El doble estándar de quienes impulsan y se oponen a la ley trans

Por Gerardo Sotelo

El colectivo trans, las víctimas del terrorismo de Estado, los afrodescendientes, las organizaciones feministas, los jubilados, celíacos y animalistas, reclaman a su turno un lugar bajo el sol. La legislación nacional y universal sobre derechos humanos es lo suficientemente generosa como para que cada grupo de particulares procure resolver sus agravios.

La ley busca darle garantías a individuos y grupos que, por su relativa debilidad, son sometidos a tratos crueles, degradantes o discriminatorios. Antes incluso que sus derechos sean restablecidos y el daño emergente saldado, los agraviados cuentan con el amparo legal para organizarse y reclamar.

Sin embargo, vemos con harta frecuencia que las organizaciones que solo se vinculan con los derechos humanos desde sus reclamos particulares presentan ciertas contradicciones argumentales. Una es la de no ser capaces de inscribir las demandas propias en una mirada generalista (o como dicen algunos filósofos morales, "holística") y universal de los derechos. Otra es la de aquellos que degeneran hacia una concepción supremacista, por la cual los derechos de los otros tienen que subordinarse a los propios.

Veamos el debate sobre la ley para las personas trans, a estudio en el Parlamento. Algunos activistas promueven la hormonización y la cirugía de cambio de sexo en niños (se ha convenido que tal caracterización incluye a las personas menores de 18 años) por su sola voluntad. Otros han puesto el grito en el cielo, alegando que se trata de jóvenes que aún no tienen la suficiente madurez como para tomar decisiones irrevocables.

Lo significativo del caso es que entre los primeros abundan personas y colectivos que se han opuesto radicalmente a la rebaja de la imputabilidad penal bajo el argumento de que es necesario proteger a los adolescentes de sus decisiones, mientras que entre los segundos hay muchos que de buena ganan habrían bajado la edad de imputabilidad hasta los 16 años o menos.

¿Cómo es que puedan aparecer tales inconsistencias en grupos que dicen defender los derechos humanos? Quizás porque sus posturas no están sostenidas por principios morales sino por el interés o la ideología.

Todos tenemos derecho a reclamar lo que consideramos justo, pero no todo reclamo por "derechos humanos" prefigura una conciencia y una conducta inspirada en principios morales o humanitarios.

¿Qué es un principio moral? Es un estándar, un modelo o punto de referencia que nos permite discernir sobre lo que es correcto y que guía nuestras acciones.

El planteo daría lugar a reflexiones filosóficas mucho más profundas pero, en términos generales, podemos distinguir entre quienes solo reclaman por "los derechos humanos" desde la victimización, quienes lo hacen desde los principios morales, y quienes pueden encarnar ambas perspectivas.

Lo que no se puede obviar es la inconsistencia de reclamar en unos casos unos estándares que se niegan en otros, basándose en interés o prejuicios personales. Ya se trate de la condena de la tortura y la desaparición forzada como de la protección de la infancia.