Se me pasó por alto, estoy lento. Raúl Ronzoni desde su columna en Búsqueda del 13 de marzo defiende a capa y espada al fiscal Juan Gómez, polemiza con mis artículos sobre el tema y da rienda suelta a su tradicional ferocidad contra la izquierda, que amplía y profundiza en su columna de una semana después. (Pruebas 1 y 2). Nada nuevo bajo el sol, es un profundo conocedor de los juzgados, como periodista en materia y sobre todo conoce como nadie el humor y la orientación de Búsqueda en cada momento y sus objetivos.

Parte de la tesis de que política y falsedad son casi la misma cosa y que la justicia es una actividad por encima de todo y de todos. Es uno de los cultores de la democrática visión de que la actuación de jueces y fiscales es indiscutible, aunque más adelante se permite, generosamente, aceptar que los comunes mortales podamos examinar y hasta criticar algún pronunciamiento judicial. Gracias.

Lo peor es cuando directamente miente: "El Frente Liber Seregni (FLS) le atribuye al fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, razones políticas para solicitar el procesamiento del ex ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo y del presidente del Banco República, por abuso de funciones" Lo dice claro Esteban Valenti, un astuto especialista en estrategias de comunicación, asesor del sector y del vicepresidente Danilo Astori".

Y como es de pluma rápida agrega "Imputarle a Gómez ser un títere político es una canallada propia de aquellas prácticas dictatoriales" Gómez en sus declaraciones a la prensa habla de "mandadero" y Ronzoni le agrega "títere político". Desafió a Gómez y a Ronzoni que citen un texto de mi autoría o del FLS donde se acusa al fiscal de ser mandadero o títere.

Lo desafío a Ronzoni a publicar textualmente un pronunciamiento del FLS o una parte de uno de los tantos materiales firmados y escritos por mí donde aparezca esa acusación de "títere" o de "mandadero" contra el fiscal. Si hay alguien que declaró que "no hacía mandados a nadie" fue el propio fiscal, sin que nadie le hubiera hablado de alguna tarea de delivery. Es más, yo pregunté precisamente a que se refería el locuaz fiscal en esa y en otras declaraciones. Ahora amplio la pregunta a Ronzoni ¿títere de quién?

Como Ronzoni no tiene límites, en sus escritos agrega otro adjetivo contra el fiscal: "le imputan ser un alcahuete político". ¿Dónde escribí que Gómez era un alcahuete político?

Ronzoni omite y omite a fondo. No menciona por ejemplo las geniales y muy jurídicas declaraciones del fiscal Juan Gómez, al otro día del pedido de procesamiento, el 22 de diciembre del 2013, casualmente realizadas a Búsqueda, cuando afirma que para ser "coherente" y como procesó anteriormente a dos policías, debe pedir el procesamiento de esos dos "poderosos", refiriéndose a Lorenzo y Calloia. Al astuto escriba judicial de Búsqueda no se le deben haber pasado por alto esas declaraciones. Un dechado de filosofía del derecho, de sentido de la justicia por parte de un fiscal, un funcionario del Estado que debe actuar con imparcialidad en la búsqueda de las pruebas antes de pronunciarse. ¿Es así Ronzoni?

O cuando y naturalmente también en Búsqueda, fuentes del Crimen Organizado utilizan los mismos argumentos que utiliza Ronzoni para justificar el pedido de pronunciamiento. Filtrados por las tradicionales fuentes sin identificación. ¿Es un procedimiento normal que se filtren del juzgado del Crimen Organizado nada menos que respuestas a un debate público sobre las pruebas para pedir el procesamiento de un ex ministro o de un obrero? No, y Ronzoni lo sabe perfectamente y calla. O seguramente podrá decir que es ilegal pero es frecuente. También las rapiñas son frecuentes pero no por ello dejan de ser ilegales. Esas filtraciones del "Crimen Organizado" son una ilegalidad.

Pero Ronzoni no tiene límites: "Valenti no involucra a la jueza Adriana de los Santos, quizá porque apuesta a que rechace el pedido de Gómez". Si en cambio decide procesarlos ¿la considerará cómplice del fiscal?"

No escribí ni opiné sobre la jueza, simplemente porque no se pronunció, no emitió opinión en materia, ni a través de un fallo ni a través de la prensa, como lo ha hecho reiteradamente el fiscal Juan Gómez. Cuando lo haga, como yo creo que en democracia no hay poder por encima de la libertad de los ciudadanos de opinar y manifestarse dentro de la ley y la Constitución, lo haré. Libremente mal que le pese a Ronzoni.

