Fuego amigo

Los hechos ocurrieron más o menos así. El viernes pasado, un recluso internado en el Penal de Libertad hirió con un arma de fuego a uno de los guardias, causándole muerte cerebral, antes de caer abatido. La Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP, afiliada al Pit-Cnt) respondió con un paro que incluyó la suspensión de las visitas pero nada dijo sobre la responsabilidad criminal de algunos de sus colegas. De hecho, el guardia fue víctima de dos delincuentes; uno de particular, que lo atacó a balazos, y otro de uniforme, que miró para el costado el día que el arma ingresó al Penal. Pero el desaguisado apenas comenzaba.

Como consecuencia de la suspensión gremial de las visitas, se desató un motín en la Cárcel de Mujeres que pudo destrabarse sin mayores inconvenientes por la eficiente negociación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé. Desde el Ministerio del Interior se hacía saber que se tomarían medidas severas contra policías que incumplieron sus deberes.

La respuesta de la USIP fue prometer aún más complicaciones. La delegada sindical Patricia Rodríguez amenazó a las autoridades con promover "más líos" y adelantó que, si se sanciona a los policías por estos desmanes, "se va a pudrir todo". Es curioso porque daría la impresión de que ya está todo lo suficientemente podrido. De lo contrario, no se entiende cómo es posible que uno de sus compañeros de tareas haya sido herido en la cabeza por un recluso que portaba un arma de fuego, por no hablar de otro colega que salvó su vida de milagro cuando un recluso le disparó a la cabeza en un intento de fuga, con tanta fortuna que el arma se trancó.

El discurso de los gremios policiales disimula la responsabilidad de sus colegas en las condiciones de trabajo de los guardias carcelarios, como antes lo hacían en sus magros salarios. El argumento volvió a repetirse tras los episodios recientes, cuando Patricia Rodríguez justificó el enfrentamiento con las autoridades a raíz de la suspensión de las visitas dispuesta por la USIP, en "las (malas) condiciones en las que trabajan los policías". El argumento es tan grave como sería que los gremios docentes justificaran que las maestras enseñaran que dos más dos son cinco o que vaca se escribe con be, como retaliación por los salarios bajos y los problemas edilicios. Lejos de constituir un argumento de legitimidad sindical, el discurso y el accionar de los gremios policiales se sustentan en el chantaje y la irresponsabilidad frente a los acontecimientos que protagonizan sus colegas deshonestos.

Las autoridades tienen claro que, así como la reciente reestructura policial tuvo como objetivo principal controlar a los comisarios y acotar su libertad de acción, el camino para mitigar estos desmanes pasa por la instalación de controles a cargo de personal militar y de mecanismos electrónicos de monitoreo. Por eso y por la autocrítica de la USIP, alguno de cuyos integrantes miró para el costado cuando ingresaba el arma que dejó con muerte cerebral a un guardia del Penal de Libertad.