financiera de 2002.

El gobierno y la oposición no olvidan ese “annus horribilis”, que preludió una rotación histórica de los partidos en el poder. Todo es política, dice el ciudadano común, y quizás tenga razón.