Crítico

La situación de la seguridad pública entró en un estado crítico. El silencio del gobierno a la salida del gabinete de seguridad muestra que se viven horas difíciles. Ya no se trata de si la marcha de la semana pasada fue convocada o promovida con fines políticos sino de atajar una realidad que le ha estallado en la cara al gobierno. La muestra más clara de la gravedad política del asunto es la andanada de legisladores frentistas que comenzaron a tomar distancia de la gestión y el discurso en materia de seguridad y minoridad infractora, con declaraciones que van a contrapelo de lo que defendió la izquierda en las últimas décadas.

Las cosas están de tal manera turbulentas que el diputado Darío Pérez, de Cabildo 2000, llegó al extremo de reclamar expresamente que el Frente Amplio apruebe iniciativas presentadas por la oposición, en especial una de Aire Fresco, el sector nacionalista que orienta el diputado Luis Lacalle, que pretende facultar a los jueces de menores a imponer penas más severas ante delitos graves. En plena campaña electoral interna, el senador Enrique Rubio, se animó a decir algo que, en otras épocas, le hubieran costado una reprimenda de sus propios compañeros. Para el candidato a presidente del Frente, los delitos violentos deben ser castigados severamente, "cualquiera sea la edad de su autor". Algunas de estas iniciativas suponen la introducción de nuevas modificaciones al Código de la Niñez, en un sentido opuesto al que tradicionalmente defendió la izquierda. ¿Estamos ante un giro copernicano en la concepción punitiva de los delitos cometidos por menores o ante un intento tardío de evitar las consecuencias políticas de no haber adaptado las teorías a la realidad?

La sociedad uruguaya asiste a una situación inédita en materia de seguridad, tanto por su violencia como por el impacto que puede generar en las políticas públicas. Desde las razzias a la creación de una policía militarizada, ideas que otrora hubieran sido rechazadas aún por el electorado de centro, hoy cuentan con un respaldo inusitado. De golpe, nos olvidamos de los excesos en los que caían los policías cuando podían detener a quien le viniera en ganas. Asustados como están, los ciudadanos suelen otorgarle a los agentes policiales méritos que no poseen, como la de detener a los sospechosos en lugar de cebares con los más débiles.

No se trata de atarle las manos a quienes tienen como cometido prevenir y combatir el delito sino de ser realistas. Uno de los mayores problemas con la seguridad es que tenemos la policía que tenemos y no está demostrando, en términos generales, querer ponerse del lado de la solución sino del problema. Tenemos también, un discurso garantista, celoso guardián de los derechos de los ciudadanos, que está cediendo ante la presión de la opinión pública sin más argumento que una suerte de "realpolitik", defendida tarde y mal, como Darío Rodríguez cerrando con la derecha. De esta ensalada de miedo, burocracia policial y oportunismo no van a salir las soluciones institucionales y políticas que la sociedad necesita.