El mágico mundo de las telecomunicaciones

También parece ser que el gobierno departamental de Montevideo acepta gustoso que la empresa pública le "saque las castañas del fuego", y sustituya su impresionante incapacidad de gestión para resolver con éxito el derrumbe del Cilindro; aplaudiendo que ANTEL haga indebidamente, lo que el propio gobierno departamental debería hacer.

De lo que no hay dudas es que la única competencia que la legislación le atribuye a ANTEL son las telecomunicaciones. Ni más, ni menos. Por lo tanto, la discusión jurídica se traslada a establecer exclusivamente si la construcción de un estadio dedicado a espectáculos públicos deportivos y culturales es un cometido que la legislación le asigna a ANTEL.

Porque nadie duda que es necesario resolver la situación patética del Cilindro Municipal. Incluso es probable que no hubiera discrepancias con destinar ese predio a la construcción del referido estadio. El problema es que en un Estado de Derecho los organismos públicos y todos los ciudadanos debemos someternos a las reglas jurídicas y acatar la normativa determina que en esta materia las empresas públicas solo pueden hacer lo que la ley y la Constitución expresamente habilitan y deben abstenerse de hacer lo que no está expresamente previsto.

Pues bien, la Presidenta de ANTEL ha sostenido en numerosos y amplios reportajes realizados en los últimos días que la construcción del referido estadio está dentro de los cometidos de esa empresa pública. Su argumento es que ese edificio se destinará a la realización de espectáculos públicos con un alto contenido de aplicación de tecnología y de recursos de telecomunicaciones. Se ha dicho que ANTEL construye el estadio como un acto preparatorio para desarrollar su cometido, es decir las telecomunicaciones. Dijo, además, que sus asesores jurídicos han sostenido el ajuste a derecho de este emprendimiento fundado en los argumentos que la Presidenta Carolina Cosse expresó.

Por lo tanto, siguiendo su sorprendente razonamiento, ANTEL podría construir toda aquella edificación que contenga en su interior un conjunto de tecnologías apropiadas para desarrollar las telecomunicaciones. Entonces, ANTEL se podría dedicar a la construcción de viviendas, puesto que cada casa es hoy una construcción que alberga en su seno diferentes instrumentos y equipamientos de telecomunicaciones: teléfonos, televisores, TV por cable, banda ancha dando servicios de Internet.

ANTEL podría reclamar la construcción de las escuelas y liceos, en la medida que en ellos se desarrolla el Plan CEIBAL, que no es otra cosa que un programa sustentado en el desarrollo de las telecomunicaciones.

Con este criterio mágico sobre el alcance del cometido de las telecomunicaciones nada de este mundo le es ajeno a sus potestades jurídicas. Ridículo, ¿no? Sin embargo, esa es la línea de razonamiento de los jerarcas de ANTEL.

Si así razonaran los jerarcas de UTE, nada de este mundo les sería ajeno a sus competencias en la medida que la energía eléctrica anda circulando a lo largo y ancho de nuestro territorio. UTE podría reclamar la construcción de calles y avenidas porque están iluminadas por la electricidad que esta proporciona, también podría entrar en litigio con ANTEL por la construcción de viviendas porque en ellas también se realiza el cometido atribuido por la ley a UTE de brindar servicios de energía eléctrica.

Y así podríamos seguir en el mundo mágico del absurdo a partir de un razonamiento insostenible para justificar una decisión inconstitucional. Parece que hemos entrado en el mundo del "vale todo". Quizás es responsabilidad de que desde la máxima conducción del país se ha relativizado la importancia y la prevalencia de lo jurídico.

Esto no significa que el proyecto sea descartable o cuestionable en sí mismo. Quizás sea una muy buena idea impulsar la construcción de un estadio cerrado en el lugar del Cilindro. Pero la condición indispensable para que se realice consiste en que se haga de acuerdo a la normativa vigente.

Es por eso que, si el gobierno entiende necesario impulsar esta obra, bueno sería que utilizara los recursos necesarios a través de aquellos organismos públicos que tienen competencia para este emprendimiento, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y Deporte o el SODRE; pero no a través de un organismo que carece de la mínima competencia para hacerlo.

Por otra parte, conviene no olvidar que esos 40 millones que ANTEL quiere aplicar a la construcción de su "ARENA" salen del bolsillo de todos los uruguayos convertidos en precios políticos que el propio ANTEL fija de acuerdo a su solo criterio. Bueno sería que se blanqueara esta situación, porque también en este sentido la Presidenta de ANTEL señaló que esos 40 millones de dólares no representaban nada significativo para los costos y las tarifas de ANTEL. Nada dijo sobre cómo y por qué se fijan los precios que se fijan por los servicios que ANTEL brinda.

¿No será necesario discutir estas cosas en momentos en que el déficit fiscal de nuestro país está mostrando cifras y tendencias preocupantes, en vez de promover obras para mayor gloria de los jerarcas de turno?