En la semana se sucedieron dos acontecimientos que tendrán un fuerte impacto
en la vida del país y de la izquierda. Luego de medio siglo de haberse reimplantado en el Uruguay una ley que penaliza el aborto, y de un cuarto de siglo de lucha, de debate, de esfuerzo y de profundos cambios en el mundo, el parlamento uruguayo aprobó una ley de salud reproductiva que despenalizaba el aborto.

En la cultura, en las ideas de la inmensa mayoría de la izquierda de Uruguay y de todo el mundo, este objetivo se integra a uno de sus rasgos característicos. Naturalmente que las corrientes de origen católico y cristiano en la izquierda no compartieron nunca esta visión. Y es comprendido y respetado por todos nosotros.

El segundo elemento de trascendencia es que el presidente de la República, un hombre de profundas convicciones de izquierda, vetó la ley, con lo cual y debido a la necesidad de obtener los 3/5 de los votos de ambas cámaras reunidas en Asamblea General, hace prácticamente imposible que se levante el veto. De todas maneras habrá que seguir luchando y discutiendo. Hay cosas muy importantes en juego.

La ley vigente en esta materia ha sido un fracaso estrepitoso. Es atrasada, no da cuenta de ninguno de los cambios que ha sufrido nuestra sociedad y si, como se proponía su autor principal, buscaba evitar la práctica del aborto, su fracaso no sólo es notorio en las cifras y en la realidad cotidiana, sino en el mensaje hipócrita que trasciende la propia realidad dolorosa del aborto.

Las organizaciones que apoyan esta ley manejan la cifra de 33 mil abortos anuales clandestinos en Uruguay, los adversarios de la ley replican que son "solamente" 16 mil. Esta cifra, comparada con países europeos donde funciona la despenalización del aborto con toda una amplia batería de medidas de educación y de atención médica, muestra que nuestra desventaja es absolutamente abrumadora.

En España -país católico si los hay - los abortos son 80 mil anuales, en Italia - sede del Vaticano - se redujeron de manera sensible desde que fue aprobada la ley y ratificada en una plebiscito, y son aproximadamente 130 mil anuales. En Uruguay, en proporción a su población y tomando cualquiera de las dos cifras manejadas, el aborto es 5 veces ó 10 veces más numeroso que en esos países.

La ley actual vigente en un país laico, donde la iglesia se permite excomulgar a los parlamentarios que votaron una ley, uno de cuyos propósitos es reducir el número de abortos, es un fracaso absoluto y total, mientras que la nueva legislación se propone reducir la incidencia del aborto de la única manera posible: con educación, con atención a mujeres, y no con represión.

La ley aprobada ni obliga, ni impone, ni promueve en absoluto el aborto. La gran mayoría de la ciudadanía sabe perfectamente y en forma personal, familiar o de su entorno que esta práctica funciona, enriqueciendo a unos, poniendo en peligro la vida de las mujeres y sobre todo de las más pobres y desamparadas. Por tanto, un entorno del 60 por ciento apoya la despenalización.

Pero hay un dato inquietante entre el 40% de los que no la apoyan, y es el hecho de que en diversas encuestas se refleja que una parte de ellos y ellas ha utilizado el aborto clandestino. Lo que confirma la profunda hipocresía que esta ley promueve
en la sociedad uruguaya.

Yo estoy en contra del aborto, y apoyo con todas mis fuerzas esta ley, que me parece equilibrada, ponderada y justa.

Respeto a los que se oponen. Hay razones filosóficas, culturales, religiosas e incluso médicas que hay que considerar. No me gustan las excomuniones reales o virtuales en ningún sentido.

También sé que hay muchos médicos que tienen una profunda objeción de conciencia para oponerse a la ley. Incluso está previsto que estos profesionales no tengan obligación de practicar en ningún caso el aborto. He leído atentamente el juramento hipocrático y éste dice a texto expreso: "De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa."

Incluso he manifestado en varios artículos que respeto al presidente Vázquez y su liderazgo, por su coherencia con sus convicciones que van más allá del cálculo político de sus costos y beneficios. Lo reitero. Pero estoy totalmente en contra del veto.

Es difícil separar la condición de médico de la de presidente, pero son dos cosas distintas. Como médico, el compañero Tabaré tiene el derecho y la obligación de defender las mencionadas convicciones hasta las últimas consecuencias, cosa que hace a diario. Como presidente está en otra situación. Es el primer magistrado, el cargo supremo de la República y en esa posición debe considerar todos los elementos en juego.

No me refiero a que la mayoría de la población apoya la ley. Ese no es un buen argumento. Hay muchas oportunidades en las que un presidente y estadista debe optar por actos que pueden no contar con la aprobación de la mayoría, porque considera que es en bien de la Nación.

El presidente es parte de un sistema de poderes que forman la República, entre ellos el Poder Legislativo. Otro de los elementos esenciales de nuestra democracia es el plebiscito. La izquierda y la ciudadanía lo han utilizado en muchas oportunidades. Esta era una oportunidad casi obligatoria, por su significado real y simbólico para todos los uruguayos.

Con el veto, se cortó toda posibilidad de que se plebiscite la ley. Yo creo que debería haberse promulgado la ley y en ese mismo instante se debería haber firmado un petitorio para plebiscitar su derogación, para dar a todos oportunidad de opinar. Yo también, y creo que muchos partidarios de la ley, lo hubiéramos firmado y promovido.

Ahora estamos como al principio, con una ley pésima, injusta e inútil y sin ninguna posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie. Con un agregado: con el parlamento que no asume que lo que ahora está en discusión es algo diferente a la propia aprobación de la ley, pues ahora lo que se define es la jerarquía misma del órgano legislativo, la representatividad de los legisladores ante los ciudadanos.

No tengan duda que no será visto de esta manera, los legisladores blancos y la mayoría de los colorados votarán en contra, preferirán declinar los poderes y la jerarquía del parlamento a aportar sus votos para aprobar la ley.

De todas maneras, si somos capaces de discutir con profundidad, con altura, sin excomulgar ideas, sin campañas de intolerancia en un tema tan sensible, no todo será en vano. Será una batalla cultural. Y debería ser el compromiso de que en la próxima legislatura, con premura y con celo, se apruebe la ley y se aplique.

Es una de las materias pendientes más lacerantes para nuestra sociedad y nuestro sistema político. Ese sí hubiera sido un gran cambio, para las mujeres, para las mujeres más pobres y débiles y para toda una sociedad dispuesta a asumir sus conductas y terminar con una de sus hipocresías más evidentes.

Yo confieso que en esta reflexión tengo el peso agobiante de un recuerdo que nunca lograré borrar. La vez que acompañé a Carlos mi compañero de trabajo, casado con dos nenas, a recoger el cadáver de su esposa de 20 años, en una ruinosa y tétrica "clínica abortera" de la Unión. En su modesta casita de Tres Ombúes había un gran retrato de la Virgen María. Y estoy seguro de que ella creía con mucha fe.