El se atribuye el derecho de utilizar el tema judicial para atacar a un grupo político, incluso deformando sus posiciones y una semana después agrede a todo el Frente Amplio cuando afirma que Ayala, Carámbula, De Los Santos, Olivera, Barrios y Ehrilich, tendrán tremendos líos "cuando se levante la manta de sus administraciones" ¿No puede suceder con administradores de otros partidos o esos no usan manta? No, Ronzoni está en pleno delirio conservador y empuja todo lo que puede. El si puede opinar sobre los temas judiciales, ¿o acaso apoyar con tanto entusiasmo un pedido fiscal, no es pronunciarse? y los que discrepamos con las decisiones de la justicia, "tenemos derecho" gracias a la graciosa concesión que nos hace Ronzoni, pero con las limitaciones que él nos quiere imponer.

Si alguien quiere leer un tratado de cómo utilizar la justicia para fines políticos que lea los dos artículos de Ronzoni. Son un manual.

El tema de fondo, además de los mandados ideológicos que hace Ronzoni, es que no acepa que se pueda criticar un pronunciamiento incluso cuando nos basamos en los mismos argumentos y procedimientos judiciales utilizados por el propio fiscal. Para penetrar en ese mundo sagrado hay que ser o un letrado o un escribiente eterno de las filtraciones judiciales. Los demás mortales estamos excluidos. Así funciona la mente democrática de Ronzoni. Y así funcionaba la Justicia Militar...

En los muchos artículos que escribí, insisto en que la politización de la justicia, no es una actividad de apoyo a un determinado partido o grupo, ni siquiera he mencionado a que partido pertenece Gómez, ni me interesa, ni siquiera creo que todo se deba circunscribir a la oposición, como el propio Ronzoni me reconoce. Me estoy refiriendo a la invasión de áreas que deben mantenerse separadas y donde no puede existir un razonamiento fundamentalmente político. Afirmar que hay que procesar a dos "poderosos" es un razonamiento político, que prejuzga, que debería considerarse en toda su gravedad y descalifica al fiscal. Ese concepto, en el plano social o incluso político puede tener un sentido de igualdad, pero en el plano judicial, la única razón que vale es si existen las pruebas, o la semiplena prueba de que se cometió un delito. Dije y repito, también con sentido autocrítico, que ese es un pensamiento jurídico stalinista.

Si el fiscal en su Vista concentra su argumentación en un delito, porque favorecer en una subasta a uno de los participantes por sobre otros tres interesados, mencionados explícitamente en el escrito fiscal, sería un delito de abuso de funciones y luego queda demostrado de manera terminante y absoluta que no existió ese favorecimiento porque los otros tres supuestos interesados lo niegan o directamente no existe el ya famoso Mont Fortelco, y el fiscal en trece meses de investigación no se tomó el mínimo trabajo de comprobar esa afirmación, aunque setenta días antes de su pronunciamiento la jueza letrada en lo laboral le remitió su sentencia sobre la supuesta empresa, donde queda demostrado que no existe, lo menos que se puede decir es que el pedido del fiscal cojea de todas las patas. De eso Ronzoni se cuida muy mucho de escribir.

Le recuerdo que el pronunciamiento de la jueza letrada, doctora Schoeder Rius, Juez Letrado es del 14 de octubre del 2013, mientras que le la fecha del pedido de procesamiento por parte del fiscal es el 21 de diciembre del 2013, 70 días después. ¿En 70 días el fiscal no tuvo tiempo de investigar este pequeño detalle de una empresa que no existe y que él hace figurar a texto expreso en su pedido de procesamiento?

Y como prueba suprema Ronzoni menciona la multa del Banco Central al BROU. Es necesario aclarar que la multa del BCU es por más de un centenar de observaciones entre otras la del aval de PLUNA, pero en ese caso habría que considerar que en años anteriores el BROU fue observado y multado por el BCU por el crédito otorgado para la compra del equipamiento del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) y otro año fue observado por los fondos otorgados a la Corporación Nacional para el Desarrollo para otorgar créditos a los lecheros para afrontar una tremenda sequía. Es que para Ronzoni, debe ser difícil entender que ahora el Banco Central cumple a carta cabal con su tarea de fiscalización, no como antes. ¿Habrá que pasar a la justicia penal a las autoridades del BROU cada vez que reciben una observación del Banco Central, o a la otros bancos privados que también reciben observaciones y multas del BCU?

