Una vez me dijo un veterano constructor: “cuando un amigo me pregunta cuándo le voy a hacer un proyecto para su casa, yo le contesto: ‘cuando tu esposa resuelva de qué color pintará el interior de las puertas del placar que va en lavadero.’ Antes de conocer esos detalles, cualquier cálculo es inútil”.

La anécdota viene a cuenta del debate en el que se ha enfrascado la sociedad uruguaya sobre qué hacer con la minoridad infractora de 16 y 17 años y la campaña de recolección de firmas promovida por Vamos Uruguay y otras personalidades coloradas y blancas.

Ya nos pasó una vez con la reforma de la educación, que le insumió al país más de dos años (y que no parece haber servido de mucho) y probablemente nos pase de nuevo: la discusión sobre un tema capital  no se centra en lo sustancial sino en lo anecdótico y los aspectos institucionales opacan cualquier discusión en profundidad y en detalle.

Una de las consecuencias positivas de la campaña en curso es que obliga a los actores sociales y a los ciudadanos a enterarse de los pormenores del problema y a tomar partido. Una de las peores, si no la peor, es que se focaliza en un grupo reducidísimo de jóvenes infractores, como si estuviera allí la matriz de la doble tragedia que vive la sociedad uruguaya. Doble porque supone una agresión a la sociedad y a la paz pública, pero también una sangría permanente de niños y adolescentes que son ganados por la lógica de la violencia y por el desprecio al prójimo. Muchos de ellos, nunca está de más recordarlo, ni siquiera pudieron elegir porque la vida no les permitió conocer más que esa realidad. Allí es donde está la raíz del problema y allí es donde debería centrarse la discusión.

Ninguna solución que se plantee para reducir la cantidad de adolescentes vinculados al delito pasa principalmente por el sistema punitivo. Cuando entra en funcionamiento la ley penal, ya sea que se aplique a jóvenes de 16 ó 17 años, es porque se llegó tarde.

Parece claro que la experiencia de las escuelas de tiempo completo, los planes del Mides y los esfuerzos privados en la materia no son suficientes y que se debe articular desde algún ámbito institucional existente o a crearse, una política global de una dimensión aún no explicitada. Los detalles del proyecto estarían orientados a brindarle a ese segmento de la infancia uruguaya, medios materiales pero también valores, afectos, modelos de vida y destrezas de comportamiento interpersonal y social diferentes a las que pueden adquirir en su entorno familiar y barrial.

Lamentablemente, la discusión que asoma sólo recoge como significativo el alcance del mantenimiento de los antecedentes, en el grado de benevolencia de los jueces o en la severidad de las penas para los jóvenes de 16 y 17 años, como si tales disquisiciones fueran a lograr el abatimiento de la violencia delictiva o algo que le devuelva a los ciudadanos la tranquilidad perdida. Como en la anécdota del constructor, estamos muy lejos de los detalles sobre los que se necesitaría discutir y consensuar para ejecutar el proyecto adecuado. Así, no hay solución posible.