Falsa disyuntiva

Uno de los ejes principales fue el apoyo a la educación pública, especialmente a la necesidad de que no se detenga la inversión del Estado. Nada sorprendente ni estrafalario, al menos para las ideas de curso normal en la sociedad uruguaya contemporánea. Sin embargo, la disyuntiva planteada al gobierno de elegir entre construir escuelas o cárceles, tiene un tinte demagógico y se vincula, paradójicamente, con algunos discursos de la derecha.

El gobierno, entre otras responsabilidades, debe garantizar a los presos la vigencia de sus derechos. De hecho, luego del informe del relator de ONU para el sistema carcelario, que en 2009 calificó a los centros de reclusión uruguayos como inhumanos, el gobierno mejoró sensiblemente la realidad carcelaria, sin dejar de atender a la educación pública con partidas crecientes de dinero.

Como parece obvio, los gobiernos no pueden elegir cuál de sus responsabilidades cumplir y cuál no, sobre todo si estas involucran la vida y la integridad física de personas que tiene bajo su cuidado.

La realidad del sistema carcelario es muy reveladora: los delincuentes son, en su inmensa mayoría, hombres jóvenes, pobres y de bajo nivel educativo. Una inversión adecuada debería ofrecerles la posibilidad de adquirir habilidades y hábitos que no supieron encontrar antes en sus vidas.

Es que invertir en cárceles es también hacerlo en la educación, especialmente en la de personas provenientes de familias y barrios donde los ingresos, los servicios y los ejemplos de vida, están muy por debajo de los que encuentran la mayoría de los trabajadores uruguayos.

Si al Pit-Cnt le preocupa de verdad el destino del dinero que el gobierno distribuirá con la rendición de cuentas de este año, debería reclamar a los gobernantes un manejo de los recursos públicos que sea prudente y responsable y que tenga un sentido de lo prioritario. El reclamo sindical debió completarse con una referencia a la calidad del gasto educativo o, dicho de otro modo, a los resultados que razonablemente podemos exigir al sistema, que no ha presentado mejoras significativas a pesar del creciente esfuerzo material de la sociedad uruguaya en la materia.

En términos generales, la central sindical uruguaya sigue teniendo una visión distorsionada sobre la relación entre trabajo y capital, acaso por responder a una concepción marxista tradicional. El hecho que el trabajo sea un dere- cho (así lo reconoce la Consti- tución de la República en su Art. 7) suele generar confusiones. En la práctica, nadie tiene derecho a acceder a trabajos inexistentes o insuficientes, como nadie puede exigir que se le mantenga en puestos de trabajo que generen pérdidas en lugar de riquezas.

No es aceptable alegar que los resultados educativos no son buenos por falta de recursos, ni que se demora veinte años en dar resultados. Esto suena a excusa para eludir el compromiso de educar estudiantes competentes, y de someterse a criterios mensurables de eficiencia. Por desgracia, en los discursos del 1º de mayo nunca hay tiempo para estas cosas.