Decíamos que el artículo 190 de la Constitución prohíbe expresamente que las empresas públicas usen recursos para asuntos ajenos al giro de su negocio. En ese momento cuestionábamos las donaciones y colaboraciones que los Directorios de las empresas públicas suelen realizar para ONGs locales en diferentes ciudades y Departamentos del país.

No imaginábamos que, en forma paralela, desde el Directorio de ANTEL se estuviera preparando una iniciativa que "deja chiquitas" a todas las donaciones y colaboraciones anteriores. ANTEL anuncia que destinará nada menos que 40 millones de dólares para construir en el lugar del Cilindro Municipal un centro cultural y deportivo.

Pues bien, basta conocer la Ley Orgánica que dispuso la creación de ANTEL y fijarse en los cometidos que atribuye al ente para confirmar que esta iniciativa está totalmente alejada de las tareas para las que fue creada esta empresa que es de TODOS LOS URUGUAYOS y no de su ocasional Directorio.
¿Con qué derecho y con qué criterio el Directorio de ANTEL cree que puede asignar 40 millones de dólares para hacer una obra que nada tiene que ver con los cometidos de este ente público?

Hemos visto que desde el Partido Nacional inmediatamente se cuestionó esta iniciativa, denunciando que se trataba de una jugada política para "salvar la situación" de la Intendencia Departamental de Montevideo. Puede que ese sea el objetivo político. Otros dirán que se trata del lanzamiento de una eventual candidatura de la actual Presidenta de ANTEL a la Intendencia de Montevideo.

No lo sabemos, ni nos interesa. Lo que realmente importa es que esta iniciativa es totalmente inconstitucional y supone un atropello evidente a las reglas de juego vigentes. El Directorio de ANTEL puede tomar decisiones en la esfera de su objeto de actividad, pero no puede usar la plata de los uruguayos para lo que se le ocurra. Con independencia de que sea para mayor gloria de su jerarca actual.

Es inaceptable y totalmente fuera de lugar el anuncio realizado en el día de hoy por el Directorio de ANTEL. Lo rechazamos de plano y anunciamos, desde ya, que realizaremos todos los esfuerzos correspondientes para evitar que se concrete esta notoria violación constitucional.

Justamente, a mediados de los noventa y en el marco de un modesto período de crecimiento económico, por cierto menos significativo que el actual, los uruguayos tuvimos que asistir a una sucesión de anuncios de jerarcas públicos que competían en mostrar logros y obras propias de sus respectivas administraciones.

El caso más notorio ocurrió, igual que ahora, con la situación de ANTEL. En aquel tiempo los anuncios eran permanentes y el uso y abuso de la publicidad oficial motivó numerosos cuestionamientos de parte de todos los partidos de oposición. Particularmente desde el Frente Amplio se atacó con mucha firmeza lo que se consideraban actuaciones excesivas por parte de quienes estaban a cargo del Directorio de ANTEL de aquella época.

Sin embargo, aun en la febril sucesión de iniciativas que impulsó el Directorio de la época, a nadie se le ocurrió impulsar una propuesta tan ajena y extraña al objeto de negocio de la empresa de telecomunicaciones.

Todos sabemos que las épocas de bonanza llevan consigo la tentación permanente al uso de recursos, cuanto más cuando estos recursos son muy cuantiosos y cuando muchos pueden ver en ellos una oportunidad para generar una carrera política. Pero, justamente, las reglas de juego establecidas en la Constitución y las leyes son las que marcan los límites del accionar de los jerarcas públicos. Este es uno de los casos más notorios y claros en los que la iniciativa de los jerarcas pretende ir más allá de los límites previstos.