La casualidad se dio por la coincidencia en el tiempo. Tres circunstancias se juntaron en torno a uno de los temas más delicados y complejos para cualquier gobierno y sobre todo para un gobierno de izquierda: la seguridad, los derechos ciudadanos y los derechos de la mujer. Casi nada.

Tengo una coincidencia total con la ministra del interior, Daisy Tourné, en sus declaraciones y en sus actuaciones de los últimos días. Y en esta época en que hay tanto mal humor en ambientes tan próximos y donde no hacemos un elogio ni por casualidad, quiero hacerlo explicito y público.

Son correctas y oportunas las declaraciones que Tourné hace al semanario Búsqueda sobre la orientación del Ministerio del Interior. Eran necesarias y, la izquierda estaba en falta. Prometimos en la campaña electoral que seríamos duros con el delito y más duros con las causas del delito. En materia social, en la distribución de los recursos presupuestales, en el Plan de emergencia y de equidad, en la reforma de la salud el gobierno está cumpliendo. En materia de seguridad faltaban definiciones claras a nivel del ministro y una estrategia integral, que no es posible si no se parte de bases correctas. Las declaraciones y los gestos recientes muestran una buena base.

El Ministerio del Interior no está para interpretar las causas sociales o culturales del delito, es la parte del Estado que sin despegarse de la visión general y estratégica, le debe dar seguridad a la gente, combatir el delito con todo el rigor de la ley. Ni un paso más, pero ni un milímetro menos.

Para que las políticas sociales tengan su impacto en procesos tan complejos como la marginación y en el mundo del delito ahora potenciado por el la pasta base y otras drogas, hace falta tiempo. Ese tiempo para un gobierno y para la sociedad se lo debe dar la policía, el Ministerio del Interior. Con rigor, con profesionalidad y con prioridades claras.

La prioridad y la referencia de ese Ministerio debe ser la gente, la inmensa mayoría de los uruguayos que son honestos. Eso vale para las políticas, para las declaraciones y para las reacciones de sus autoridades.

¿Eso implica desconocer los derechos humanos de los que han violado la ley? No, en absoluto. Una sociedad mide su nivel de democracia y de humanidad por su capacidad de reacción frente a los más débiles y a los que se salen de las normas. Es un delicado y complejo equilibrio. La peor manera para que ese equilibrio democrático se haga añicos es que la gente se sienta acorralada en su seguridad y no vea en las instituciones y en sus dirigentes sensibilidad y claridad. El mundo está plagado de ejemplos, algunos muy cercanos.

Todos los intentos que se han hecho de blindar porciones de ciudades o de territorios y pretender vivir fuera de la sociedad, están fracasando estrepitosamente. Ni los que pretendan – y puedan – vivir dentro de una caja fuerte, estarán seguros. Miremos alrededor. Hay que ganar la batalla todos los días y a largo plazo en toda la sociedad y para eso hay que mantener mucha firmeza y un delicado equilibrio.

La carta enviada al jefe de policía de Rivera por la ministra es parte de ese mismo equilibrio. No es sólo una reacción de una legisladora y de una mujer ante un tema muy sensible y muy delicado como la despenalización del aborto, sino ante algo más amplio, el abuso de la ley, el uso discriminatorio de la misma por las autoridades, en este caso el jefe de policía de un departamento. Cuando suceden estos episodios es cuando me asaltan las dudas de si esos cargos deberían ser "técnicos" o como lo han sido a lo largo de la historia, "políticos". Es un debate para otro momento.

Y la tercera "casualidad" corresponde a las declaraciones de la ministra sobre el incidente en un hogar del INAU que concluyó con un adolescente herido de dos disparos por parte de un policía de la guardia exterior. Fueron ponderadas, reconociendo el stress y las difíciles condiciones en que cumplen sus funciones los policías pero condenando el hecho con claridad.

Disparar cuatro tiros sin que hubiera riesgo de vida, estando en un grupo policial es una reacción absolutamente incorrecta y desproporcionada del funcionario. Y aquí no valen las atenuantes, porque por ese camino se puede ir a las peores situaciones. Tampoco valen los discursos permisivos y laxos frente a la delincuencia, sea adulta o juvenil.

El Estado y sus servidores deben actuar en el respeto individual, concreto de los derechos de los habitantes de la república, incluso de aquellos que han delinquido. Nadie ni nada exime al Estado de esa responsabilidad. Es para protegernos que les damos el uniforme, las armas y el poder de utilizarlas. El equilibrio está en los límites. Esta es una batalla vital para la sociedad uruguaya, que no se gana a palos y tiros, pero que tampoco se gana con declaraciones confusas, permisivas y justificando la delincuencia por sus causas sociales.

Y aquí entramos en un tema polémico y delicado: las cárceles. Cuanto peor sea la situación carcelaria del país, cuanto peor sean las condiciones de los reclusos, cuanto mayor sean el hacinamiento, peor será la situación de la seguridad pública. Las cárceles serán cada día más una fábrica, una universidad del delito. Lo son en la actualidad.

Si la policía es eficiente y detiene a un alto porcentaje de los autores de los diversos crímenes y delitos, mayor será el número de recluidos y más explosiva será la situación en la cárceles y estaremos ante una espiral infernal e inmanejable. Los presos tienen una doble condición: entran y salen. Algunos razonamientos simplistas de que la cárcel es siempre un remedio, porque allí están fuera de circulación, es además de inhumana, ridícula. Los presos salen, y si al salir salen peor, más feroces, más dispuestos a delinquir, más enojados y convencidos que no tienen ningún lugar en la sociedad que no sea el delito, todos estamos en problemas. Serios problemas.

No habrá una inversión seria y sólida de la tendencia al crecimiento del delito y la inseguridad si además de mejorar la capacitación, la cantidad, la tecnificación, los medios y la conducción general de la policía,  no resolvemos el tema de las cárceles. Aún en el razonamiento más egoísta, las cárceles deben recuperar, reeducar una parte importante de los reclusos para ganar la batalla contra la inseguridad. Y para ello se necesita diseñar y actuar una profunda reforma del sistema carcelario y de las estructuras existentes. También el Poder Judicial debería hacer un profundo examen de conciencia. En este barco estamos todos, simplemente empuñamos remos diferentes.

No abusemos de nuestras supuestas "diferencias" con la región, miremos con atención lo que suceden en los países vecinos y en el mundo y asumamos que el delito es uno de los flagelos de este tiempo, que no hay soluciones mágicas y que se requieren políticas de Estado, en serio,  y no juguetear y hacer zancadillas a nivel político esperando réditos a corto plazo. La responsabilidad primera del gobierno a través del ministerio del interior es prevenir y combatir el delito. Fácil de escribir y muy complejo de actuar. Pero la responsabilidad de la sociedad y del Estado y todos sus recursos es asegurar la convivencia y los derechos humanos. De todos.