Hace poco más de un año, en marzo de 2009, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, no sólo advirtió sobre que las condiciones de reclusión en nuestro país eran "de las peores del mundo" sino que "han ido constantemente empeorando durante los últimos años".
Esa es la cruel verdad. El día de la interpelación, el 28 de julio de 2010, las cárceles de nuestro país, no estaban mejor que hace 10 o 15 años. Estaban peor. Y tampoco están mejor que hace 5 años. Están peor.

Por lo pronto hay una constatación que rompe los ojos: no es posible seguir reivindicando el camino que nos condujo a este lamentable estado de cosas. El camino transitado hasta el momento está en la base, es en gran parte determinante, de la situación que hoy nos consterna.

Por lo que se ha propuesto y sobretodo por lo que no se ha propuesto.
Por lo que se cambió, pero sobretodo por lo que se dejó de cambiar.

El gobierno pasado hizo la ley que quiso, sin atender ningún cuestionamiento y sin preocuparse por la búsqueda de consensos. Y, consecuentemente, no hizo otra ley, porque no quiso.

El día de la interpelación, casi con angustia, pudimos ver en el video del horror, los gases incandescentes a 1100ºC devorando la cuadra de la cárcel de Rocha. No era humo de cigarrillos. Eran 12 de los nuestros que en el medio del furor por los triunfos celestes, morían carbonizados.

¿Y nadie es responsable? ¿Las condiciones deplorables en que se encontraban detenidos, fueron fruto del azar? ¿Surgieron quizás por generación espontánea?

Por supuesto que no. Y por cierto que hay responsabilidades compartidas.
Hay instalada en la opinión pública de nuestro país, una visión que desprecia los derechos de las personas privadas de libertad, y que hace parecer "políticamente incorrecta" cualquier demanda en ese sentido.

Por otro lado, la otrora ubicua voz de las organizaciones sociales también ha estado ausente. ¡Cuánto se ha reclamado en plena dictadura desde las organizaciones sociales por los derechos de los presos! Parece que en este país tomamos nota de que los presos tenían derechos cuando eran presos políticos (algunos de los cuales hoy son nuestros gobernantes), pero automáticamente dejaron de tenerlos, cuando dejaron de ser políticos.

Y salvo honrosísimas excepciones (recordamos, por ejemplo, una columna del Senador Fernández Huidobro), también el sistema político, en su conjunto comparte esa responsabilidad.

Acaso seguir poniendo presos en tan lastimosas condiciones, sobre una "bomba de tiempo" como ha manifestado el señor Ministro, no constituye una verdadera imprudencia. Y la imprudencia, ¿no configura responsabilidad cuando ocurre una muerte?

Pero sin dudas, el principal responsable es el gobierno. Hace pocos días, el Sr. Ministro de Defensa, Luis Rosadilla, expresaba en Comisión del Senado que "desde que uno toma la lapicera y firma es responsable por todo".

No obstante, sería muy injusto no reconocer que, desde que asumiera la cartera del Interior, el Sr. Ministro Eduardo Bonomi, ha realizado gestos que, de alguna manera, salvan su responsabilidad. Incluyendo el propio día de la interpelación, cuando el Ministro vino a la Cámara de Diputados a decir la absoluta verdad sobre los hechos.

Sería muy injusto no reconocer a un Ministro que, desde mucho antes que acontecieran estos lamentables sucesos, y a diferencia de la administración anterior, propuso alternativas y sobretodo buscó acuerdos, procuró consensos.

El Señor Ministro, Eduardo Bonomi, había puesto arriba de la mesa un compartible Proyecto de Ley de emergencia carcelaria, que si algo pone en evidencia es voluntad de cambiar. Un Proyecto de Ley de emergencia carcelaria que simboliza la ruptura con gestiones anteriores que, tampoco en materia de política carcelaria, justifican ser reivindicadas.

Poco favor le hace al Ministro la declaración que se termina aprobando con los votos de la regimentada mayoría de la bancada oficialista y que expresa que las medidas adoptadas son "continuación inequívoca de las que comenzaron a adoptarse en el anterior período de gobierno". Porque además, es una absoluta falsedad.

Hay otro talante, hay otro abordaje conceptual y, en consecuencia, hay otras medidas concretas, que son las que el Ministro Bonomi ha propuesto.

En 1984, la extraordinaria novela de George Orwell, el Ministerio de la Información tiene a su cargo la tarea de corregir todas las informaciones de los acontecimientos del pasado para hacerlos coherentes con la estrategia y la práctica cotidiana del gobierno.

La bancada oficialista, con esta penosa determinación, que parece más orientada a dirimir y ocultar diferencias internas del propio partido de gobierno, asumió circunstancialmente el pasado miércoles, ese triste papel.