La mayoría de los uruguayos tiene la sensación de que vive tiempos muy conflictivos y que eso es malo. En pleno año de discusión presupuestal, la percepción del desempeño del presidente Mujica sufrió una sensible caída en las encuestas, principalmente por la idea, afincada en buena parte de la ciudadanía, de que "habla mucho y hace poco". A nueve meses de haber asumido, lo que para muchos debió hacer y no hizo fue resolver los conflictos gremiales. Para Mujica, el rol del presidente no es "mandonear" sino dialogar, articular diferencias.
¿Estamos atravesando un período de conflictividad desusada? La respuesta de quienes miden tales evoluciones es no.
Al margen de las anécdotas sobre la actual conflictividad, hay otro problema que está debajo de esta sensación de desasosiego. Para mucha gente, la palabra conflicto tiene una connotación negativa por lo que toda expresión conflictiva debe evitarse o, de no llegarse a tiempo, resolverse lo antes posible. La reacción es comprensible pero no se corresponde con la realidad.
El presidente Mujica dijo el fin de semana pasado que el problema para la sociedad es que no haya conflictos porque eso demostraría que la gente "perdió la esperanza". En efecto, los conflictos expresan la voluntad de cambiar una realidad que se interpreta como insatisfactoria. Cuando no escalan de una manera destructiva, los conflictos constituyen una herramienta irremplazable de la dinámica social. Tanto es así que la moderna teoría del conflicto ni siquiera se propone su resolución sino su transformación, tratando de evitar que en su fluir natural genere destrucción (de riqueza, vínculos, reputación, puestos de trabajo o de vidas humanas) y dejando que exprese todo su potencial transformador. El conflicto es, por lo tanto, el ambiente en el que crece el progreso y la justicia. El problema es que nada de eso ocurre con Adeom y AEBU banca oficial.
La sensación de malhumor que padecen muchos uruguayos en estas circunstancias se debe al menos a tres razones: el tipo de medidas que se toman, el desdén con que algunos dirigentes se refieren al daño que le causan a la ciudadanía y su alto nivel de ingresos. Lo que buena parte de la opinión pública cuestiona (y esto incluye a no pocos votantes frenteamplistas) es la legitimidad de las medidas adoptadas a la luz de los beneficios de que gozan.
Al menos en la percepción del público, no hay razón para que municipales y bancarios estatales nos tengan de rodillas siendo que la sociedad ha hecho un esfuerzo mayúsculo para que esos y otros trabajadores mantuvieran sus puestos y sus salarios mientras el resto de los uruguayos pagábamos la crisis con nuestros trabajos o nuestros salarios. Eso que algunos gremialistas llaman "derechos adquiridos" no es otra cosa que privilegios obtenidos al amparo de gobernantes distraídos o timoratos. En tales circunstancias, el diálogo al que apunta el gobierno puede terminar alimentando el chantaje y los privilegios o abriendo una nueva era de relaciones laborales basadas en la responsabilidad, la justicia y el respeto por la gente.