La pasada semana, la prensa informó que las playas de la zona de Aguas Corrientes, sobre el Río Santa Lucía (en el departamento de Canelones), estaban inhabilitadas pata baños por los altos niveles de coliformes. La referencia a esos "coliformes" alude a un indicador de bacterias propias de los efluentes cloacales. En las muestras de esa zona, se habían encontrado niveles de contaminación tres veces más altos que los permitidos para usos recreativos. De manera muy correcta, la Intendencia de Canelones informó sobre el hecho e inhabilitó ese sitio (1).

Queda en evidencia un primer problema: otra vez están contaminadas las aguas en la zona de la planta potabilizadora de OSE sobre el Río Santa Lucía. Todo ello a pesar de los repetidos anuncios de medidas de control.

Pero enseguida se sumó otro asunto, cuando un reporte en La Diaria ponía el énfasis en que los bañistas que deseen ir a la playa de Aguas Corrientes, y que no son de la zona, deben pagar 50 pesos por persona (los lugareños pueden tramitar un "pase libre" gratis) (2). Se instaló una pequeña polémica alrededor de ese pago y de los servicios en el sitio.

Sin embargo, a mi modo de ver, la noticia más impactante no estaba en el hecho que se cobrara para ingresar a una playa que es pública y sin servicios. La noticia, y más que eso, el asombro, está en que haya gente que quiere ir a bañarse a un sitio contaminado. Hay personas que desean tanto pero tanto una zambullida entre los millones de coliformes, que reclaman para que no les cobren.

Eso es el mundo del revés, ya que lo más sensato sería que las personas protestaran por tener el río y sus playas afectadas por contaminantes cloacales, ya que las mayorías esperan poder bañarse en aguas limpias. Pero en esa discusión en Aguas Corrientes parecería que no hay muchas ambiciones sobre la calidad ambiental, y que hay unas cuantas personas que lo único que duele es el bolsillo.

Estamos ante un síntoma preocupante, ya que podría indicar que hay algunos, sin duda una minoría dentro de la sociedad uruguaya, que aceptarían una compensación económica por ser contaminados. Bajo ese modo de encarar la vida, no importaría si el suelo, el aire o el agua están contaminados, sino que la discusión apuntaría a los montos necesarios para tolerar la polución.

También es un síntoma que los vecinos vuelven a aceptar que las playas estén contaminadas, dando por un hecho que los controles ministeriales (especialmente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y del Ministerio de Ganadería y Agricultura, y la gestión de OSE, otra vez son ineficientes). Una aceptación de una mala calidad de vida que puede deberse a muchas razones, y entre ellas, seguramente está el cansancio de estar pidiendo por años y años que esos ministerios actuaran.

Todos estos extremos son malos para una gestión ambiental. No le quede la menor duda que siempre habrá alguien dispuesto a darle unos pesos por dejarle su contaminación. Son los emprendimientos que tiran residuos sólidos peligrosos, a los que descargan aguas con residuos químicos o cloacales. Y desde el otro lado, estarán aquellos que dirán, "contaminame un poquito más, pagame un pesito más, que me gusta".

Entretanto, la mayoría otra vez queda atrapada entre esas minorías, de quienes originan la contaminación y de aquellos que la aceptan. Esos círculos viciosos sólo se rompen con liderazgo político y otra actitud del Estado, la de genuinamente velar por la calidad de vida de todos. La polémica sustantiva no está en cobrar por acceder a la playa del río Santa Lucía, sino en exigir que deje de estar contaminada de una vez por todas.

Referencias:

(1) Autoridades determinaron que la playa del Río Santa Lucía se encuentra inhabilitada para baño, Hoy Canelones, 24 enero 2017.

(2) En Aguas Corrientes se cobra para ingresar a la playa aunque es pública y sin servicios, La Diaria, 26 enero 2017.