Se pueden cometer errores, son parte de todas las actividades humanas, aunque esta justificación muchas veces esconde un auténtico sentido crítico. Se puede incluso perder el rumbo y con esfuerzo volver a el. Supuestos cadáveres políticos han resucitado de sus cenizas, incluso de la muerte se puede volver al bronce, a la leyenda, al mito, pero hay un lugar funesto en la política del que no se vuelve: del ridículo.

Este tema del IRPF más que su propio valor económico, social se ha transformado en uno de los ejes del debate político e institucional y lo seguirá siendo por mucho, mucho tiempo. Hasta las elecciones.

Comencemos por lo que blancos y colorados han transformado en el eje de su campaña. ¿Cuantos jubilados pagan el IRPF y como?

Sobre un total de 512.000 jubilados, 240.000 pagan IRPF. De esos 240.000 jubilados y pensionistas 155.000 pagan menos impuesto a la renta de lo que pagaban por el impuesto “rosado” a los sueldos, el tristemente recordado IRP. Es decir que son 85.000 los jubilados que pagan más impuestos con el actual sistema que con el anterior. Esto representa el 17% del total de los jubilados y pensionistas. El 83% o no pagan o pagan menos que antes. Esta es la “tremenda injusticia” que denuncian los partidos que en todos, reitero en todos sus gobiernos aplicaron ajustes fiscales y de todas maneras dejaron el país con un enorme déficit que seguimos pagando en forma de deuda eterna.

Ahora vayamos al ridículo. Hasta ahora era un debate de proyectos económicos, de prioridades sociales expresadas a través del sistema impositivo, que por otro lado será ajustado a la baja en pocos meses, ahora nos adentramos en la ciénaga institucional.

El Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral tienen una abrumadora mayoría colorada a pesar de que ese partido hoy tiene el 8% de los votos. Y blancos y colorados asociados  se niegan de forma sistemática a adecuar la integración de estos organismos a lo que manda la Constitución, a la representación proporcional a los votos recibidos por cada partido. Argumento: poco o ninguno, pero digamos que el principal es que el gobierno ya tiene mucho poder y este sería uno más. Ellos tuvieron todo el poder sumado y multiplicado y nunca se les ocurrió renunciar a nada que a la izquierda no se le ocurrió tamaña barbaridad institucional. Y vamos para los 15 años.... de integrados estos organismos.

El fiscal de corte Dr. Peri Valdez lo destituyó el gobierno de Jorge Batlle, el actual gobierno propuso a la doctora Mirtha Gianze, los partidos de oposición se negaron sistemáticamente, el gobierno de izquierda hizo propuestas y buscó soluciones hasta encontrar un candidato que llenara esa fundamental vacante en el Estado, el doctor Rafael Ubiría. No le preguntó – al estilo del viejo poder tradicional – que pensaba sobre temas fundamentales, entre ellos sobre el sistema tributario que impulsaría el gobierno.

El Dr. Ubiría fue el que promovió ante la suprema corte de justicia la inconstitucionalidad del IRPF a las jubilaciones y pensiones aceptando las presentaciones promovidas, apoyadas y transformadas en gran palanca política por blancos y colorados. Y el Dr. Sanguinetti el que siendo ministro y posteriormente diputado en 1972 votó el IRPF (con idéntico nombre) y con explicita mención de que se aplicaría a los jubilados y pensionistas, fue el promotor y el gran impulsor ante la SCJ de que se aceleraran los plazos para definirse. Todo naturalmente con gran desinterés.

Hubo 13 pronunciamientos que abarcan a casi 2000 personas de que el IRPF es inconstitucional. En medio de un escándalo nunca antes conocido en los anales de la justicia uruguaya, la filtración a la prensa antes de que se emitiera el fallo de las decisiones de los diversos jueces. La votación en todos los casos fue de 3 a 2 a favor de la inconstitucionalidad.

Durante las varias semanas en que apresuradamente la Suprema Corte de Justicia emitía sus fallos anteriores, los partidos tradicionales exigían, demandaban, presionaban para que el Poder Ejecutivo anulara el IRPF a los jubilados y pensionistas. Las resoluciones de la SCJ abarcaban menos de 2000 personas. Terminó sus funciones por límite de edad la doctora Sara Bossio y se abría un panorama sombrío, los expedientes que quedaban pendientes debían repartirse entre diversos jueces de los tribunales de apelación.

