PLUNA S.A. le debía a todo el mundo. Ya no podía ni siquiera abastecerse de combustible. En realidad, hacía rato que ya no hubiera podido volar, de no haber sido por la dadivosa actitud del ente nacional petrolero que generosamente ofrendaba combustible a los “bombardier” con una financiación muy conveniente para Leadgate y el Sr. Matías Campiani. ¡Tremendos aviones!

Algo pasó. Algo pasó luego de aquella convocatoria a la tranquilidad y al éxito en aquel día en que, según el entonces Ministro de Economía al firmar el contrato con Leadgate, se iniciaba un proceso profesional y “las cosas que empiezan bien por lo general siempre se desarrollan y culminan bien”. Algo pasó entre aquella convocatoria y la actual situación de insolvencia. Algo no concuerda.

La situación actual es el resultado de, por lo menos, un conjunto de decisiones políticas que nos condujeron a una experiencia que podríamos caracterizar como un negocio ruinoso. Por lo menos. Habría que ver. De hecho, hace pocos días la Mesa Política del Frente Amplio, emitió una declaración en la que se compromete a realizar “los máximos esfuerzos de la fuerza política para que todo este proceso se realice con transparencia, identificando las diferentes responsabilidades del sector público y privado”.

La idea estaba bien. Dice los máximos esfuerzos. Pero sin embargo, a la primera de cambio, los dos frenteamplistas que integraban la Comisión pre investigadora de la Cámara Alta, votaron en contra de la creación de una Comisión Investigadora, que además no había sido solicitada por parte de quienes tienen la responsabilidad principal, esto es, los legisladores del gobierno. De entrada nomás. Y eso que escuchamos a algunos senadores del oficialismo envalentonados diciendo que estaban dispuestos a votar una Comisión que Investigara a fondo. No era verdad. No estaban dispuestos. No eran tan guapitos. Se hacían. Amagaban nomás. Y uno no termina de entender por qué entonces se hablaba de hacer los mayores esfuerzos, si luego se va a terminar negando la investigación en el parlamento. Como si crear una Comisión Investigadora, fuera una solución alternativa a pasar todos los antecedentes del caso a la justicia. Pero resulta que no son alternativas.

Por supuesto que corresponde la pesquisa de eventuales hechos delictivos. Y sobre todo cuando hay hechos con clara apariencia delictiva. Es por eso que el tema ya está en la Justicia. Y por cierto, no por decisión de la fuerza política que ahora saca pomposas declaraciones anunciando los máximos esfuerzos. Y no los hace. En realidad hace los mínimos esfuerzos para poder pasar este mal trago. Pero las responsabilidades podrán ser, penales según se configure o no alguna figura delictiva, o habrán de ser responsabilidades políticas. Y eso es lo que se debería investigar en el parlamento. Es en ese Poder del Estado, poder independiente y representante de la soberanía ciudadana, que debería investigarse para confirmar o descartar si hay responsabilidades políticas atrás de aquellos hechos.

Pero para eso se necesita voluntad política. Voluntad de ser leales con la ciudadanía.

Voluntad para pesquisar eventuales responsabilidades políticas ante los acontecimientos que hoy generan la angustia de centenares de trabajadores, y con la que hoy hacen gárgaras populistas, tirios y troyanos. Responsabilidades políticas ante los acontecimientos que hoy generan la angustia de los 7.000 pasajeros que fueron estafados porque compraron sus pasajes a través de seductoras ofertas de precios de PLUNA S.A., que este Estado integraba. ¡Sí, estafados! Porque hoy ya sabemos que están fritos. Y porque se les ha puesto lo más atrás posible en la lista de espera de los acreedores. Responsabilidades políticas frente a la construcción de un mercado de ilusiones en relación a la fabulosa línea aérea que se nos prometía, volando a los confines del mundo con múltiples frecuencias y con todos los controles y los reaseguros que de acuerdo a lo que nos contaron, eran dignos de una novela de Lewis Carroll.

Y si el problema es que se quería investigar desde antes ¿por qué no se hizo? ¿Es que no estaban los votos en el Parlamento para crear una Comisión Investigadora para los eventos anteriores que hoy se denuncian como escandalosos? ¿O es que nos dimos cuenta ahora? Y ¿por qué nos dimos cuenta ahora? ¿Cuál fue el despertador que les sacudió la modorra? A mí me preocupa mucho porque cuando queramos pesquisar eventuales responsabilidades políticas del otro lado del mostrador, no vamos a poder contar con los votos del Frente Amplio, que habrá perdido autoridad para pedir comisión investigadora alguna. Y nos tendremos que conformar de aquí en más con seguir tirando la pelota al out ball. Una verdadera pérdida.

Una cosa más. A lo mejor los trabajadores de Pluna pueden resolver su angustiosa situación. A lo mejor. Ojalá así sea. Pero lo que sí está claro es que aquel presuntamente exitoso empresario hoy devenido en trabajador, ya cobró. Es curioso como este señor pasó de ser un acaudalado inversor a alguien que no tenía otra cosa para vender que su fuerza de trabajo. Un verdadero trabajador. ¡Qué metamorfosis! Allá se marchó el Sr. Matías Campiani, con sus decenas de miles de dólares por concepto de despido. Y allá lo vemos alejarse, chiflando bajito, los ecos de la Internacional.

Y que esto no nos lleve a sacar las conclusiones al revés. El problema no es si el sector privado gestiona bien o mal. El problema es si estamos dispuestos a aceptar o si nos negamos a los controles. El problema es la soberbia de quienes creen que ellos no necesitan que nadie los controle. ANCAP, muy del Estado ella, se quedó con una deuda de decenas de millones de dólares por haber aceptado cheques a 180 días que la normativa no le permitía aceptar.

Y que si no logra cobrarlos, pagará la gente común y corriente de este país, pero en cambio si logra cobrarlo, ¡caramba, qué coincidencia! Pagará la gente común y corriente de este país.