Lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días ha sido una sucesión de eventos terribles que no hacen más que desnudar, que no hacen más que poner en evidencia una vez más, el extremo deterioro, el desgobierno, la situación de caos que impera en nuestras cárceles y por otro lado, el desconcierto, la desorientación y la incapacidad de elaborar respuestas coherentes, adecuadas y oportunas por parte de las autoridades. Una situación que no por evidente deja de impresionarnos negativamente. Una situación que no por evidente deja de impactarnos.

Asistimos incrédulos a una catarata espeluznante de sucesos que tuvieron su punto de partida en un incidente en el que un recluso del Penal de Libertad resultara abatido luego de herir a dos guardias con un arma de fuego, uno de los cuales finalmente perdiera su vida.

Sucesos que se producen en un contexto, que no es nuevo, pero que se ha agravado hasta límites intolerables. Con libre circulación de drogas, de celulares y de armas (aunque no de legisladores por cierto) e insólitos códigos internos de funcionamiento que, implícitamente, admiten la existencia de armas dentro de las cárceles. Y códigos que ahora se entiende que fueron violados sólo porque, en esta oportunidad, se le disparó a un policía.

Aunque en realidad, ya pasaron más de 10 años desde que tuvimos la primera víctima por arma de fuego dentro de nuestras cárceles. Y luego otra. Y luego otra. Y nadie se escandalizaba.

Un contexto de crisis de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios, con desencuentros y discusiones entre el personal y las autoridades carcelarias.

Y con traidores. Traidores que les proporcionan armas de fuego a los reclusos. Uno de estos traidores termina siendo en definitiva, cómplice del asesinato del guardia herido de muerte.

Ya sé, no me digás, tenés razón

Pero un contexto además, con serios problemas dentro de la propia institución policial, con desinteligencias varias, donde, por si teníamos poco, la máxima autoridad carcelaria para el área metropolitana sugiere el involucramiento y la responsabilidad de dirigentes políticos en los motines azuzando la situación, y denunciando la existencia de una presunta conflagración bélica en contra del gobierno. Pero además anuncia la existencia de pruebas, mensajes de texto y números de teléfono en su poder, en un asombroso espectáculo de intrépida propagación a la marchanta de sospechas, que aportó durante varios días titulares a los medios de comunicación, y que le valió la consideración como "viejo comisario sabueso", por parte del mismísimo Presidente de la República, aunque finalmente sus afirmaciones fueran desmentidas por el Ministerio del Interior.

Pero, un poco más tarde, el señor Ministro del Interior, desliza subrepticiamente en una conferencia de prensa, comentarios en los que parecería sugerirse la responsabilidad de otras personas, involucrando a una magistrada (a la que, en esa oportunidad no se le habría pedido orden, simplemente se le habría avisado de los hechos nada más que para que estuviera en conocimiento, pero no para que tomara decisión alguna) e involucrando inclusive al señor Comisionado Parlamentario, quien claramente ha asumido un rol que trasciende sus obligaciones funcionariales, de labor intachable, y de protagonismo trascendente para evitar males mayores.

Una crisis de autoridad que se exacerba desde la entrada en escena de los sindicatos policiales, que increíblemente incurren, a través de medidas gremiales, en determinaciones sancionatorias a los reclusos y, que a esta altura parece estar claro, que estas determinaciones fueron el disparador de los amotinamientos que nos conmocionaron y nos tuvieron en vilo en los últimos días de abril.
Da mucho fastidio. Escuchar y a veces hasta sintonizar con el discurso conceptual que se emite desde el gobierno y desde las autoridades en general, pero escucharlo demasiadas veces, y no poder nunca contrastarlo con una realidad que permanentemente transita por otros andariveles, absolutamente diferentes.

Luego de los últimos acontecimientos, que no hacen más que transparentar lo dicho: deterioro extremo, desgobierno y caos, todo condimentado por piruetas y malabares discursivos para tratar de eludir y traspasar responsabilidades; y luego de que el parlamento votara todos los recursos y votara además todas las herramientas legales que se le solicitaron, uno tiene la tentación de preguntarse ¿cuántas crisis más van a hacer falta para advertir que, también en las cárceles, estamos ante un serio problema de gestión? También en las cárceles.

