Una vez más, la ocasión fue propicia para que se escuchara la voz de quienes pretenden justificar la utilización de la violencia como herramienta pedagógica, a pesar de que la realidad, porfiada como es, nos pone siempre ante la evidencia de su inutilidad.
Visto por el lado positivo, el desgraciado hecho volvió a acercarnos también la voz de sacerdote Mateo Méndez, creador del movimiento Tacurú, ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, antecesor del SIRPA, hoy párroco en la ciudad de Las Piedras. El mensaje del padre Mateo es al menos tan antiguo como el Evangelio. Quizás por eso se lo dejó partir del Interj con indiferencia.
Después de la creación del Sirpa en el 2012 se cambió la manera de trabajar, se invirtió una gran cantidad de recursos humanos y económicos en mejorar el sistema. Eso se reflejó en la baja de las rapiñas protagonizada por adolescentes, que en Montevideo superó el 60 por ciento.
La suma de medidas legislativas y administrativas operó el aparente milagro pero no resolvió qué hacer con los adolescentes internados.
Mateo Méndez ve en la fuga algo más que una nueva infracción de los internados. Cree que la institución debe hacerse cargo de que ese tipo de hechos constituye un fracaso en su misión de contener y rehabilitar. Lo que la sociedad debe mostrarle a esos jóvenes es una vida alternativa, y eso involucra aprendizajes que van más allá de los talleres de informática o carpintería. La respuesta violenta reafirma la idea de que la violencia es una vía legítima de obtener lo que se quiere.
No se trata sólo de aplicar un protocolo sino de educar en valores de respeto y autodisciplina. Tales comportamientos no se logran sino en un ambiente de empatía, una variante de la antigua virtud cristiana de la misericordia, esto es, de padecer con el otro sus sufrimientos.
Mateo Méndez no vino a este mundo a decir lo que los demás quieren escuchar. Como el de Jesús, su mensaje escandaliza a quien no quiere abandonar sus prejuicios y privilegios. "Hoy el monopolio de los menores infractores lo tiene el INAU", dice Mateo. "Para cambiar esta realidad hay que aprobar una ley que habilite a los privados a atender a esos menores".
¿Privados atendiendo a menores infractores? ¿No es esto responsabilidad del Estado? Quienes hayan conocido experiencias privadas como las de La Huella o la incipiente Minga, que alienta el propio Mateo, entenderán a lo que se refiere. Salvando las diferencias, algo similar se observa en los esfuerzos educativos privados, como los colegios Impulso y Jubilar.
Habilitar a los privados significa liberar el potencial creador y de amor al prójimo que habita en el corazón muchas personas y que se canaliza en no pocas organizaciones. Las medidas de reclusión deben desarrollarse en un entorno más afectivo que burocrático, si no se quiere seguir alimentando la espiral de violencia y el resentimiento en el corazón de los adolescentes infractores. De eso, ya tuvieron bastante.
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