El gobierno propuso a la doctora Mariela Sassón, la magistrada con mayor antigüedad para ocupar el cargo vacante. El Partido Nacional – no sea cosa que apoye algo que propone el gobierno – propuso al Dr. Jorge Jorge Larrieux. Reitero al doctor Larrieux lo propuso el Partido Nacional y fue aceptado por el Frente Amplio y aprobado por unanimidad del senado

Si el gobierno se emperraba en su resolución debían pasar 60 días antes de que asumiera el quinto integrante de la SCJ. Aceptó la propuesta del Partido Nacional y en votación unánime del senado se aprobó su designación. Mientras tanto hay que aceptar que en filas de oficialismo, algunos diputados se fueron de boca y de cabeza con declaraciones no sólo inoportunas, sino equivocadas y que nada tenían que ver con la actitud de seriedad institucional que ha demostrado este gobierno. Y en especial en este caso.

Vale la pena recordar el muy edificante diálogo entre el Dr. Jorge Larrañaga y el senador Gustavo Penadés, publicado en El Observador donde discutían sobre la orientación política del doctor Larrieux. Un modelo de respeto y altura al considerar los temas institucionales y en particular del poder judicial. Nadie desmintió ese diálogo.

El SCJ con la nueva integración, sin que se filtrara una sola línea, un solo rumor y adelanto, se pronunció por 3 votos a 2 por la constitucionalidad del IRPF con una sólida y bien fundada fundamentación que va más allá de este caso y refiere al concepto más general de la aplicación de los impuestos a todos los ciudadanos.

El mismo día en que aproximadamente 300 ciudadanos convocados por todos los partidos de la oposición, los cuatro y con el desinteresado aporte del Partido Independiente, tan funcional a los dos partidos tradicionales se reunieron ante la sede de la SCJ para manifestarle su apoyo, naturalmente sin ningún contenido político. Ir hacia el ridículo es una opción de cada uno, lo que no se puede es tratar a todos sus conciudadanos de bobos con tanta impunidad. Ellos manifiestan, juntan firmas, hacen pedidos de informes, desmienten lo que hicieron en anteriores gobiernos, pero sin ningún contenido político. Ellos lo hacen para la historia y además se lamentan porque el Frente Amplio no les hace de coro y de paso les lleva alguna persona visto lo escaso de la convocatoria.

Me asalta una pregunta ¿dónde estaba el Partido Independiente y los otros desinteresados convocantes cuando en julio de 1997 blancos y colorados abrieron fuego de artillería pesada por la prensa contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia Milton Cairoli. “Las críticas de blancos y colorados se conocieron tres meses después de que la Suprema Corte y el Senado discreparan en dos ocasiones en torno a la designación de un ministro de un Tribunal de Apelaciones, episodio que generó un enfrentamiento sin antecedentes en los anales de las relaciones entre los poderes.” El entrecomillado es un texto del semanario “Búsqueda”.(10 de julio 1997 pag.4)

Así que no los conmovió por cierto “un enfrentamiento sin antecedentes en los anales de las relaciones entre los poderes” pero los 300 espartanos decidieron velar armas frente a la sede de la SCJ.

El mismo día que se conoció el nuevo fallo de la SCJ apoyando la tesis del gobierno ¿Qué nueva genialidad se les ocurrió a los blancos y colorados en vísperas de la esperada y ansiada interpelación a los ministros Astori y Bonomi? Que ahora más que antes el gobierno debía anular el impuesto a todos los jubilados y pensionistas. Si no fuera tan ridículo, merecería ser inscripto en el Guiness.

¿Así que para resolver la situación de excepción que se creó para 2000 jubilados y pensionistas el gobierno debería anular el impuesto a 240 mil personas? ¿Cómo explican que con los anteriores fallos de la SCJ pedían que se respetaran y ahora con los nuevos fallos que serán más de 350, es decir mucho más de los 13 anteriores, el Poder Ejecutivo tiene que anular el impuesto? En realidad deberían ser más directos, demagogos hasta el final y exigir que para igualar a todos los uruguayos no se cobraran más impuestos a nadie. ¿Si dos mil no pagan porque el resto de los 3.300.000 uruguayos debemos pagar impuestos? Impuestos para todos o para nadie.

No se ustedes, pero yo espero con ansias la interpelación, quiero saber que nueva ocurrencia tienen nuestros ex gobernantes perpetuos para tratar de cubrir tanto ridículo. Aunque la demagogia es un poncho enorme, no da para tanto.