Entre ellos la forma como está procesando las diferencias internas y el cambio de rumbo en asuntos que para algunos parecían laudados.
De ser cierto lo que se ha dicho sobre el malestar militar, no estamos ante un problema sino ante dos. Por un lado, es grave que el comandante del Ejército le diga a sus generales que el presidente de la República falta a su palabra. Pero también es grave que el presidente de la República se comporte de esa manera. Por eso la cúpula militar quería despejar la eventualidad de haber sido engañada por Vázquez cuando les comunicó los alcances de su decisión de esclarecer algunos crímenes de la dictadura.
Si de algo sabe un general del Ejército es de dar y recibir órdenes. Por eso debemos suponer que Bertolotti nunca confundiría la orden de abrir los cuarteles para que se investigue con un acuerdo de alcances precisos y acotados. Más que una orden, aquellas palabras de Vázquez y otras que se habrá escuchado en ámbitos más reservados, tuvieron para Bertolotti el valor de un pacto. Por eso la decisión presidencial de habilitar la actuación judicial en crímenes anteriores al golpe de Estado, fue sentida como una traición. Por eso Bertolotti quería reunirse con Vázquez. El encuentro con su secretario, Gonzalo Fernández, y los anuncios posteriores, pusieron al comandante en su lugar, pero no terminaron de despejar el panorama. ¿Estamos ante un nuevo "error de cálculo" del Ejecutivo? En ese caso, ¿es fruto de la inexperiencia en el manejo de asuntos de Estado o de que su enorme poder le impide distinguir los límites? Finalmente, ¿tiene alguna relación este affaire con otros problemas de esta administración?
El respaldo popular, la ausencia de una oposición estructurada en torno a liderazgos y estrategias definidas, el alineamiento apenas disimulado de las organizaciones gremiales y sociales afines, dibujan un escenario demasiado perfecto para ser real. En esta coyuntura, una estrategia maximalista pudo sustentarse razonablemente en que, en un eventual encontronazo con la Presidencia, nadie iba a apoyar una eventual pataleta militar. Mucho menos en un asunto que involucrara a la Ley de Caducidad, una norma tan tortuosa que ni siquiera explicita desde qué día se supone que los criminales no han de ser punidos. Esa omisión del artículo 1 junto a las prerrogativas del Ejecutivo consagradas en los artículos 3 y 4, la convirtieron en una herramienta más política que judicial, una argucia intelectual cuyas consecuencias están a la vista.
En todo caso, no puede negarse que la ley fue exitosa. Al menos si por éxito entendemos lograr lo que se busca, en este caso, evitar que los militares desacataran a la justicia ante citaciones que ya estaban en curso. Por eso, el anuncio de Gonzalo Fernández de que estos asuntos se resolverán en la justicia no generó la tranquilidad que buscaba. Pero además, cuando el secretario presidencial deslizó el concepto balsámico de la "prescripción" (la extinción de los delitos por el tiempo transcurrido) quienes deben haber sentido el impacto son las organizaciones vinculadas a la lucha contra la impunidad.
Así, mutatis mutandi, volvemos a uno de los problemas centrales de estos primeros tres meses de gobierno encuentrista y al comienzo de este artículo: ¿cómo hacer que se traguen el sapo de la prescripción quienes siempre escucharon decir a sus líderes que los delitos de lesa humanidad no prescribían? ¿Pactó el Ejecutivo en términos que vulnera las expectativas de varias organizaciones sociales? ¿No estamos ante el mismo problema de la reforma del agua, el tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, la designación en cargos de gobierno de diputados y familiares fracasados, el canje de deuda y las alternativas para el endeudamiento interno?
Hasta ahora, la izquierda uruguaya sumó fuerza y votos barriendo las diferencias para adentro y palmeándole la espalda a todo aquel que llegaba con algún reclamo. Alcanzado el gobierno, ese exitosa estrategia llegó a su fin. No se puede apoyar hoy a las leyes del capitalismo y mañana a los partidarios de la estatización, proclamar hoy que el agua debe estar en manos uruguayas y mantener mañana contratos con empresas extranjeras, abrazarse hoy con Zapatero y berrear mañana por su política inmigratoria, negociar hoy con los mandos militares y franquearle mañana el paso a quienes buscan derribar la impunidad. Gobernar es elegir caminos. Ya no es lo mismo.
Suertempila