El hondo bajo fondo donde el barro se subleva

Pero más allá de la situación emergente, las cárceles superpobladas y el hacinamiento, las precarias condiciones edilicias y de infraestructura, las penosas condiciones de los presos y del personal policial, la indignidad de estas condiciones y la permanente violación de los derechos humanos (por la que nadie se rasga las vestiduras), hace rato que introducen a las cárceles en el circuito de la inseguridad, y no en el de la seguridad.

Se ha transformado en un lugar común afirmar que el sistema ha devenido en "escuela del delito" y da la impresión de que quien más lo ha advertido ha sido el crimen organizado, que ha identificado en el sistema carcelario un ámbito inmejorable de reclutamiento y capacitación para sus fines. Un sistema del que se egresa con una mayor experticia delictiva, que indudablemente actúa como un factor, ya no solo favorecedor, sino determinante de la reincidencia.

El sistema carcelario uruguayo no cumple con su principal fin, la rehabilitación. Al contrario des socializa. Y es a la vez, un lugar donde se producen y se reproducen una infinidad de violaciones a los DDHH, de las que todos somos corresponsables.

Además, al ser liberados, el estigma de ser un ex preso acompaña a la persona, etiquetándola como un verdadero marginado, y restringiendo sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo. En la mayoría de los casos los liberados regresan a un territorio de alta marginalidad. Y no se vislumbra como contrapartida una oferta adecuada de reinserción social.

¿No ves la pena que me ha herido?

Cabría preguntarse ¿cuál es la finalidad de la reclusión? o más aún ¿cuál es la finalidad de la pena? ¿Tiene una finalidad retributiva del mal que ha cometido el delincuente? ¿Es una finalidad meramente sancionatoria? ¿Debe basarse en la Ley del Talión? ¿Debe tener una finalidad de prevención general negativa, intimidatoria y con efecto ejemplificador?

¿O debe tener una finalidad de resocialización?

¿No será que habrá que tratar de reformar al condenado no solo para evitar su reincidencia, sino para contribuir a su inclusión social?

Bueno pues, en los hechos, en la realidad cotidiana de nuestras prisiones, no existe ni ha existido una práctica de resocialización efectiva. Más bien es notorio que los reclusos y el personal, están sometidos a un clima de violencia permanente. Y no puede entenderse que este es un contexto propicio para acciones de readaptación.

Sin embargo, diariamente asistimos a la proliferación pública de juicios definitivamente condenatorios basados en la máxima de que "son irrecuperables". Se aprecia una tendencia creciente de la opinión pública en el sentido de reclamar la agravación de las penas, así como la búsqueda de configurar nuevas figuras delictivas.

¿Es que no advertimos que la política penal de sobre criminalización tiene como consecuencias, por un lado el aumento de las penas, pero por el otro, el creciente hacinamiento de nuestros establecimientos carcelarios?

¿Y cómo creemos que esto consigue el propósito de disminuir el índice de delincuencia o evitar la reincidencia? ¿A través de qué mecanismo?

Y además, en este contexto ¿cómo se puede afirmar que los delincuentes son irrecuperables?
Esta lógica nos ha introducido en un círculo vicioso, que genera un problema creciente de sobrepoblación carcelaria y hacinamiento progresivo de los internos.

Pero además, el exceso de presos sin condena, la morosidad judicial que entre otras cosas, denuncia la morosidad legislativa en la modificación del Código del Proceso Penal, con un porcentaje exagerado de presos sin condena, o sea con permanencia indeterminada, repercute negativamente en la superpoblación penal e interfiere con una adecuada gestión.

Ya sé que te lastimo, ya sé que te hago daño

Por lo tanto, contrario sensu de lo que expresa la opinión pública mayoritaria entiendo que es preciso un cambio sustancial y una marcha atrás en la política penal.

