Firmitis

Curiosa obsesión la que ha atacado al senador colorado. Resulta que los dos principales problemas que aquejan a nuestra sociedad, según Bordaberry, se resuelven juntando firmas y esperando al 2014 para que, en un eventual triunfo plebiscitario, pueda implementar algunos cambios en 2015.

El problema es que, además, los problemas que tenemos en materia de seguridad no se arreglarán con su tan mentado plebiscito; puesto que es muy obvio que la rebaja de la edad no logrará mejora alguna en la situación de inseguridad del país. Tampoco se resolverá la grave problemática de la educación mediante las ideas que Bordaberry pretende constitucionalizar.

Los cambios en la educación son imprescindibles y urgentes; pero además abarcan desde cuestiones relacionadas con la legislación hasta asuntos directamente relacionados con la gestión del sistema educativo.

Francamente, aumentar el número de días de clase obligatorios, bandera central levantada por Bordaberry, de poco o nada servirá si no cambiamos la dinámica del funcionamiento del sistema educativo que indica que el ausentismo docente en la enseñanza media orilla en torno al 20%. Por otra parte, en su momento se informó que los días de clase previstos ya están cerca de los doscientos reclamados por el promotor de las campañas de firmas.

Seguramente todos estamos convencidos de que permitir el acceso de los ciudadanos del Interior a los estudios universitarios es un objetivo de primera importancia. Convertir este reclamo válido en la idea concreta y única de crear una segunda universidad pública en el Interior ya es una propuesta bastante más discutible y polémica, como para convertirla en bandera para recoger firmas.

Derogar la ley de educación no se puede hacer por plebiscito constitucional y ya ha pasado el plazo para accionar mediante un recurso de referéndum contra esta norma.

Como se ve, se trata, otra vez, de una iniciativa superficial y escuálida. Se pretende hacer creer a la ciudadanía que se está planteando la gran solución; cuando en realidad, aunque culminara con su aprobación, no cambiaría prácticamente nada de la trágica realidad de nuestra educación.

Es difícil encontrar en esta iniciativa otra motivación que el afán de generar otro hecho político para concitar la atención pública y hacer campaña de marketing.

Los cambios en educación requieren, indispensablemente, del logro de acuerdos políticos amplios que aseguren su viabilidad; de otro modo solo será un nuevo "saludo a la bandera" o "una jugada para la hinchada".

Este es, justamente, el problema político de estas iniciativas reiteradas para pedirle a la gente la firma. Generan la idea equivocada de que las soluciones se alcanzan con campañas de firmas para incorporar decisiones en la Constitución.

Pero, además, las campañas de firmas convierten los debates en meras disputas reducidas a la lógica del "blanco y negro", del "sí o no" de "a favor o en contra". Estas campañas son fuertemente simplificadoras de los verdaderos alcances de estos temas y de la complejidad de las soluciones que requieren.

Por otra parte, tampoco parece razonable seguir aumentando los temas y asuntos que se incorporan al texto de nuestra Constitución. Ya la iniciativa sobre seguridad constitucionalizaría, en caso de que tuviera éxito, decisiones que no deberían estar en el texto constitucional.

Pero los contenidos que se proponen en materia de educación, con la excepción de la muy polémica creación de una segunda universidad pública, tampoco poseen naturaleza constitucional, por lo que su inclusión sería totalmente inútil.