Nadie discute que los gremios tienen todo el derecho a reclamar mejoras en sus ingresos, tampoco es discutible que tengan derecho a ejercer las medidas de conflicto que entiendan más pertinentes para el logro de sus objetivos; pero todo tiene el límite de la proporción y la sensatez sobre los daños que estas actitudes generan.
Los gremios de la educación le han infligido un daño profundo al ya maltrecho sistema educativo uruguayo. La absoluta pérdida de continuidad de los cursos ocurrida a raíz de las medidas sindicales va a determinar un daño profundo en la motivación de decenas de miles de niños y adolescentes de nuestro país. Si se buscaba promover la deserción estudiantil, no se debe haber encontrado un instrumento más eficaz.
Es terrible el nivel de desánimo que cunde en miles y miles de jóvenes que pasan semanas sin nada que hacer; sin ir a clases ni hacer otra cosa que esperar en sus casas. Si había una manera de alentar la multiplicación de los "ni-ni", sin dudas que esta postura radicalizada de las conducciones gremiales debe haber sido la más efectiva para producir estos lamentables efectos.
El colmo del descaro es que ahora, además, no están dispuestos a dictar las clases suspendiendo las vacaciones de setiembre. ¡Faltaba más! ¡Perder días de vacaciones! ¡Habrase visto! Por supuesto que la propuesta supone canjear algunos de los días de paro por los días de vacaciones de primavera, de forma de reducir los descuentos correspondientes. Pero nada vale, hay que hacer colapsar el sistema y afectar directamente a los que tienen menos responsabilidad en todo esto, los estudiantes uruguayos.
Es impresionante el daño que seguramente estas circunstancias han generado en miles de familias cuyos padres organizan horarios y trabajos compatibilizando las horas de clase de sus hijos con sus horarios laborales. Nadie ha sacado la cuenta, ni se ha hecho público; pero el daño social producido a tantas familias debe ser enorme.
La crisis de las familias se agudiza en este desastre en donde seguramente muchos niños y adolescentes quedan a la deriva durante horas, librados a sus propias decisiones, sin responsabilidad de adultos que, como no puede ser de otra manera, deben ir a trabajar ineludiblemente. Esto sin tomar en cuenta a todos aquellos que cuentan con la alimentación de los comedores escolares para sus hijos.
Por otro lado, en materia de salud el descontrol ha llegado a tal límite que finalmente parece que el gobierno está evaluando declarar la esencialidad del servicio. Fue necesario que una joven paciente psiquiátrica se prendiera fuego en el Hospital Vilardebó, ocupado por el sindicato desde hace días, para que se produjera alguna reacción de parte del gobierno.
También en el caso de la salud se trata de un conflicto salvaje, sin límites y totalmente desbordado.
Pero la responsabilidad es también del gobierno, por muchas razones.
La primera y más profunda de ellas refiere a una actitud política que es la que le impide reaccionar con firmeza y energía, porque en su concepción ideológica los actores sindicales son sus aliados políticos e ideológicos. Dejar hacer, actuar con timidez y en forma timorata ha sido la respuesta general de este gobierno ante los desmanes sindicales.
Es más, este gobierno tiene la responsabilidad de haber dado lugares y poderes a los sindicatos mucho más allá del verdadero papel que les corresponde como representantes de un interés particular. Se los ha llevado a roles de cogobierno que no son los apropiados para llevar adelante una política pública. No es casual que estas confrontaciones extremas ocurran justamente en las dos areas en las que el Frente Amplio entregó cuotas de gobierno a los sindicatos.
El gobierno también es responsable por su incapacidad para responder con firmeza y energía, recurriendo al apoyo de las mayorías silenciosas que, no tengan dudas, rechazan, en algunos casos con indignación y en otros con resignación, la gravísima situación generada.
Nos hemos cansado de observar cómo las autoridades gubernamentales han afrontado esta situación con palabras y acciones mínimas, sin respuesta y con enormes dificultades internas para coordinar adecuadamente una estrategia de autoridad ante sindicatos fuera de control.
Este gobierno no ha ejercido la autoridad y ha dejado que la situación se convierta en un auténtico desquicio. La última perla del collar es aceptar que mientras negocian con el sindicato de docentes, otros activistas sindicales ocuparon la sede del Consejo de Educación Secundaria. ¿Alguien necesita algún dato adicional de la falta de autoridad de la conducción educativa de este gobierno?
Es muy interesante observar la cautela, timidez y ausencia de respuesta ante este conflicto que pega y golpea sobre la ciudadanía, mientras que ante un simple documento de las cámaras empresariales se asume todo el rigor y la energía.
Esa energía y autoridad que tanto falta para defender a los ciudadanos de este país en su inalienable derecho a la salud y la educación.
Justamente, este es el tema de fondo. Tanto que se habla de los derechos humanos, lo que está detrás de estos conflictos es la violación más flagrante al derecho de las grandes mayorías ciudadanas a la educación y la salud. Particularmente el derecho a la salud y la educación de aquellos sectores de la sociedad más débiles, de menor nivel socio-económico y con mayores vulnerabilidades para el desarrollo de su vida adulta. Los que tienen mayores recursos, los más aventajados social y económicamente compensan o ni siquiera se enteran de lo que pasa en los hogares de las grandes mayorías populares.
¿Eso es un gobierno de izquierda?
Escribe Pablo Mieres
Educación y salud fuera de control
La situación ya ha superado todos los límites imaginables. Los conflictos en la educación y en la salud han alcanzado niveles de desborde inadmisibles. Como siempre, la población es la que queda de rehén y paga todos los costos de estos conflictos salvajes, sin freno y con total ausencia de sensatez o sentido común.
20.08.2013 15:21
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