Asumiendo que es políticamente inconveniente y sobretodo no redituable. Asumiendo además que, en las actuales circunstancias del estado de la opinión pública, en medio de la crisis, es inoportuno, me siento en el deber de afirmar de manera contundente que en mi opinión, el camino que hace rato hemos asumido de sobre criminalización, tendrá efectos cada vez más graves, y nos coloca sobre una bomba de tiempo, de la que ya estamos teniendo noticias por estos días.

La cifra de reclusos seguirá creciendo y sus consecuencias serán totalmente opuestas a las de una política penitenciaria que esté orientada al logro de la resocialización.

Las penas han crecido pero la incidencia de la criminalidad no ha logrado ser contenida.

No hay un fundamento racional y equilibrado que justifique este camino.

Esta tendencia al aumento de las sanciones para dar solución al problema de la criminalidad y que reclama más severidad, más mano dura, más años de cárcel, está demostrado que no disminuye la criminalidad, es parte del problema y no de la solución, y genera este peligroso y desmesurado crecimiento de la población penal y hace más crítico y difícil el propósito de intentar desarrollar políticas de tratamiento penitenciario para alcanzar la resocialización de los internos.

Y no creemos que la alternativa para enfrentar el crecimiento alarmante de la población penal sea una política de construcción de cárceles, que es estrictamente necesaria, pero que es evidentemente insuficiente, porque siempre nos coloca en posición de correr de atrás el aumento progresivo de la población de internos.

Corriéndole un telón al corazón

Sin dudas que más allá de la necesaria reforma en profundidad de la institución policial, que la saque del rol casi exclusivamente de gestión administrativa del delito que hoy cumple, que aumente su presencia y refuerce su rol preventivo, que la depure de los elementos espurios que hoy la contaminan, que contribuya a recuperar la confianza perdida de la población, además es absolutamente necesario sacar las cárceles de su órbita de competencia.

Hace años que es poco menos que una promesa incumplida. Todos parecen estar de acuerdo. Y además forma parte de los acuerdos inter partidarios firmados al principio de este período de gobierno. Hay que instrumentarlo. Y alinearlo con la nueva política en materia de recursos humanos y con los cambios en las denominaciones (que ojalá fueran más que eso).

Pero además, en algún momento, habrá que realizar una revisión integral de la legislación penal, en el sentido contrario de lo que parece aconsejar el termómetro de la opinión pública. Buscando construir consensos políticos imprescindibles para amortiguar el impacto de los medios de comunicación. Con una racionalización y graduación de las penas que evite tener una población cada vez mayor, que se queda en la cárcel demasiado tiempo, y que consigue una mayor capacitación para el delito y su reclutamiento en organizaciones criminales. Con mayor utilización de penas alternativas o de regímenes semi abiertos, semi institucionales o de suspensión de la pena.
Hoy, la privación de libertad en nuestras cárceles, es una solución provisoria de invisibilidad. Un archivo momentáneo de delincuentes. En el mejor de los casos. El recluso saldrá en algún momento y, lo que hará, seguramente tendrá alguna relación con lo que se hizo con él.

Y ¿por qué pensamos que esto no está relacionado con las altas tasas de reincidencia?
Pero a los efectos del cumplimiento de su fin principal que, por si acaso, está establecido en el Artículo 26 de la Constitución de la República, el sistema está demostrando su inutilidad o peor aún, su efecto deletéreo.

Es más, en una mirada teleológica, que abrace la utopía, los regímenes de cárceles cerradas deberán ser hundidos en el rincón de un museo, como tantas otras instituciones que, oportunamente cumplieron un papel histórico, pero que dieron paso al desarrollo de regímenes alternativos. Estamos muy lejos. Y en estos días, más lejos aún.

La tarea de fondo para controlar el crimen es la prevención y la rehabilitación, tarea sobre la cual hoy no se presta la debida atención, probablemente porque ella supone un trabajo de mediano a largo plazo para empezar a obtener resultados.

Pero, sin dudas, resultará más eficaz que el aislamiento. Esto es parte también de un plan de política criminal, entendida en su acepción más amplia, y que debe abarcar aspectos de las políticas penales y de las políticas sociales que tendrán que ser menos asistencialistas que aquellas a las que nos hemos acostumbrado últimamente, y con una dimensión promocional más vigorosa.