Pero, en realidad, hay una economía ecológica y una ecología política que desmonta esa crítica, y que puede aplicarse a este nuevo proyecto celulósico. Cuando se hace ese ejercicio, se vuelven evidentes muchos problemas que permanecían en las sombras.
No es raro asumir que la mirada ambiental está restringida a la contaminación, la fauna y la flora, como si nada se entendiera de la economía o la política de una mega inversión. Los ambientalistas son los que se dedicarían a proteger venaditos -se burlaba el presidente Mujica años atrás. La situación real es muy otra, porque existen potentes marcos de análisis económicos y políticos propios del ambientalismo, y que son muy apropiados para este tipo de megaemprendimientos. Siguiendo ese camino, se podrían explorar algunas de las preguntas que plantearían un economista ecológico y un ecólogo político ante la idea de una tercera planta de celulosa.
El economista ecológico seguramente comenzaría por alertar que esa obra aumentaría todavía más el perfil exportador del país como proveedor de materias primas, alejándolo de la idea de una diversificación de la matriz productiva. O sea, ir en el sentido inverso a las ideas convencionales en desarrollo.
Entre nuestros vecinos hay tres países que se han convertido en hiper-extractivistas, donde más del 80% de sus exportaciones están concentradas en materias primas, o sea, recursos naturales. Por lo tanto, la presión sobre la Naturaleza es enorme: son los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Le siguen otras naciones como Chile y Perú, también dependientes en ofrecer materias primas, y con un escuálido entramado industrial.
Existe una enorme biblioteca que alerta sobre los aspectos negativos de esas estrategias, no sólo desde el campo ambiental sino también desde la economía del desarrollo. Son opciones que generan poco empleo; consumen usualmente mucha energía y agua (que los países subsidian en muchos casos, por lo cual los rendimientos económicos netos para la nación son escasos); son enclaves con pocos encadenamientos productivos locales o regionales; tributan en sus naciones de origen, etc.
El economista ecológico, además, alertará sobre otras consecuencias inmediatas. Una de ellas es que el país se vuelve más dependiente de los mercados globales, ya que son ellos los que determinan los precios y demanda de esos productos. Obsérvese que es precisamente un ambientalista el que le está advirtiendo que se pierde en soberanía nacional.
Otra alerta señala las distorsiones en las economías nacionales. En la fase inicial de la inversión, con la llegada de muchos dólares y muchos trabajadores extranjeros, o cuando los precios de esa materia prima son altos, hay ingresos financieros jugosos, la moneda nacional se valoriza y las importaciones se abaratan. Eso explica situaciones de alto consumismo, lo que a su vez impacta sobre la industria nacional (siempre es más barato comprar "chino" que uruguayo), y con ello se pierden fuentes de empleo. Este problema, que se asemeja al conocido como "enfermedad holandesa", ya fue padecido por el país, pero parece que los economistas tradicionales no han recibido ninguna lección.
Esto genera un tercer problema: cuanto más extractivista es el país y más profundiza su papel de exportador de commodities, se le hace progresivamente más dificultoso salir de ese camino. No es sencillo, por ejemplo, promover nuevas industrias, ya que el encarecimiento de la moneda y de insumos locales hace que sea preferible importarlas. Esos son gobiernos que, cuando caen en dificultades financieras, como no tienen otros sectores productivos que sirvan de sostén, salen desesperadamente a hacer lo que ven como más sencillo y accesible, o sea, ofrecer a los mercados globales algún nuevo emprendimiento en recursos naturales. Esta es la estrategia que han seguido recientemente Perú y Bolivia, bajo dos marcos ideológicos, pero un mismo camino extractivista.
Toda esa obsesión con la exportación de recursos naturales sin procesar, o con un procesamiento mínimo, genera una presión brutal sobre la Naturaleza. Tanto por la vía de la apropiación de los recursos naturales, como por los insumos necesarios para hacerlo. En este caso hay un insumo crítico: agua. Es inevitable preguntarse desde la economía ecológica si, por ejemplo, el agua que se le brindará a esa planta será gratis.
Desde la ecología política las preguntas iniciales se enfocan en la institucionalidad ambiental y la normativa. ¿Estamos hoy en día en mejores o peores condiciones para manejar ambientalmente una nueva planta de celulosa? Aquí aparecen muchas otras dudas. Por un lado, el área ambiental dentro del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) ha recibido más fondos en los sucesivos presupuestos. Podría pensarse entonces que, en término de equipos, dotación de personal y salarios, estamos mejor.
Pero, por otro lado, políticamente estamos peor. La administración Mujica una y otra vez atacó a su propio Ministerio del ambiente, y en la administración actual se le ha colocado a un costado una secretaría presidencial sobre temas ambientales. En vez de unificar y fortalecer la gestión ambiental, se la diversifica. El ecólogo político se preguntará, con toda razón, quién comandará la revisión ambiental de este emprendimiento: el director nacional de medio ambiente, que a su vez es funcionario político dentro de un ministerio, o un secretario designado directamente por el propio Vázquez y que trabaja en el edificio presidencial.
Seguidamente hay cuestiones sobre la información. El discurso oficial dice que se sabe que la otra planta no contamina, lo que resulta al menos extraño, porque buena parte de esos informes siguen siendo secretos dadas las diferencias que se mantienen con Argentina.
Como pueden ver, en este breve repaso no abordé ni una sola vez los asuntos de contaminación o las amenazas a nuestra fauna y flora. No es que no sea importante, ya que su relevancia es crítica. Pero mi objetivo es aquí mostrar que esa preocupación ambiental también ha nutrido profundas revisiones en distintas ramas de las ciencias económicas y de las ciencias políticas, que desembocan en análisis mucho más amplios de proyectos como una planta de celulosa. Pero nada de eso asoma en la presentación oficial de esa propuesta. En realidad, lo que prevalece es un viejo razonamiento economicista simplista, como si solo contara el indicador macroeconómico de la inversión.
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