Haciendo obra con plata ajena

Estas prácticas se han realizado durante las administraciones de los viejos partidos tradicionales y han continuado sin ningún cambio a partir de la llegada del Frente Amplio al poder. Por tanto, las responsabilidades son compartidas por parte de los tres partidos mayoritarios.

No estamos hablando de las decisiones en materia de publicidad y marketing. En estos campos las empresas públicas en situación de competencia y en ciertas circunstancias (lanzamiento de nuevos programas o propuestas) en régimen de monopolio, tienen que invertir recursos para difundir, promover o desarrollar sus diferentes servicios y productos.

Aun en estos casos, sin embargo, es esencial que estas empresas públicas realicen sus campañas de marketing y publicidad con objetividad, aplicando criterios de transparencia y equidad con respecto a los diferentes medios de comunicación en donde avisan a lo largo y ancho del país.

Pero otra cosa muy distinta es el enorme inventario de donaciones, colaboraciones y contribuciones que los Directorios de las empresas públicas resuelven y realizan desde tiempos inmemoriales.

¿Alguien puede decir en base a qué norma jurídica se sustenta que los directores de las empresas públicas resuelvan hacer obra con plata ajena? No existe ningún fundamento jurídico ni ético que les permita a tantos directores de empresas públicas aprovecharse de sus cargos para generar prestigio y poder a lo largo y ancho del país.

Los Directores de los Entes Autónomos no son dueños de las empresas en las que fueron designados. Tampoco lo son los diferentes jerarcas gerenciales, aunque muchas veces se sientan "dueños y señores" de esa empresas. Las empresas públicas son del Estado y de todos los uruguayos. Resulta inadmisible que los jerarcas de las empresas públicas resuelvan el uso de recursos públicos, que son de todos, para decidir apoyar a las organizaciones que se les cante. Parece evidente que se trata de situaciones de "abuso de poder".

La situación de las empresas públicas es muy diferente a la de las empresas privadas, por una sencilla razón. En el caso de las empresas privadas el capital, el patrimonio y los riesgos son de los dueños de esos emprendimientos, por lo que pueden hacer con sus recursos lo que mejor les parezca. Cuando hacen una donación o deciden apoyar a una organización social, lo hacen por su cuenta y riesgo y con sus dineros propios.

Mientras que en el caso de las empresas públicas, los jerarcas de turno (por más Presidentes de Directorio que sean) no son dueños de esas empresas, no arriesgan sus propios recursos, ni su patrimonio, sino que están allí para administrar fondos públicos que son de todos los uruguayos.

¿Quién les ha dado autoridad a los Directores de las empresas públicas para seleccionar a qué organizaciones sociales favorecer? ¿Por qué en este país se acepta que las empresas públicas definan, con sus muy arbitrarios criterios, una suerte de políticas sociales "ad hoc", eligiendo a quien ayudar o apoyar?

El Estado uruguayo tiene definido en su ordenamiento jurídico qué organismos o instituciones del Estado deben hacer y desarrollar las políticas sociales. Son los ministerios sociales los que definen las prioridades sociales y a qué instituciones u organizaciones sociales apoyar y en función de qué requisitos o condiciones hacerlo. Es el Presupuesto Nacional aprobado por el Parlamento con las correspondientes mayorías el que establece el uso de los recursos públicos; estas son las efectivas garantías para todos.

Cuando el Directorio de una empresa pública decide donar materiales o dinero a organizaciones sociales de diversa naturaleza está violando la Constitución que establece, con claridad, en el artículo 190 que: "Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales".

Donar plata o materiales por ejemplo para una policlínica, por muy loable que sea su cometido, no es un fin propio de ninguna de las empresas públicas o servicios descentralizados de este país. Hacer contribuciones o colaboraciones para organizaciones sociales, culturales o deportivas no es tarea de estos organismos públicos.

El problema es que en muchos casos se ha hecho abuso del poder para propiciar "carreras políticas", promoviendo las figuras de sus respectivos jerarcas. Ha habido numerosos casos de Presidentes de empresas públicas que utilizaron sus cargos para "catapultar" con dinero ajeno su propia carrera política; nada indica que esto haya cambiado hoy en día.

También ha servido para que jerarcas originarios de ciertas localidades hagan clientelismo político donando a organizaciones de sus Departamentos de origen. Basta revisar en las diferentes administraciones a dónde se destinaron las donaciones, colaboraciones y contribuciones sociales y el origen local de sus Directores para confirmar la triste realidad.

Estas circunstancias se hacen más agudas y evidentes en los períodos de crecimiento, porque las empresas públicas obtienen más recaudación y poseen mayores recursos, por lo que la "fiesta clientelística distributiva" se dispara contundentemente. Justamente estamos en un nuevo período de crecimiento y por ello estas prácticas han vuelto a incrementarse notoriamente.

Porque, además, estas prácticas producen un efecto sobre el que pocas veces se habla. Cada peso otorgado en estas contribuciones y donaciones, supone la correlativa reducción del margen de ganancia de la empresa y, por tanto, afecta las cuentas públicas y reduce en igual proporción, los recursos disponibles para las auténticas políticas sociales.

La calidad de la democracia se juega en estos aspectos también. Resulta imprescindible poner, de una vez por todas, un freno a estas prácticas opacas e injustas. En estos días presentaremos un proyecto de ley que establezca la regulación legislativa del artículo 190 de nuestra Constitución.

En momentos en que el gobierno debe tomar decisiones que le permitan reducir su abultado déficit fiscal, sería oportuno que el Presidente de la República, cuya austeridad reconocemos y valoramos como una cualidad muy positiva que lo caracteriza, mandara a todos los jerarcas de su Administración, a cesar con tanta "generosidad con plata ajena".