El ministro de economía Danilo Astori informó que el aumento de tarifas de OSE tiene dos componentes: un 8.2% sobre el consumo de agua y un 7,3% sobre el cargo fijo, que correspondería a una "tasa ambiental". Esta tasa se debe, según la información del gobierno, a la crisis de contaminación en la cuenca del Río Santa Lucía y la necesidad de instalar más filtros en las usinas de Aguas Corrientes y Laguna del Sauce, todo lo cual costaría entre 17,5 y 60 millones de dólares.

Se razona que OSE enfrentaría mayores costos para poder lidiar con la contaminación del agua, lo que requiere aumentar y mejorar sus tecnologías de descontaminación, entonces se debe cobrar más a los usuarios. La conclusión cae en la creación de una "tasa ambiental" según los dichos de Astori, y que sería "ambiental" porque se la vincula a la contaminación del agua.

Ha pasado bastante desapercibida la medida o muchos ya se han resignado. Pero merece ser analizada en detalle porque estamos frente a un tasa que en realidad no tiene nada de ambiental, que por el contrario puede terminar alentando la contaminación del agua en vez de evitarla, y que es profundamente injusta.

La lógica de una correcta tasa ambiental es muy distinta, ya que se le aplica a los causantes de la contaminación. O sea, se aplica al origen del problema y no a los que lo sufren. El instrumento económico de la "tasa", desde el punto de vista de una política pública ambiental, enfrenta algunos aspectos de esta problemática. En primer lugar apunta a los agentes económicos "ahorran" dinero al no cumplir con medidas ambientales, al no tener buenas plantas de tratamiento de efluentes o en evitar el uso de contaminantes. Ese "ahorro" en verdad desencadena que los costos económicos se trasladen a toda la sociedad.

En segundo lugar, aquellos productores rurales o empresas que contaminan, pueden lograr ventajas comerciales frente a otros agentes económicos que tienen mayores costos por cumplir con requisitos ecológicos. La tasa evita una competencia desleal frente a aquellos que cuidan el agua.

La tasa ambiental es un pago regular que se aplica a esos contaminadores para que no tengan ninguna ventaja económica. Estas tasas no reemplazan a las multas; esas sanciones económicas igualmente se deben imponer en los casos donde se incumplen los estándares de calidad ambiental.

Todo esto tiene otra consecuencia clave: la tasa ambiental se deja de cobrar en el minuto en que el productor rural o el empresario dejan de contaminar. Las tasas ambientales no son para recaudar dinero, no es una colecta de billetes entre los grandes contaminadores, ni una forma de recaudación para la OSE. Una tasa ambiental es una señal económica que se debe imponer con toda energía a quienes sólo entienden el idioma del dinero y nos les importa contaminar nuestros ríos o arroyos.

La medida que anuncia Astori va en sentido contrario y parecería que incumple algunos criterios básicos de una tasa ambiental. Comenzando porque se le cobrará a los usuarios finales, o sea a los que reciben los servicios de OSE. Por lo tanto usted y yo, todos nosotros, deberemos pagar un poco más por culpa de unos pocos que contaminan en el Río Santa Lucía. Se agrava así todavía más la asimetría económica del daño ambiental, en que toda la sociedad pasará a pagar por ser contaminados. Esta es una medida de una injusticia impactante ya que los montevideanos no tienen por qué subvencionar la contaminación que otros producen.

Un ejemplo no está demás para clarificar esta situación. Así como tenemos unos pocos contaminadores, por ejemplo tenemos a algunos automovilistas que manejan irresponsablemente y ocasionan accidentes, desde dañar infraestructura a herir o matar personas. Siguiendo la lógica del gobierno, a esos automovilistas se les aplicarían pocas o bajas multas (por el temor de la pérdida de puestos de trabajo), el Estado poco controlaría los accidentes, y como postre final, se crearía una "tasa de los accidentes" que todos los uruguayos deberían pagar para cubrir los costos de los daños y a las víctimas de los accidentes.

Es por esto que la tasa ambiental de Astori es una pésima señal económica. Se le está diciendo a los contaminadores, sean agropecuarios como industriales, que podrían seguir contaminando sin gastar mucho más, ya que la descontaminación al final la pagaremos todos nosotros. Incluso podría argumentarse que los montevideanos terminarán pagando por un subsidio oculto, perverso, para que unos pocos sigan contaminando.

Tampoco contribuye a fines ecológicos, porque no ataca la raíz de la contaminación. Asimismo, es políticamente inadecuada ya que es obvio que están fallando los controles estatales. La mayor responsabilidad está en los ministerios del Ambiente y en el de Ganadería y Agricultura, los que no logran detener la contaminación hídrica. También hay responsabilidades municipales (en una evaluación del 2014 para la Intendencia de Montevideo, se encontró que 9 de cada 10 violaciones ambientales quedan sin sanción; 1). En lugar de imponer mejores controles, multas adecuadas, y un seguimiento más fuerte, se le termina pasando todo el bulto a OSE para que esa empresa aumente su esfuerzo descontaminador.

Y finalmente, OSE está atrapada en este estado de cosas, y por ello necesita desesperadamente dineros para potabilizar el agua que tomamos. Como la tasa ambiental de Astori no es una medida provisoria para que los contaminadores aprendan a mantener el agua limpia, enfrentamos el riesgo que sea convertida en un medio de recaudación eterno. Algunos seguirán contaminando el agua, y más nos cobrará la OSE, cada año, para descontaminarla. Un error que ya cometió la Intendencia de Montevideo cuando creó la tasa de saneamiento en el primer gobierno municipal de T. Vázquez.

Enfrentar la contaminación del agua requiere atacarla allí donde se produce, y exige instrumentos de política ambiental. Es necesario entender cuáles son y cómo funcionan esos instrumentos para aplicarlos en forma rigurosa y adecuada. Que todos paguemos más por el agua no es una solución, sino que ahonda todavía más los problemas ambientales y genera una nueva injusticia económica y ecológica.

1. Quedaron sin sanción nueve de cada 10 violaciones ambientales; reporte sobre un estudio de M. Caffera de la Universidad de Montevideo, El Observador, 20 agosto 2014.