Basta de tanto

Cuando se debatió la política tributaria antitabaco de Vázquez, se anticipó desde esta columna lo que ocurriría y hoy lo estamos constatando: el severo aumento de los impuestos sobre los cigarrillos incentivaría el contrabando, que aparecería para atender a los consumidores expulsados del comercio legal por los altos precios. Un comercio creado en el mismo momento en que se aumentaban los impuestos. El resultado fue doblemente negativo: se alentó el ilícito y se expuso a quien se decía defender al consumo de productos de peor calidad.

La propuesta de Olesker es más tosca y reiterativa (ya la había propuesto durante la crisis del 2002, siendo asesor del PIT-CNT) y consiste, básicamente, en asignar administrativamente a una serie de productos, precios menores a los del mercado. Como la inflación no es un problema de los productos sino del dinero, el resultado es, en ese aspecto, nulo. En los otros, en cambio, resulta francamente destructivo.

Más allá de las prácticas oligopólicas, contra las que el Estado debe actuar, la fijación de un precio es siempre una propuesta tentativa del vendedor, que busca atraer a los consumidores. Si el mercado es competitivo, habrá multiplicidad de precios y oportunidades. Los precios administrados terminan, como ocurrió con el incremento de los impuestos sobre el tabaco, alentando conductas perniciosas: aumentan la demanda sobre los productos tarifados (fomentando la especulación y el desabastecimiento) y destruyen el sistema de señales que llamamos "precio" y que permite optimizar la inversión de los agentes económicos.

Las leyes y las propuestas políticas deben medirse por sus resultados, no por sus intenciones. Existen gobernantes y dirigentes que creen poseer un conocimiento superior al de la sociedad. Se los encuentra en todo el espectro ideológico y su invocación a un espíritu justiciero oculta una concepción aristocrática y autoritaria.

Si el gobierno cree que el tabaquismo es malo para la salud (como lo es) lo que debe hacer es adoptar medidas profilácticas y educativas sin violar el artículo 44 de la Constitución. Procurar "el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes", como mandata la Carta Magna, no puede hacerse avasallando el fuero del ciudadano a quien el mismo artículo reserva el deber de velar por su salud.

El gobierno debe alertar sobre las prácticas comerciales deshonestas e instruir a la ciudadanía sobre la forma de optimizar el uso de sus recursos. Sin embargo, fijar precios desde el gobierno es una práctica contraproducente (destruye la riqueza, la estabilidad económica y el bienestar de todos) que solo aplican países de economías disfuncionales como Argentina y Venezuela.

Pero además, la tributación abusiva sobre el tabaco y la fijación de precios por decreto reflejan el mismo desprecio por las decisiones de las personas y pretextan el atropello a su libertad de decidir.

Gerardo Sotelo