El dilema de los fiscales

La vida política y periodística del Uruguay en los últimos tiempos estuvo ocupada - y lo seguirá estando - por la actividad de los fiscales, y un poco después de los jueces. Hacer la lista de los diferentes casos sería imposible. Es un doble proceso de judialización de la política y de politización de la justicia. Muy malo.

Es un signo de la pobreza de la lucha política, de la incapacidad de los políticos de dirimir en sus propios debates en los diversos ámbitos institucionales o públicos sus controversias, y por ello le pasan el fardo a otros. Y es también el resultado de que han aparecido demasiados casos de inmoralidades y falta de transparencia en actos de gobierno en el Estado uruguayo (nacional y departamentales) que tienen apariencia delictiva. Es la suma de los dos factores.

A ello se agrega otro elemento de primera importancia: la aplicación en simultáneo del antiguo y vetusto código del proceso y del nuevo CPP. No voy a entrar a valorar las diferencias que he tratado de estudiar y entender, pero en cada caso lo primero que aclaran los fiscales es con cuál de los códigos están actuando. Menudo problemita.

Pero el dilema de siempre sigue siendo el mismo: ser justos mientras se hacen cumplir las leyes, que no son una prescripción médica que establece todas las alternativas, tienen un enorme espacio para la investigación de los hechos, para la interpretación y para la aplicación de la propia opinión de los fiscales. Que hoy con el sistema acusatorio tienen muchas más responsabilidades.

Por principios previos a todos los códigos, las leyes y los decretos, la justicia debe hacer justicia, es decir asegurarse que sus resoluciones ayuden a los seres humanos que viven en este territorio a cumplir las leyes y antes, cumplir los buenos principios de honestidad, a castigar a los que no lo hacen, a establecer las compensaciones justas entre las partes y a mejorar la convivencia entre los uruguayos y entre todos los habitantes del territorio.

Son pocas las palabras que se definan de manera propia, sin mucha necesidad de agregados, una de ellas es: justicia. Aunque cada uno en cada caso concreto considere de manera diferente los hechos y sus consecuencias judiciales. Para eso se creó precisamente el Poder Judicial, la fiscalías y los abogados y seguramente el sistema más complejo y especializado de toda la civilización humana. Sin leyes no habría sociedades, sin Justicia las leyes no servirían para nada. Y si ese delicado poder no fuera lo más independiente posible de los otros poderes no tendría tampoco ningún valor. Y no me refiero a los poderes republicanos, sino también a los otros poderes.

Uno de los indicadores más importantes del nivel de una civilización y de una sociedad determinada es precisamente el funcionamiento de su Justicia (en la relación con la propia sociedad, con los otros poderes y entre los diversos operadores de la justicia). Nosotros, en el concierto regional e internacional, no ocupamos por cierto los últimos lugares. Pero eso no alcanza.

La situación está cambiando, porque la irrupción de la política con toda su fuerza, sus tensiones, sus incapacidades y debilidades en el sistema judicial, está poniendo en tensión no solo a la justicia sino a la república y a la sociedad uruguaya en su conjunto.

En el centro de esas tensiones se encuentran los fiscales, los primeros en recibir el impacto de las denuncias, las investigaciones y los pronunciamientos, reforzados por el nuevo CPP.

Lo que nadie puede pretender es que ocupando ese lugar en el escenario nacional, todos nos inclinemos ante sus pronunciamientos y nos traguemos todos los sapos y culebras. Tenemos tanto derecho como ellos a pronunciarnos, con la única limitación de no insultar, de no realizar especulaciones sobre motivaciones (al menos públicamente, y eso incluye las redes) y de que nuestra opiniones no tienen ninguna influencia mientras que sus pronunciamientos son casi inapelables. Menudo privilegio y responsabilidad.

Yo he criticado públicamente con diversos matices los diversos pronunciamientos del fiscal Luis Pacheco. No los comparto y no se los atribuyo a ninguna otra razón que a profundos errores de juicio. Y me siento no solo en mi derecho, sino en mi obligación al hacerlo.

No logro entender como por hechos similares, que implican el uso de recursos para determinados gastos de manera duplicada, por vía de los viáticos y del uso de la tarjeta corporativa, deban existir criterios diferentes. Es el uso inapropiado de recursos públicos. Y los usuarios, el señor Raúl Sendic y el señor Leonardo De León sabían perfectamente, sin la menor duda que se trataba de recursos públicos.

