De un lado, el gobierno insiste en la construcción de la planta de celulosa en el Río Negro por sus supuestos beneficios económicos. Del otro lado, la empresa UPM cultiva una imagen de una impecable gestión ambiental. Cualquiera de esos dos supuestos sufrieron otro duro golpe al conocerse que se había rechazado el primer estudio de impacto ambiental presentado por la compañía. Nuevamente se desnudó la improvisación gubernamental en el manejo de estas negociaciones.

El trámite de permisos ambientales se inició el pasado febrero, cuando la empresa indicó que construiría su nueva planta en el Río Negro en las proximidades de Pueblo Centenario y Paso de los Toros. En un tiempo record, de apenas dos meses, la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) concedió la llamada “viabilidad ambiental de localización”.

Acelerar las autorizaciones es una de las manifestaciones de la llamada “flexibilización” ambiental, donde un gobierno lo hace para no trabar las inversiones. En el caso UPM-2 no se conocen los fundamentos por los cuales, en un par de meses, el Estado entendió que era aceptable aquel sitio y no otro, para construir un emprendimiento de esas dimensiones.

El frenazo

En el paso siguiente, la compañía UPM debía elevar todos los estudios detallados sobre qué es lo que construirá y cómo funcionará. Es obvio que ese informe sería de una complejidad enorme, ya que es una planta que casi duplica la que hoy funciona en Fray Bentos y estará entre las más grandes del mundo. Considerando su consumo de agua y recursos, y los efluentes y contaminantes que genera, se asemeja a lo que sería la segunda ciudad del Uruguay.

La empresa presentó su informe el 9 de julio, y lo que avanzaba a velocidad de vértigo sufrió un frenazo: el análisis fue rechazado por la DINAMA. Eso es grave, pero lo es todavía más cuando se conocen las razones de los técnicos del Ministerio del Ambiente para esa decisión. Señalan que el estudio que la empresa realizó sobre el posible impacto ambiental posee “desajustes” en “prácticamente la totalidad de la documentación”, con “insuficiencia de información y análisis”.

DINAMA califica que son “notorias” las insuficiencias en cuestiones esenciales, como la descripción del proyecto, las características de las descargas hacia el Río Negro y cómo esto afectará sus aguas, la identificación o propuesta de medidas de mitigación y compensación, o el análisis de riesgo. La conclusión es demoledora: el documento de la compañía no permite “una total comprensión del proyecto y evaluación de los impactos”.

Frente a esta situación, una primera reacción es felicitar a la DINAMA, y en especial a los técnicos que detectaron esas omisiones. Esto es lo que debe hacerse, y está muy bien que ocurriera. UPM presentó una nueva versión corregida del Estudio de Impacto Ambiental el 3 de setiembre, y es la que está disponible al público.

La segunda cuestión es advertir que no es nada raro que una empresa eleve un estudio ambiental incompleto o que subestime sus efectos. Ninguna compañía  va a admitir que su emprendimiento es tan contaminante que debería ser rechazado. Pero de todos modos, la publicidad empresarial sobre las bondades de su gestión ambiental queda en entredicho ya que, por ejemplo, por ahora no ha podido explicar satisfactoriamente los impactos ecológicos en el Río Negro.

Efectos

¿Aquel rechazo afecta a la reputación de la empresa? En buena medida sí, ya que ésta cultiva la imagen de excelencia ecológica. Pero el asunto pasó desapercibido ya que, por un lado se redoblaron los dichos gubernamentales en apoyo al emprendimiento, y por otro lado, casi toda la prensa desaprovechó o simplemente no entendió lo que ocurría y no lo informó.

En efecto, los planes de la empresa y el gobierno ya son muy conocidos y repetidos, y en cambio, la “noticia”, como novedad, estaba en que se había rechazado aquel primer estudio de impacto ambiental. La conferencia de prensa que brindó un alto ejecutivo de UPM en Montevideo, el pasado 13 de setiembre, era una oportunidad óptima para saber más sobre cómo interpretaba la empresa el rechazo y cuáles fueron los cambios en el proyecto. Si bien en ese evento la sala estaba repleta de periodistas y cámaras, nadie preguntó sobre el asunto.

¿Esto afecta al gobierno? Sin duda eso está ocurriendo, ya que de todos modos las informaciones circulan desde algunos medios y muy intensamente en las redes sociales. No pasa desapercibido que en las últimas semanas ministros como Víctor  Rossi o Carolina Cosse, alabaron el emprendimiento, pero no le dijeron a la opinión pública que el estudio ambiental había sido rechazado. También se supo que la OPP preparó una guía para defender a UPM-2, lo que resulta incompresible si hasta hace muy poco ni siquiera la propia empresa podía explicar cuáles eran los impactos sobre el Río Negro, tal como revela la decisión de DINAMA.

Acelerando otra vez

Las opciones para lidiar con esta problemática son limitadas por el llamado “contrato” que firmó la presidencia con UPM. Entre sus escandalosos extremos se cuenta que el gobierno se autoimpuso un plazo de solamente 12 meses para hacer toda la evaluación ambiental. Como el proceso comenzó en febrero, ahora solo le quedan unos seis meses.

En estos pocos meses se tiene que revisar un estudio ambiental enorme: un documento describiendo el proyecto (161 páginas), el estudio de impacto ambiental (dos tomos, de  224 y 308 páginas cada uno) con sus dos anexos (más de 900 páginas en total), y unos informes más pequeños. En total casi 1 700 páginas. En ellos, la empresa hace su descripción de su emprendimiento, con todos sus elevados riesgos sobre el territorio y la cuenca del Río Negro, y que involucra todo tipo de disciplinas. ¿Cómo hará el Ministerio del Ambiente para revisar y cotejar esas 1 700 páginas en seis meses? ¿Cuáles serán los análisis independientes que sirvan como comparaciones frente a los dichos de la empresa? ¿Cómo será el proceso de consulta ciudadana?

Ese plazo perentorio se convierte en una condicionalidad aplastante sobre la evaluación ambiental y otra vez se apunta a un trámite express. Es una imposición que no está contemplada en nuestra legislación y nos aleja de un proceso informado, consultado y transparente.

Notas:

Finlandesa UPM dice que Uruguay trabaja "muy fuerte" para concretar papelera, El País, 13 setiembre 2018.

El estudio ambiental presentado por la empresa UPM y otra documentación están disponibles en el Observatorio Ambiental, en https://www.dinama.gub.uy/oan/?proyectos=planta-de-celulosa-paso-de-los-toros