Saber comunicar. La expresión estuvo en boca de diversos actores del gobierno en las últimas semanas. La presunción de que lo hecho está bien hecho da lugar a la tesis de que los problemas surgieron de una mala estrategia de comunicación. Para colmo de males, ahí está ''la prensa'' haciendo de las suyas. La tesis busca demonizar las voces disonantes y, de paso, minimizar algunos asuntos de fondo.
La realidad muestra que ninguno de los problemas centrales en estos primeros cien días de gobierno se debió a cuestiones comunicativas sino a diferencias al menos en tres ámbitos: 1) la interna oficialista, 2) los sectores aliados (PIT-CNT, Ffose) y 3) la sensibilidad ciudadana. Así ocurrió con la anunciada liberación de presos para descomprimir las cárceles, las marchas y contra marchas de la ministra Muñoz en el caso de la radiología del Pereira Rossell, las repetidas amenazas de renuncia del ministro Mujica, el amague legislativo en el caso del endeudamiento interno, la solución administrativa para la reforma del agua y los diversos casos de nepotismo y amiguismo que denunciara la oposición. Más que problemas de comunicación, lo que ocurrió fue lo contrario: los actores sociales comprendieron rápidamente que el gobierno estaba actuando al margen de lo esperado.
Recordemos que el primer trancazo vino por la idea de liberar presos anunciado por el Ministro del Interior José Díaz, un hombre a quien no se le podrá achacar falta de mesura ni problemas comunicativos. Díaz dijo redondamente lo que pensaba. El resultado es por todos conocido: licencia y silencio para el ministro y suspensión por tiempo indeterminado de una idea impopular. El affaire mostró el grado de improvisación que tenía el gobierno en un asunto clave como la seguridad pública y le dio la primera bocanada de oxígeno a la oposición.
Otro escenario donde el gobierno encontró resistencias fue en la aplicación de la reforma constitucional por el agua. Tampoco aquí hubo problemas de comunicación, a menos que por ello se entienda el disimulo de las diferencias. Es cierto que a mediados del año pasado se habló de la conveniencia de una ley interpretativa para aplicar la eventual reforma. Pero una vez en el gobierno, y para evitar una recusación de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte (seguramente perdida) se prefirió la vía administrativa. Así, con un decreto del Ejecutivo, se dio por tierra con lo que la reforma consagró, en su texto y en su espíritu. Nuevamente, la aparición de diferencias internas sobre temas no resueltos expuso al gobierno a una visión crítica y dio ínfulas a la oposición.
Esta distancia entre las buenas intenciones del pasado y las controversiales acciones del presente también estuvo en el origen de otros desencuentros de estos primeros cien días de gobierno, como el tratado sobre inversiones con Estados Unidos, el intento de legislar sobre endeudamiento interno y la imposibilidad de ajustar precios por decreto, ya sea el dólar el salario o las lentejas.
Por último, un escenario inesperado de potenciales conflictos fue el de las designaciones de jerarcas surgidos del entorno familiar y empresarial del presidente Vázquez. A esto hay que sumarle el singular estilo de la ministra de Salud, María Julia Muñoz (por momentos recuerda al inefable Yamandú Fau) para referirse a temas delicados. Se trata nada menos de la ministra más controversial en el ministerio más inflamable. Doblemente inflamable en el caso de un presidente con fuertes vinculaciones profesionales y empresariales en la materia. Una vez más, la alicaída oposición se hizo un festín.
A estas designaciones (el esposo de la ministra, una ex-empleada y un ex-socio manejando poder y dineros públicos) hay que agregarle la de dos diputados que no renovaron sus bancas y el hijo de un senador en cargos muy apetecibles. Puestos entre la espada y la pared, los voceros oficialistas han respondido con un criterio de legitimidad inversa: como siempre se hizo así, está bien que el nuevo gobierno también lo haga. A este procedimiento los argentinos le llaman construir poder . Se trata, básicamente, de colocar familiares, amigos o allegados políticos en las jerarquías de la administración pública para contrarrestar el poder acumulado por sus antecesores.
Los criterios de legitimidad invocados (la afinidad, la confianza y la conveniencia políticas) han sido notoriamente insatisfactorios. Sobre todo tratándose de cargos técnicos, para los que siempre se promovió la regla de los concursos según criterios objetivos y ecuánimes.
Muchos antiguos votantes frentistas se preguntan por qué, justo ahora que se llega al poder, hay que aplicar una realpolitik que les resulta contraria a sus tradiciones. Otros preferirían que el gobierno progresista utilizara procedimientos y modales que lo diferenciaran nítidamente de sus predecesores.
¿Qué fue lo que cambió? ¿Se pudo tomar mejores decisiones? ¿Qué incidencia pueden tener estos hechos en la marcha del gobierno? ¿Cómo procesar las diferencias nunca zanjadas y manejar el enorme poder que tiene el gobierno sin despertar reacciones iracundas? ¿No ha generado también el gobierno ejemplos positivos en estos cien días en los que inspirarse? Lo veremos en la próxima entrega.
Suertempila