Están corriendo los plazos para la Agencia Nacional de Vivienda

A mediados de julio de este año, a dos años de aprobada la Ley de Urgente Consideración (LUC), la ciudadanía se enteró de que se había archivado un informe jurídico que analizaba cómo afectaría a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) la aplicación de algunos artículos de la LUC referidos a los plazos de las prescripciones de deudas. De no encontrar una rápida salida, miles de deudas quedarían sin saldar porque caerían, con el consiguiente perjuicio para el Estado que tendría pérdidas millonarias. Según lo declarado por las autoridades; entre 50 y 500 millones de dólares.

Eso significaba achicar aún más los recursos del Estado destinados a resolver problemas de vivienda.

El Gobierno tuvo que salir de apuro a conseguir un modo de solventar la situación de riesgo en la que se había caído a raíz de su desidia. No encontraron mejor solución que poner un parche, pidiendo al Parlamento que votara una prórroga para comenzar a aplicar la LUC. En rigor, deberíamos decir una nueva prórroga, ya que la propia LUC había dado un plazo de dos años para que esos artículos empezaran a regir.

Esto sucede en una administración que dedicó un buen tiempo a hacer auditorías al gobierno anterior y que sólo arrojaron como resultado, según su ministra de Economía, “desidia y poco apego”, por parte las autoridades anteriores.

A pesar de su reiterativa afirmación sobre “estar preparados para gobernar” en la ANV desconocían el contenido de la LUC. El Senado, a instancias del Frente Amplio (FA) resolvió convocar a las autoridades para recibir una explicación de lo que sucedió; que pudo haber sido causa de una crisis de proporciones en la actual emergencia habitacional si no se hubiera contado con la predisposición del FA para dar soluciones a la situación, buscando salvaguardar el patrimonio público y el apoyo tan necesario para las familias que aún esperan respuestas a su necesidad y su derecho a la vivienda.

Durante los 15 años de administración frenteamplista se buscó, primero resolver la situación de insolvencia en que se encontraba el Banco Hipotecario al asumir el Gobierno en 2005,  luego con la creación de la ANV como parte de la reestructura del BHU en 2007, y desde allí “La ANV fue adoptando una política de recuperación y preservación de los activos que generó incentivos para el pago de las cuotas, lo que se reflejó en una clara disminución de la morosidad. Al momento de ser transferida la cartera de créditos tenía globalmente una morosidad mayor al 60%. A diciembre de 2019, la cartera reestructurada (a la que le correspondía quitas) había disminuido la morosidad a valores en torno al 6,5%; es decir, el conjunto de cuentas con la política aplicada (27.282) volvieron al circuito de pago y mantuvieron el comportamiento. Además, los créditos que no fueron reestructurados también volvieron al circuito de pago como resultado de la gestión de la cartera, disminuyendo su morosidad a cerca del 19%; y los créditos de cooperativas disminuyeron su morosidad a la mitad hacia diciembre de 2019, alcanzando un 29,6%.”[1] Una pequeña muestra de cómo se puede actuar con responsabilidad.

Al día de hoy la ciudadanía sigue sin enterarse cómo fue que el directorio no recibió el informe, en razón de qué se archivó antes de llegar a manos de las autoridades: Gerente General, Asesor legal, Secretario General, todos cargos de confianza política. Tampoco  hubo acuerdo según las manifestaciones de distintas autoridades, acerca de cuánto dinero estaba en riesgo (tampoco la certeza de a cuántos organismos afectaría), cuántos créditos eran los alcanzados por la prescripción; tampoco sabemos cómo se piensa resolver el asunto para que al término de los dos años de gracia votados por el parlamento no nos encontremos en la misma (o peor) situación.

Cuando desde la Secretaría de Presidencia de la República se redactaron los artículos de la LUC ¿No se consultó a los organismos involucrados? El Asesor legal del Directorio, que participa de sus reuniones, ¿no leyó el contenido de la norma aprobada? ¿Lo leyó y no lo comentó a las autoridades? La secretaría General que también participa de las reuniones del Directorio ¿tampoco leyó la normativa propuesta y aprobada hace dos años?

Dice a la prensa quien fuera Gerente General, el coronel retirado Gustavo Fernández Bernasconi, que renunció, no fue destituido, que no fue por ser responsable del archivo del famoso expediente sino por falta de entendimiento con quien preside la agencia y agrega que cuando decidió archivar, el expediente ya había recorrido todo el circuito que correspondía, y el Presidente de la ANV, Klaus Mill von Metzen habla de fallas e irregularidades que habrían llevado a la destitución del Gerente General. Ambos cargos correspondientes a Cabildo Abierto, lo que nos deja con la duda en torno a qué peso tienen las desavenencias internas en CA sobre todos estos hechos (El Observador 21/07/2022). Y la pregunta de fondo, de quién es la responsabilidad concreta y la responsabilidad política de la pérdida de dos años de trabajo que hubieran permitido instrumentar y gestionar la mejor salida para la aplicación de estos artículos, sin tener que arremeter de apuro para legislar emparchando lo que había, sigue sin ser contestada con claridad.

Tenemos derecho a dudar observando cómo se han manejado las autoridades de este Ministerio, desde los planteos durante la campaña; iban a construir 50.000 viviendas pero luego de las elecciones resultó sólo “un modo de decir”, van a invertir 480 millones de dólares en el Plan Avanzar pero no pueden explicar de dónde surgen los recursos para llegar a esa cifra que actualmente no pasa de anuncio. Se necesita más responsabilidad y compromiso en la tarea de gobierno.

[1] Informe: Actuación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) hasta diciembre de 2019. Julio de 2022

Francisco Beltrame y Claudio Fernández.