La movilización piquetera, fuertemente impopular, genera un clima de tensión social desproporcionado para el número de sus participantes. La imprevisión y los atrasos en la adjudicación de los salarios ciudadanos así como la falta de consideración con organizaciones que trabajan en el contexto más crítico, eran problemas que estaban en los corrillos de las ONG y en los ambientes políticos, aunque nadie se animara a señalarlos en público. Finalmente, el tema llegó a la ciudadanía de una manera imprevista e inmanejable.
Seguramente el gobierno esté pagando tributo a su falta de experiencia en el manejo del Estado pero también a sus prejuicios ideológicos. La represión de situaciones complejas como piquetes, cortes de rutas o escraches parece haber sorprendido al Ministerio del Interior en su buena fe. También en una lógica clasista que poco tiene que ver con la realidad y con el ordenamiento jurídico. El problema no es que haya "pobres contra pobres" como se ha escuchado. Mucho menos que tengamos un sistema jurídico que penalice la pobreza, como dijo el ministro Díaz.
El problema es que unos pobres violan la ley y otros no; unos someten al prójimo a incomodidades y amenazas y otros no, unos arrebatan a sus semejantes el fruto de su trabajo y otros no. El Estado no debe ser neutral ante este tipo de situaciones. En los países donde la aplicación de la ley queda sometida al humor, el cálculo o la ideología de los gobernantes (verbigracia, América Latina) la pobreza no disminuye sino que aumenta. En sentido inverso, en los países donde la pobreza retrocede, el imperio de la ley está por encima de cualquier exégesis ideológica.
Nadie en el gobierno desconoce el gran respaldo popular con que cuenta en estas circunstancias. El ambiente político se completa con una central obrera disciplinada y una oposición leal. Si el gobierno hace lo que la Constitución y las leyes indican, podrá capitalizar este delicada situación. Por el contrario, si los ciudadanos sienten que, además de estar indefensos ante los robos, lo están ante los piquetes, la popularidad va a caer. De ahí que la alternativa de reprimir sea mejor que la de tolerar. Los costos políticos que deberán pagarse en cualquiera de las dos hipótesis serán menores si, actuando en el marco de la legalidad y con procedimientos adecuados, se da a la población la señal de que los derechos de unos no se ejercen pisoteando los de otros.
La sociedad uruguaya está esperando esa señal del gobierno progresista que hasta ahora se ha mostrado dubitativo y contradictorio en lo que referido a la seguridad pública y la penalización del delito. ¿Pero cómo procesar una negociación de estas características? ¿Cómo restablecer el orden y a la vez garantizarle a todos el ejercicio de sus derechos individuales? ¿Cómo cambiar el juego?
Para empezar, los negociadores del gobierno no deberían perder de vista que el objetivo de los instigadores de los piquetes no es obtener el diligenciamiento de los "panes" sino dañar la legitimidad del gobierno, a diferencia de los realmente necesitados. Para los primeros lo mejor es lo peor, por eso buscan forzar al gobierno a que deje de dialogar y resuelva violentamente los piquetes. Tienen, por lo tanto, una mejor alternativa fuera de la negociación que dentro de ella, a diferencia de lo que ocurre con el gobierno. Sin embargo, las personas a las que dicen representar necesitan acelerar su incorporación al plan, por lo que una negociación adecuada puede alejarlos de la tentación piquetera.
Una estrategia posible para minimizar los efectos negativos es centrar la acción policial en la salvaguarda de los derechos de los conductores y transeúntes, lo que puede intentarse sin apelar a sus cuerpos propiamente represivos. No se trata de impedir que se realicen los piquetes (manifestación de la libertad de opinión también garantizada por la legislación) sino de acotarlos a movilizaciones que no impidan la libertad de circulación y que no acorralen a los conductores entre el desvío y el peaje compulsivo.
Una solución complementaria es tomar la iniciativa en el relevamiento de datos y problemas de los grupos manifestantes en un sentido similar al utilizado en los últimos días. Con los recursos de que dispone más la colaboración de organizaciones no gubernamentales o vecinales, el Ministerio de Desarrollo Social podría crear algunos equipos de intervención rápida en los propios piquetes, instalándose allí donde surjan para relevar información y quejas. Además, y ya que no va a satisfacer las demandas en el corto plazo, debería clarificar los plazos previstos para la ejecución del Plan. De paso, podría avanzarse en la consideración de la propuesta del PIT-CNT de lanzar una jornada de relevamiento de datos. Además de acelerar los procesos, legitimaría la actitud de la central obrera y desarrollaría una acción de considerables proporciones en zonas donde la única presencia parece ser la de los piqueteros.
Las eventuales negociaciones entre piqueteros y funcionarios de gobierno (ya sean del Ministerio del Interior o de Desarrollo Social) no deberían realizarse en la calle y una vez que se desata la protesta sino en un ámbito reservado y más propicio para el diálogo que para los gritos. No es adecuado hacerlo en medio de un piquete, en una relación de treinta contra uno y delante de todos los medios de comunicación.
Por estas vías, el gobierno transmitiría a la sociedad un conjunto de mensajes claros y concretos: se garantiza el derecho a manifestar por medios pacíficos, se garantiza el derecho a circular por las calles a las personas y los vehículos y se atienden las demandas de los sectores más pobres con diligencia y esmero. De paso, debería ir planeando cómo va a salir de este entuerto dentro de un año y medio, cuando se acabe el reparto.
Suertempila