Otro detallecito: la multa del BCU fue posterior al pedido de procesamiento del fiscal a Lorenzo y Calloia, debemos suponer que Juan Gómez tiene dotes adivinatorias.

Cuando Ronzoni en un arranque de sensibilidad infinita, dice que "...la gran perjudicada fue la administración". ¿Perjudicada en qué? Si de acuerdo a las garantías y al procedimiento el BROU comenzó a cobrar la garantía por el aval concedido a Cosmo Lineas Aéreas. Si luego la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional a la ley que habilitó ese concurso - y dejo constancia que comparto esa declaratoria y me duele mucho, porque es nada menos que por no considerar adecuadamente la separación de poderes - se entra una controversia entre Juan Carlos López Mena y el BROU, eso no cambia el hecho de que las garantías fueron válidas y que el banco, sus servicios y sus directivos (que fueron varios los que aprobaron el aval) tomaron los recaudos necesarios. Es obvio que el BROU no tiene entre sus procedimientos para otorgar un aval consultar a la SCJ si una subasta, o una ley aprobada por el Parlamento que la habilitó debe ser considerada constitucional. Aunque siempre queda la posibilidad de contratar al fiscal adivinador.

Sería en cierta manera discutible el pedido de procesamiento si el aval no se hubiera comenzado a cobrar, pero ni siquiera ese supuesto, por el que rezaron con toda devoción muchos senadores, dirigentes políticos opositores y periodistas, sucedió. Se comenzó a cobrar regularmente.

De tanto andar en los juzgados Ronzoni perdió idea de las proporciones y por eso nos ilustra que no es grave que pidan tu procesamiento, porque "no elimina el principio de inocencia. Solo determina que prosigue el juicio en el sumario" Y siempre queda la posibilidad de apelar ante un Tribunal de Apelaciones.

Dejar el cargo de ministro y de presidente del banco, porque estamos hablando del supuesto de que la jueza acepte el pedido del fiscal, es una pavadita para Ronzoni. Sufrir el escrache de la mayor campaña mediática de la historia nacional. Y no exagero un ápice, no hay otro tema que haya merecido tanta atención y concentración de fuego, incluyendo obviamente a Búsqueda, no importa. Siempre queda el Tribunal de Apelaciones. Que cuando este se pronuncie, si revoca el juicio muchos meses después, merecerá una nota en páginas interiores, si ese día Ronzoni esta generoso. Me lo han hecho a mí, en la derecha y en la izquierda.

Los periodistas somos bastante impunes, y es justo que así sea, porque nuestros excesos son las libertades que nos protegen del poder, pero no por ello estamos libres de ser juzgados por la gente, enfrentados cuando mentimos, omitimos y manipulamos y somos astutos en campañas de desprestigio y comunicación judicial.

Prueba número 1

Columna: Justicia politizada: falsedad y estrategia

13 de marzo 2014

Justicia Politizada: falsedad estrategia

Raúl Ronzoni

La filósofa alemana Hanah Aarendt sostiene que en la actividad política la falsedad se considera un camino legítimo para alcanzar un objetivo: "Nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien". Su razonamiento pretende establecer que en política la verdad y la transparencia no son virtudes. (*)

El análisis de Arendt se robustece cuando el fanatismo partidario y el objetivo y el objetivo electoral se colocan por encima de las instituciones y las leyes. En un estado democrático de derecho se debe buscar la justa aplicación de la ley y el castigo a los actos que la violan.

El Frente Líber Seregni (FLS) le atribuye al fiscal de crimen organizado, Juan Gómez, razones políticas para solicitar los procesamientos del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, por "abuso de funciones". Lo dice claro Esteban Valenti, un astuto especialista en estrategias de comunicación, asesor del sector y del vicepresidente Astori.

Gómez pidió esos procesamientos sin "pruebas serias y sólidas" basado "exclusivamente en su convicción", aventura Valenti. Añade que es consecuencia de la "politización de la Justicia" en la cual "incluyo a los fiscales, aunque sé perfectamente diferenciar a estos del Poder Judicial. Pero el proceso hay que analizarlo en su conjunto".

Dice que a diferencia de la izquierda, blancos y colorados han utilizado históricamente a la Justicia para solucionar lo que políticamente no podían. Ahora involucra también a su partido: "Ni siquiera puedo jurar que (los que quieren perjudicar a Lorenzo y Calloia) son todos de la oposición".

