Fantasmas

La gente suele recurrir a estas expresiones para sentenciar una realidad social crecientemente compleja. Especialmente cuando siente que los poderes públicos se meten con su bolsillo o su libertad, si es que hay alguna diferencia entre lo uno y lo otro.

La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que investigue el financiamiento de los partidos políticos entre 1999 y 2015. La comisión es el resultado de rebuscadas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, luego de que ambos amenazaran con investigar presuntas irregularidades en las campañas de sus rivales y cuando parecía demasiado evidente que una negativa a investigar tendría un costo político mayúsculo.

La sensación que dejó esta negociación es que ninguna de las partes se está tomando en serio la necesidad de hacer más cristalino y escrutable el financiamiento de las campañas, y en general de los partidos. De modo que la transacción pareció una reunión de gitanos que no querían revelarse mutuamente las líneas de sus manos.

Los ciudadanos tenemos razones para pensar que el sistema político uruguayo, representante de una sociedad razonablemente decente, nos está debiendo una legislación que aleje toda posibilidad de que los grupos económicos y los vínculos con poderes extranjeros terminen incidiendo de manera inapropiada en los procesos electorales.

El debate en torno a la creación de la comisión fue un intercambio de tarascones caninos muy poco elegantes, ante la mirada atónita de los amos.

Estamos ante un tema de la mayor relevancia institucional. Si el acceso a un financiamiento generoso es una variable relevante de la vida política, es probable que aquello que entendemos por democracia no se corresponda con la realidad.

No es tan solo el problema de la propaganda y los espacios en los medios de comunicación, sino el compromiso que las "donaciones" terminan generando en los dirigentes políticos.

Tampoco es un defecto exclusivo del sistema político. Algo similar se percibe en la Justicia de Crimen Organizado, especialmente en sus procedimientos, ritmos, prioridades e iniciativas.

Es como si la sociedad uruguaya hubiera celebrado un pacto no escrito, destinado a no poner en un compromiso nuestra auto- indulgencia: para no llevarnos un disgusto, casi nunca investigamos a fondo las cosas.

En estas circunstancias, es poco probable que la labor de los legisladores vaya más allá de lo anecdótico. Quizás haya descubrimientos y revelaciones que pongan sobre la mesa alguna trama poco apropiada de tráfico de influencias y dinero.

Pero la investigación no nace de una convicción legítima de mejorar los niveles de transparencia y la calidad de la democracia uruguaya sino del aprovechamiento de las miserias, presuntas o reales, del adversario. No fue un buen comienzo y no se augura un buen final.