Cataclismos, rumores, complots o escraches, disputan pantalla en el mismo medio por el que accedemos a las coberturas periodísticas más serias y mejor reputadas.

¿Se debió difundir la lista de los uruguayos que poseen sociedades offshore en Panamá, en medio de las sospechas que pesa sobre las actividades de un par de ellos? ¿Es necesario y relevante? ¿Es un hecho noticioso y noticiable, que justifique la vulneración del derecho a la privacidad y el honor?

Yo lo veo de este modo:

1) la adquisición y posesión de una sociedad off-shore son acciones ajustadas a la ley y de tales condiciones no se infiere responsabilidad penal, civil o ética alguna;

2) que las sociedades off-shore panameñas hayan servido y sirvan para blanquear dinero del narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la corrupción o la evasión fiscal, no es un argumento suficiente como para publicar los nombres de sus propietarios. Más bien todo lo contrario.

Si hilamos más fino, nos encontraremos que también los hoteles suelen ser pantallas para esos delitos. ¿Qué tal si publicamos, junto a un par de casos sospechosos, la lista completa de los propietarios de hoteles del Uruguay? ¿Por qué no hacerlo con los propietarios de apartamentos en la costa uruguaya, habida cuenta de que también los bienes inmuebles en esa zona del país suelen estar bajo sospecha de blanqueo de dinero?

¿Y por qué no publicar, junto a nombres de dirigentes de fútbol comprometi-dos en actividades ilícitas, la lista completa de los presidentes y dirigentes de los clubes profesionales? ¿O la lista de los dueños de pubs, acompañando un par de boliches "emblemáticos", ya que también ese rubro suele ser utilizado para negocios turbios?

Pues porque en cualquiera de estos casos se nota- ría el escrache, el despropósito, la violación de la privacidad de personas que, aún sin que se tenga el menor indicio de que estén cometiendo o hayan cometido delitos, quedaría bajo un manto de duda.

El caso parece responder a un prejuicio social de signo inverso al tradicional. Esta vez no se sospecha de alguien por su pobre condición y su apariencia miserable sino por lo contrario, lo que parece más una retaliación que un acto de justicia. Si esta práctica se generaliza, cualquiera podría quedar bajo sospecha sin que nadie le señale inconducta alguna, aun en medios respetables.

A menos que se trate de personas que manejan dineros públicos, las que están sometidas a un escrutinio más severo y cuya presunción de inocencia siempre puede pender de un hilo, lo que se debería hacer es publicar los nombres de personas o empresas de las cuales se tenga indicios de que cometieron delitos o participaron como gestores o facilitadores, de hechos delictivos.

Lo otro parece un exceso.