Conozco poco al fiscal. Nada a los imputados y es notoria la solvencia de sus abogados, Amadeo Ottati y Mario Spangenberg (de Lorenzo)y Gonzalo Fernandez y Renato Echeverría (de Calloia). Descarto que le hayan denunciado a Valenti que Gómez tenga esa institucionalidad. Si con acceso a las audiencias y al expediente lo hubieran advertido sin denunciarlo, perjudicaron conscientemente a sus defendidos. Y es seguro que no sucedió.

Valenti no involucra a la jueza Adriana de los Santos, quizás porque apuesta a que rechace el pedido de Gómez. Si en cambio decide procesarlos, ¿la considerará cómplice del fiscal?

Al caer la dictadura se terminaron las letras "A", "B" Y "C" con las que el régimen calificaba a adeptos y opositores, entre los cuales estaban los jueces de los fiscales. Imputarle a Gómez ser un títere político es una canallada propia de aquellas prácticas dictatoriales.

Hay que responder a la inquietud de Valenti sobre "de que se trata". El argumento de que para el remate de los aviones de Pluna no existía más de un interesado y que el aval no perjudicó a nadie es falso. Lo jurídicamente relevante es que a pedido, se otorgó a un aval que no correspondía conforme a las normas que regulan la actividad bancaria. ¿O también opositores y oficialistas, como sugiere Valenti, digitaron al Banco Central para multar al BROU por haberlo otorgado? Con ese aval mal concedido el beneficiario pujó en la subasta estando inhabilitado. Ergo, la gran perjudicada fue la administración, el bien jurídico que el delito de abuso de funciones pretende proteger. Se pagó sin recuperar el dinero. Podrá discreparse con Gómez, y es bueno que así ocurra, pero es una buena falacia que carezca de fundamentos.

Para completar la explicación hay que recordar que en esta etapa el procesamiento no implica culpabilidad, aunque los políticos cuando les aprieta el zapato, así lo agiten para colocarse en el papel de víctimas.

Veamos los fundamentos sobre "de que se trata". El procesamiento no elimina el principio de inocencia. Solo determina que prosigue el juicio con el sumario. En este se complementa la probanza de la etapa anterior con la intervención de la defensa y el fiscal bajo el contralor de la jueza. Además todo procesado tiene las garantías de recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de tres jueces y argumentar para que le den la razón. ¿Todos los magistrados del país conspiran para perjudicar al FLS? Si es así, hay que aprontar las valijas para huir.

También supone una conspiración el intendente (2005 - 210) de Treinta y Tres, Gerardo Amaral. Socialista, no del FLS. Acaba de ser procesado sin prisión por "conjunción del interés público y privado" por concesión de obras en la Casa de la Cultura de la capital departamental. También procesaron a una ex funcionaria y a su esposo.
Amaral se quejó: "¿Qué mensaje les está dando (con el procesamiento) a los jóvenes honestos que quieren entrar en la política? Quienes me conocen de toda la vida saben cual ha sido mi conducta permanente y (dicen) "si a Gerardo le pasa esto, la política es una máquina de picar carne decente".

Don Gerardo, la política pica carne cuando se rompen las reglas y la transparencia y no se actúa con decencia. También cuando, para favorecer a amigos o conocidos, se soluciona de facto lo que por vía de las normas resulta imposible. Como en Pluna.

Prueba número 2

Columna: Cuando cruje la Constitución

Cuando cruje la Constitución

20 de marzo 2014

Por Raúl Ronzoni

La fortaleza de un sistema democrático reposa la confianza del ciudadano en sus instituciones. El cimiento de un Estado de derecho es la Constitución, la norma madre que establece la función de los poderes del Estado y la relación entre éstos.

Cuando los políticos, por intereses personales o corporativos trampean la Constitución, erosionan la relación entre poderes, violan principios éticos y morales y alimentan la desconfianza social en las instituciones. Es cuando la República y la Carta crujen. Sucedió en el pasado reciente con las consecuencias que hemos padecido.

Hace una semana en Chile, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el presidente José Mujica formuló una reflexión vinculante: "La política no es un pasatiempo, no es una profesión, es una pasión con el sueño de crear una sociedad mejor. El descreimiento de las masas en la política es peligroso, por eso hay que luchar por rescatar el sentido de la función social que cumple la política".

No conozco encuestas recientes, pero en los últimos años los ciudadanos no consideraban al sistema político dentro de las instituciones más confiables. Al contrario, decrecían en su consideración independientemente de la valoración personal de algunos gobernantes.

