Caso Amodio: ¿quién será el próximo?

El fallo del Tribunal de Apelaciones, según el cual el ex dirigente tupamaro no cometió delito alguno, desnuda la lógica utilizada por la fiscal Stella Llorente y la jueza Julia Starico, sustentada en una interpretación aberrante de la realidad institucional y política de 1972. Una lógica que violentó el sentido común y despertó interrogantes sobre la ecuanimidad del sistema de Justicia.

En momentos en que Amodio colaboraba con las Fuerzas Armadas (que intervenían en la lucha contra la guerrilla como resultado de una ley votada por el Parlamento) permanecían secuestrados en la cárcel clandestina de la calle Juan Paullier el ex presidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel, y el ex ministro de Ganadería, Carlos Frick Davies. Como parece obvio, ambos ciudadanos merecían que las autoridades se ocuparan de su liberación, lo que finalmente ocurrió el 27 de mayo de 1972.

Según la lógica de la fiscal y la jueza, como los guerrilleros que resultaran detenidos en ese eventual operativo, iban a ser torturados por los militares (lo que ocurría regularmente) nadie debía colaborar en la liberación de los secuestrados, so pena de ser acusados de participar en violaciones a los derechos humanos. Insólitamente, Llorente y Starico compartieron también el criterio de que las detenciones eran arbitrarias.

Recientemente entrevisté a Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Suprema Corte de Justicia, para El País TV. Ante una pregunta genérica sobre los operativos militares de la época, el ministro respondió que su legitimidad es "indubitable". Cualquiera que haya vivido en la época o la haya estudiado con una mínima objetividad llegará a la misma conclusión. ¿Cómo es posible que una fiscal y una jueza se pasen por alto algo así de evidente, para procesar a un ciudadano que colaboró en desbaratar una organización criminal a la que había pertenecido, que lo tenía condenado a muerte y que mantenía personas secuestradas?

Es razonable que, desde la perspectiva tupamara, Amodio Pérez pueda ser considerado un traidor, cuyas acciones derivaron en la detención y tortura de sus ex compañeros. Lo insólito es que el mismo Tribunal de Apelaciones que lo exculpó, se involucre en consideraciones éticas improcedentes, censurando una conducta que, en algunos casos, es premiada por la actual legislación. Salvo que, para alguno de los jueces, sea peor traficar con drogas que secuestrar, matar y atentar contra las instituciones.

El sentido de Justicia inherente al Derecho debe alzarse por sobre los poderes de turno y aún sobre las justas ambiciones profesionales de sus agentes. Era obvio que nadie iba a poner el grito en el cielo por Amodio y que su encarcelamiento despertaría simpatía en parte del establishment político. De modo que, cuando la Suprema Corte decida finalmente que Héctor Amodio Pérez es inocente, se habrá cerrado uno de los episodios más perturbadores del sistema de Justicia de los últimos tiempos. El problema es que cualquiera puede ser el próximo.