Defensor del vecino: la IM no quiere control público

Muy tarde para un país que se precia de propiciar la transparencia. Sin embargo, hace ya casi una década, en el gobierno departamental de Montevideo se instaló la institución del Defensor del Vecino y varios años después se inauguró (hace muy poco) la Institución Nacional de los Derechos Humanos.

Desde el punto de vista jurídico se reparaba una lamentable omisión de nuestro ordenamiento institucional. Se había llenado un preocupante vacío mediante la puesta en funcionamiento de dos institutos (uno de alcance nacional y otro de alcance departamental) que se harían cargo de la defensa de los derechos de los más débiles, que son los ciudadanos comunes, de a pie, que no tienen padrinos en las altas esferas del poder.

Sin embargo, en estos días estamos asistiendo a una terrible ofensiva del partido que gobierna Montevideo para desmantelar, debilitar y, eventualmente, suprimir a la Defensoría del Vecino.
La Junta Departamental por mayoría resolvió hace pocas horas no renovar el mandato del Psic. Soc. Fernando Rodríguez, quien se había desempeñado en ese cargo por dos períodos y al que se le podía renovar el mandato por un tercer período. Se ha cuestionado su accionar mediante un conjunto de argumentos que no hacen otra cosa que aumentar la preocupación por los objetivos que busca el partido de gobierno con el cese del actual Defensor del Vecino.

Se ha dicho que este instituto, creado para defender a los ciudadanos ante eventuales actos de mala administración o abuso del gobierno departamental, no debe "fiscalizar" sino "contribuir" al funcionamiento de las autoridades departamentales. Esta afirmación es la prueba más evidente de que lo que busca el partido de gobierno con esta sustitución es evitar que la institución cumpla con los cometidos que efectivamente debe cumplir, es decir el control y el señalamiento de aquellas cosas que funcionan mal o afectan a los ciudadanos.

Se lo acusó también de tramitar o preocuparse de situaciones individuales, señalando que debía solo dedicarse a planteamientos referidos a situaciones colectivas. Este señalamiento es particularmente cuestionable por cuanto la misma concepción del instituto del Ombudsman, aquí y en cualquier parte del mundo, tiene por objeto atender situaciones de ciudadanos que sufren afectaciones por parte de las autoridades. Por algo se llama "defensor del vecino".

En tercer término, también se lo acusa de no haber colaborado más directamente con la Junta Departamental, en cuya órbita se desempeña este instituto. Otro grave error de concepción, el objetivo del Defensor del Vecino no es trabajar en apoyo a la Junta Departamental sino, como su nombre lo indica, defendiendo a los administrados.

Más insólito es, todavía, escuchar que este instituto debe cambiar sus funciones en la medida de que ahora existen los Municipios en Montevideo que, según este argumento, ocuparían parcialmente las funciones del Defensor del Vecino. Esta afirmación es sorprendente porque todos en Montevideo sabemos de las gigantescas limitaciones de los Municipios y su falta total de relevancia con respecto a los ciudadanos de la capital. Bastaría hacer una encuesta preguntando simplemente si alguien recuerda el nombre del Alcalde que corresponde a su domicilio para demostrar la falta total de significación de estas figuras en Montevideo.

Por otra parte, para agravar el panorama, se ha reiterado en estas circunstancias, que el sector mayoritario del Frente Amplio, el MPP, está en contra no solo de que Fernando Rodríguez continúe siendo el Defensor del Vecino, sino que se elimine la propia institución.

Sin embargo, cualquier análisis objetivo de la trayectoria y el trabajo de Rodríguez indica con claridad de que ha cumplido una tarea excelente, correcta y, sobre todo, independiente con respecto a la administración departamental. Paradójicamente, su independencia de criterio, su postura libre para no convertirse en un mero dependiente del gobierno al que debía controlar, ha sido la razón verdadera de su sustitución.

Resulta evidente por todo lo dicho que, lamentablemente, el Frente Amplio en el gobierno de Montevideo no quiere ser fiscalizado por una institución que es garantía de transparencia en todas partes del mundo. Todos sabemos, propios y ajenos, que la gestión del gobierno departamental de Montevideo es absolutamente insatisfactoria y sus fracasos son cada vez más graves y evidentes; en ese contexto "barrer" con una figura incómoda que pone en evidencia sus graves carencias ha sido el reflejo de quienes buscan evitar el contralor público.

¡Qué pocos reflejos democráticos! ¿No?