Cuando una enfermedad afecta nuestra salud física las consecuencias son amplias y pueden llegar a la muerte. No es diferente a lo que ocurre con la salud social.

En los últimos meses, mediante reiteradas e inéditas acciones oficialistas, las instituciones ingresaron en una peligrosa etapa en la que nada tiene que ver la libertad de expresión. Discrepar o cuestionar decisiones de jueces y fiscales forma parte de la libertad de expresión. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Mintiendo o desinformando, el corporativismo mina las instituciones y siembra desesperanza. Quienes lideran y planifican ese proceder bastardo olvidan las consecuencias del desprecio por el Estado de derecho y las instituciones. La codicia tiene memoria corta.

Quienes participaron en la asonada de febrero en la Suprema Corte de Justicia no son sólo los energúmenos que pretendieron impedir por la fuerza que el Poder Judicial ejecutara una decisión. Tuvieron respaldo político y de aspirantes a cargos de asesores, esos en los que se trabaja poco, se cobra bien y se sigue ejerciendo la profesión liberal.
¿Cómo calificar los denuestos de políticos y el gobierno a la Corte de hacerle mandados a la oposición por las sentencias de inconstitucionalidad generadas por empecinamiento mayoritario?

Cuando se suponía que esos eran desaguisados aislados, tras los pedidos de procesamientos del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, volvieron con más fuerza.

Manifestaron frente a la casa de veraneo de Lorenzo y éste los saludó como si le hubieran concedido el Nobel de Economía. No fue una manifestación espontánea. La organizaron legisladores y otros gobernantes en contra de la Justicia. Desde el retorno a la democracia no recuerdo que haya ocurrido algo igual pese a que dos decenas de políticos, mayoritariamente blancos y colorados, fueron bien procesados por el mismo delito: abuso genérico de funciones.

Ahora, los energúmenos desbordan el vaso difamando al fiscal Juan Gómez y le imputan ser un alcahuete político.

Minar la confianza institucional y legal no es patrimonio de uno o dos sectores. El martes 11 se organizó en Treinta y Tres una manifestación de respaldo al ex intendente socialista Gerardo Amaral (2005-2010) procesado por la jueza Mariela Tejera por "conjunción del interés privado y público".

Participaron los intendentes Patricia Ayala (Artigas), Marcos Carámbula (Canelones), Óscar de los Santos (Maldonado), Ana Olivera (Montevideo) y Artigas Barrios (Rocha), la directora general de Turismo, Hyara Rodríguez, el secretario político del Frente Amplio, Gerardo Rey, el ex ministro de Educación Jorge Brovetto, y el actual, Ricardo Ehrlich.
Respaldaron a Amaral e implícitamente cuestionaron la decisión judicial, a lo que tienen derecho. Acaso consideran que está bien "apartarse de las normas y principios imperantes en materia de conducta en la función pública", como le atribuyó al ex intendente la Junta de Transparencia y Ética Pública.

Así parecen entenderlo Ayala, Carámbula, De los Santos, Olivera, Barrios y Ehrlich. Menudo lío tendrán cuando se levante la manta de sus administraciones.

La participación de Ehrlich preocupa especialmente. Con su presencia expresó implícitamente su oposición al dictamen de la fiscal Nidia Morosini de haber pedido el procesamiento de Amaral. El ministro (de quien depende el Ministerio Público) es el jefe administrativo de la fiscal. Cierto es que cada fiscal tiene independencia técnica pero, ¿no es significativo que el único ministro asistente haya sido el jefe de los fiscales? ¿Qué consideración le tendrán ahora los habitantes de Treinta y Tres a una fiscal descalificada por su jefe? ¿Cómo reaccionan los otros fiscales y su gremio?

Según Amaral, la manifestación no fue para cuestionar el fallo judicial sino en reconocimiento a su trayectoria. ¡Qué casualidad! ¡Justo ahora! ¿No tuvieron tiempo de homenajearlo en los cuatro años transcurridos desde que dejó el cargo? Si tienen plumas, dos patas, picos chatos y parpan, son patos. Bien sabemos lo que dejan a cada paso.

Una síntesis adecuada a estos tiempos es una reflexión del Dr. Leonardo Guzmán el viernes 14 en "El País": "Si hoy el principismo se ha eclipsado es porque hemos dejado que las sensibilidades sectoriales, parciales, fragmentarias, griten en la plaza pública más que la sensibilidad ciudadana por la República y su Constitución".