Audacia

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, encuadró el problema de la seguridad en su doble dimensión policial y social y desestimó la falsa disyuntiva entre  mano dura y políticas sociales. Para Bonomi, “hay que tomar medidas sociales para mejorar las condiciones de vida de la gente y hay que tomar medidas policiales para corregir problemas que se dan con los que cometen delitos”.

Desde esta columna advertimos hace no tanto que un discurso estrictamente represivo privilegia un tipo de acción antidelictiva, necesaria pero no suficiente.

El Estado uruguayo no tiene grandes problemas para detener delincuentes pero sí para prevenir el delito, tanto en su accionar policial como social. A pesar de que ha aumentado (y aumentará aún más) el dinero invertido en políticas educativas, sanitarias,  de asistencia social y de seguridad, los números no se acompasan con el crecimiento del mercado laboral y del salario.

Son las políticas sociales y ya no sólo el empleo las que van a cerrar la “fábrica de delincuentes”, cuya producción está todavía en expansión. Más que eso, la situación revela que las políticas sociales que podrían lograr resultados significativos requieren una acción coordinada de aquellas instituciones que pueden tener alguna tarea para cumplir (Anep, INAU, MIDES, Intendencias, etc.) y en términos generales, una audacia, una profundidad y, probablemente, un rediseño institucional, del que hoy carecen.

Para empezar, alguien debería poner sobre la mesa la consideración de acciones que corten el círculo vicioso que perpetúa en el seno de la familia ejemplos contrarios a los valores que permiten vivir y prosperar en sociedad. Dicho de otro modo: ¿qué se debería hacer desde el Estado para que no haya más niños ni niñas creciendo en familias de delincuentes? Una acción de estas características requiere una discusión que va más allá de los tópicos habituales y que incluye asuntos tan polémicos y controversiales como el ejercicio de la patria potestad, los límites y posibilidades de la institucionalización de niños y niñas, el encuadre y las competencias pedagógicas y afectivas, y otros por el estilo.

Lo que a esta altura parece del todo evidente es que, si de verdad se quiere tener resultados en el mediano plazo y rescatar a los niños y niñas de un entorno de exclusión y miseria moral y de un destino de marginación y cárcel, las críticas y el foco no deberían estar puestos al ministro del Interior sino en un Poder Ejecutivo que no han tenido la inventiva o el coraje necesarios.  No es para menos. Una política así de ambiciosa no puede llegar a buen puerto sin desactivar las parcelas de poder político y burocrático de las instituciones tradicionales. Sólo así se podrá diseñar un sistema de políticas sociales que esté a la altura de la crisis de convivencia que vive la sociedad uruguaya.

Lo peor es que se está perdiendo una circunstancia histórica, tanto por la disponibilidad de recursos económicos como del poder político necesario para tomar decisiones y aplicarlas.