Capitalización de Ancap: escándalo que prueba un enorme desastre

Todos los uruguayos, que ya estamos contribuyendo a financiar ANCAP a través de un excesivo precio del combustible, ahora vamos a tener que poner una cifra fabulosa para que esta empresa pueda seguir funcionando. Es un enorme escándalo.

La empresa pública más importante del país, que funciona en régimen de monopolio en sus principales rubros, en un período en el que hubo la mayor prosperidad y crecimiento de la historia del país y en tiempos en que el precio del combustible no aumentó, necesita ser capitalizada por el Estado. Es un record mundial de fracaso e ineficiencia. Hay que hacer las cosas muy mal para lograr ese resultado.

Así es la cosa. En los últimos dos años ANCAP perdió U$ 500 millones de dólares y todo indica que en esta año 2015 va a perder alrededor de U$ 200 millones más. Insólito, vergonzoso, sin palabras.

¿Cómo puede haber ocurrido tal desastre? Eso es lo que estamos investigando desde hace cuatro meses en la Comisión Investigadora del Senado. Los resultados indican que ha existido una política de despilfarro desenfrenado, de planificación de inversiones que se fueron de madre, no por unos pocos pesos, sino por el triple o el cuádruple de lo proyectado. Los resultados muestran un manejo descuidado de los bienes públicos, además de varias decisiones irregulares que violan normas, algunas de ellas con apariencia de ilícito.

Lo cierto es que ANCAP está en una situación empresarial de insuficiencia patrimonial o muy cercana a ello, por lo que el Estado tendrá que poner plata para que siga funcionando. Vergonzoso, porque se supone que una empresa pública con el objeto de ANCAP no sólo debe funcionar sin déficit, sino que debería aportar recursos al Estado.

En cualquier país del mundo ante semejante descalabro, los responsables de la gestión (directores y gerentes) ponen sus cargos a disposición y los accionistas los sustituyen para generar una nueva conducción. Sin embargo, acá nada de eso ha ocurrido. Al contrario, hay quienes "ponen el grito en el cielo" porque se reclama, con total lógica, que se vayan los jerarcas responsables de este enorme desastre.

Es más, varios gerentes han tomado la decisión de no explicarle a los representantes del pueblo, las razones de su fracaso negándose a comparecer ante la Comisión Investigadora. Se olvidan de que sus sueldos, muy buenos por cierto, se los paga la gente y es ante los representantes de la gente que deben explicar lo inexplicable. Más vergonzoso aún.

Todo este panorama es la prueba más clara de hasta qué punto se han perdido las referencias en el pequeño mundo cerrado y autorreferido de los gestores de ANCAP. Parecería que viven en un mundo paralelo en donde lo que para cualquier análisis serio representa un desastre, para ellos la plata fluye sin cesar y las pérdidas son la normal consecuencia de hacer lo que se les cante.

Cuando llegue el proyecto de ley de capitalización de ANCAP al Parlamento será la hora de debatir con respecto a esta terrible carga que los resultados de la gestión de ANCAP de estos años han generado sobre los hombros de todos los uruguayos. Lo que sería inadmisible es que esta propuesta no estuviera acompañada de un conjunto de modificaciones normativas que corrijan la ausencia de contralor y la debilidad de las normas que controlan la gestión de los Entes Autónomos.

Establecer los mismos controles existentes para los Entes Autónomos que para las sociedades anónimas de capital estatal y sus directores. Prohibir la creación de sociedades anónimas nietas de las empresas públicas. Otorgar mayor poder de contralor al Tribunal de Cuentas e impedir que se haga caso omiso a observaciones que puedan referir a hechos de apariencia delictiva. Definir reglas que impidan el uso de un cargo de dirección en las empresas públicas para que operen de plataforma de lanzamiento de candidaturas partidarias. Aumentar las consecuencias patrimoniales de las responsabilidades por mala administración de los jerarcas públicos.

En fin, sería el colmo que se votara la norma de capitalización de ANCAP sin incluir una reforma de las regulaciones de las empresas públicas que, al menos, disminuyan el riesgo de estos desastres.