Por otro lado, no se entiende porque el fiscal Pacheco solicitó explícitamente que se le remitiera el informe de la JUTEP que estaba estudiando el mismo idéntico caso y luego de recibir el detallado informe de ese organismo (19 páginas) lo ignorara completamente. Totalmente. Voy a copiar un solo párrafo de ese informe: "En resumen, aún de aceptarse las explicaciones recibidas para los referidos puntos (en muchos casos insuficientes y sin que se adjunte ningún comprobante de respaldo del gasto efectuado) subsisten más de 130 gastos, por un importa total superior a los U$U 22.000, pagados con la tarjeta de crédito corporativa cuando se habían percibido viáticos para la respectiva actividad sobre los que no se recibió ninguna explicación". Pag. 15. Señor fiscal, más claro imposible.

¿Para que solicitó usted el informe de la JUTEP, que tiene notoriamente menos posibilidades y potestades para investigar que el fiscal del crimen organizado si luego iba a ignorar el informe de esa manera tan flagrante?

Entre sus explicaciones usted incluyó una de antología, que los gastos notoriamente ilegales era por pequeños montos. ¿Y quién le dio a usted la potestad de establecer cuál es el monto que los uruguayos consideramos adecuado para que un alto funcionario público se apropie indebidamente? Ya que usted tiene dudas tan cartesianas que lo llevan a "In dubio pro reo" perdonar y archivar la causa ¿No le surgió la duda que esos casos de gastos indebidos eran parte de una operativa ilegal y reiterada del señor De León perfectamente documentada por parte de la JUTEP? Y me refiero a 130 gastos por 22.000 dólares.

Ahora nos enteramos que ha decidido reabrir la investigación sobre el sobreprecio en la construcción de la planta de etanol de Paysandú de la empresa ALUR montada por la empresa Abengoa. Según su primea clausura del caso, la Universidad de la República le había solicitado 370.000 dólares para realizar el peritaje necesario. Parece que todos nos hemos puestos carísimos y muy poco colaborativos...

Pero yo, simple periodista, le voy a dar una pequeña referencia, la misma empresa española Abengoa en momentos muy similares al contrato por la planta de ALUR en Uruguay vendió cuatro plantas de bioetanol en Europa a casi al mismo precio que UNA PLANTA en nuestro país.

Abengoa vendió cuatro plantas al grupo Trilantic Europe por un importe de 140 millones de euros, equivalente a 152 millones de dólares en ese momento, mientras que la planta de Paysandú, inaugurada en 2014, costo aproximadamente de 150 millones de dólares. La cifra prevista inicialmente era bastante menor, y a lo cual hay que agregar los premios pagados por De León a Abengoa por entregar la planta en determinada fecha y que en nada mejoraron los desastrosos números del negocio de esa empresa uruguaya y del Estado.

Las cuatro plantas que fueron venidas están ubicadas en Murcia, Salamanca, La Coruña y Lacq (Francia) y tienen otro pequeño detalle, sumadas producen once veces más bioetanol que la planta de ALUR. La planta de Paysandú produce un máximo de 70 millones de litros de bioetanol por año y las cuatro plantas europeas pueden producir 800 millones de litros anuales.

El precio de venta global por parte de Abengoa fue el resultado de su particular situación económica y financiera, pero de todas maneras si se comparan los costos originales de construcción de cada planta se puede deducir sin mucha suspicacia el pésimo negocio de ALUR.

La planta de Salamanca, tuvo un costo de inversión similar al de la planta de Alur (aproximadamente 160 millones de dólares) y produce 200 millones de litros anuales, casi el triple que la uruguaya.

Otra de las cuatro plantas, ubicada en Murcia, costó 100 millones de dólares y tiene una capacidad de 150 millones de litros anuales, según consta en la página web de la empresa. Es decir, a un costo de inversión menor, la planta española produce más del doble que la de Alur.

La planta de La Coruña tiene una capacidad de producción de 196 millones de litros anuales y fue construida a un costo de 118 millones de dólares. La ubicada en Francia, por su parte, costó en su momento 218 millones de dólares, y produce 250 millones de litros por año.

Y todas las plantas construidas en España y en Francia requirieron mano de obra de esos países que es notoriamente más cara que la nuestra.

Si ser sometidos a una apropiación indebida (sin reglamento) merece su archivo, es posible que ser triturados y algo más en los precios por parte de un mismo proveedor tampoco sea un delito. La verdad es que a veces no se entiende bien cual es la función de la justicia, si juzgar con los pies en la tierra y con la misma vara a todos los mortales, o si navegan en las nubes de citas jurídicas incomprensibles y refieren cada tanto alguna frase en latín para refugiarse en las "dos bibliotecas", que a veces parecen un laberinto. A los comunes mortales nos queda el derecho al pataleo y a los fiscales, la posibilidad de dormir tranquilos y seguros luego de sus pronunciamientos.

Sería bueno que siempre recordaran que están allí no solo por sus méritos y sus carreras, sino sobre todo, porque nos deben defender y representar. Son la representación del Estado, es decir de todos nosotros. No lo olviden.

La justicia lo que nunca puede ser es ciega ante la injusticia.

Por Esteban Valenti