El país de los "derechos adquiridos"

En efecto, en forma permanente observamos que tanto en la vida cotidiana como en la resolución litigios, incluso en ámbitos judiciales, el criterio de los “derechos adquiridos” se impone como una máxima de inspiración superior, capaz de sobreponerse a cualquier otro principio o reivindicación.

¿Qué significa hacer prevalecer el criterio de los “derechos adquiridos”? En general supone la idea de que lo que un individuo obtuvo o conquistó en determinado momento ya no es pasible de ser reducido o modificado, aun ante la eventualidad de que sobrevengan nuevas circunstancias.

El que llegó y ocupó un lugar, entonces, allí estará para siempre y nadie nuevo puede afectar lo obtenido por el primero. Se trata de un principio que, en su origen y bien aplicado, busca evitar la arbitrariedad de la autoridad que, en virtud de su decisión, pueda afectar en forma injusta a alguien que había logrado ocupar previamente una posición.

Sin embargo, este criterio de defensa frente a la arbitrariedad, se ha ido constituyendo en nuestro país en un principio implícito de carácter general, que afecta fuertemente los derechos de los más jóvenes y de los nuevos.

En efecto, en nombre de los “derechos adquiridos” se ha pretendido y logrado reivindicar situaciones funcionales de personas que no cumplían debidamente con su función, pero como ya habían obtenido en su momento ciertas reivindicaciones no se les podía quitar o reducir.

La doctrina de los “derechos adquiridos” ha servido para impedir cambios, para “no tocar nada” en nuestro aparato estatal e, incluso, ha servido para restaurar a su situación de origen, eventuales impulsos de transformación. Ha servido y sirve también, en muchos casos, para consolidar privilegios y prebendas.

Este principio está acompañado de la primacía de la antigüedad, que es de hecho, el otro principio rector de nuestra Administración. La cuestión es “perdurar” y no hacer demasiados disparates, de ese modo se garantiza a la persona una continuidad segura y un periódico proceso de ascenso en la escala burocrática, sin riesgo de perder el empleo y con la certeza de una jubilación al final del camino.

Nada más contrario al mundo que hoy vivimos. Nada más lejano a la búsqueda de la excelencia. Nada más desalentador para los jóvenes que buscan desarrollar sus talentos y aptitudes. Nada más favorable a la emigración de los más capacitados.

Durante este período de gobierno, más allá de las apuestas retóricas al país productivo, se alentó e impulsó el acceso a los cargos públicos con llamados fundados en el criterio del sorteo y no de la evaluación de las capacidades. Se ha mandado, otra vez, como en el viejo Uruguay de los años cincuenta, la peor señal a nuestros jóvenes, diciendo que la posibilidad más preciada de trabajar en este país, es acceder a un cargo público.

Mientras tanto, el mundo continúa avanzando a otro ritmo, valorando la importancia del riesgo, de la creatividad y de la innovación. Señalando con claridad que en vez de los “derechos adquiridos” se deben valorar los “conocimientos adquiridos” y la capacidad de desarrollarlos a lo largo de toda la vida.

Por otra parte, los Estados que funcionan bien han evolucionado hacia sistemas de evaluación de resultados, priorizando la fijación y el cumplimiento de metas en vez de la reiteración de rutinas y hábitos sin sentido.

Este es otro componente indispensable del cambio urgente en nuestra cultura política y en nuestras prácticas públicas, si queremos construir un país exitoso.