El general Miguel Dalmao estaba convencido de que iba a morir en prisión, pero no por la larga pena a la que se lo condenó sino por la naturaleza de su causa. Procesado sin pruebas ni testigos ni nadie que lo viera participar de una sesión de tortura durante la detención de Nibia Sabalsagaray, Dalmao estaba convencido de ser un botín del Partido Comunista.
Es probable que la joven militante muriera como consecuencia del interrogatorio al que habría sido sometida en la madrugada del 29 de junio de 1974 pero tal suposición no alcanza para revertir una pericia de suicidio.
El médico militar José Mautone, quien le realizara la autopsia en 1974, compareció ante un Tribunal de ética médica una vez restablecida la democracia y fue exonerado de toda responsabilidad dolosa. En el informe final de la "autopsia histórica", el forense Hugo Rodríguez Almada, si bien no descarta la hipótesis de muerte por torturas, afirma que la información disponible "no permite establecer fehacientemente la causa". Ninguno de los detenidos en la unidad militar recuerda haber escuchado gritos ni ruidos extraños a pesar de que los separaba unos pocos metros del lugar en el que fue encontrada muerta Nibia.
Con este panorama y algunos testimonios de oídas aportado por la fiscal Mirtha Guianze treinta y seis años después, el juez Rolando Vomero decidió desarchivar el caso y procesar a Dalmao como coautor de homicidio. Vomero había sentenciado en 2006 que "la muerte... pudo ser producto de una decisión de la occisa, empujada a ella por las condiciones de encierro e interrogatorio a que eran sometidos los prisioneros en las unidades militares", y que, "pese al largo tiempo de investigación", no ha sido posible determinar las circunstancias de su muerte.
En 1974 Dalmao tenía 23 años y era alférez. Nunca nadie lo denunció por torturas o malos tratos, ni durante la detención de la militante comunista ni antes ni después. Dalmao accedió a general durante la presidencia de Tabaré Vázquez sin que Serpaj, Familiares, el PIT-CNT o alguna organización de ex presos políticos interpusieran denuncia alguna.
Es harto improbable que un alférez haya estado en la sesión de tortura en la que presuntamente murió Sabalsagaray, pero no en la de los demás detenidos de aquel 29 de junio de 1974, ni nunca lo hiciera en los diez años restantes de dictadura.
Si alguna duda cabe sobre las singularidades del caso, está el apoyo y la visita del presidente Mujica y los comentarios que hacen ex dirigentes tupamaros cuando los micrófonos no están encendidos.
Tanto Mujica como Fernández Huidobro saben que el condenado era inocente y que su enjuiciamiento quebró un pacto que varios dirigentes del MLN celebraron con jerarcas militares. Si no hicieron más será porque no pudieron o porque entendieron que la libertad y la vida de Dalmao no valían un enfrentamiento con el Partido Comunista, de quien el fallecido general era su más preciado botín.
Por eso el general Miguel Dalmao, que sabía cuál era la naturaleza de su causa, estaba convencido de que iba a morir en prisión.
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